UN REQUERIMIENTO hizo  la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Defensa para garantizar de manera urgente la presencia de efectivos del Ejército en jurisdicción del municipio de Bajo Baudó, departamento del Chocó, ante los enfrentamientos que vienen sosteniendo en esa región el Eln y el ‘Clan del Golfo’, afectando y poniendo en peligro a los civiles.

Los enfrentamientos armados que libra el Eln desde hace varios días con el ‘Clan del Golfo’ por control territorial en el Chocó, se dan en medio del cese el fuego bilateral al que se comprometió con el Gobierno desde el pasado 3 de agosto y hasta el próximo 29 de enero; así como del quinto ciclo de negociaciones que se lleva a cabo con la administración Petro en procura de un acuerdo de paz, que comenzó el pasado jueves en México.

En comunicación enviada por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, el órgano de control precisó que esa situación de orden público en Chocó ha generado homicidios selectivos, imposición de reglas de conducta, restricción a la movilidad, amenazas a líderes sociales, ocupación de bienes, confinamientos y desplazamientos forzados de los habitantes del municipio y corregimientos cercanos.

Tal situación, señala la Procuraduría, al parecer se origina en un conflicto en la jurisdicción operacional en el municipio de Bajo Baudó, que ha conllevado a que no haya presencia de la Fuerza Pública en determinadas zonas de ese territorio, “lo que es aprovechado por los actores armados ilegales para disputarse el control del mismo, dejando graves afectaciones a la población civil, tal como se ha evidenciado en el seguimiento que realiza la Procuraduría a la situación humanitaria en ese municipio”, indicó.

Agregó que esa circunstancia ha afectado principalmente a las comunidades ubicadas en el área de influencia de los ríos Docampadó y Orpúa, así como del resguardo indígena Río Purricha, en jurisdicción de Bajo Baudó.

“Además, los habitantes de la población de Geandó, que desde hace más de dos años permanecen en condición de desplazamiento en la cabecera municipal de Bajo Baudó, no han podido retornar a sus viviendas, debido a que ni la Infantería de Marina ni el Ejército han presentado la percepción de seguridad para ser aprobada en el Comité de Justicia Transicional, documento que es requisito para activar el acompañamiento al proceso”, dice la Procuraduría General de la Nación.

Por esa razón, el órgano de control solicitó, además, copia del acto administrativo que determina la jurisdicción de la Fuerza Pública en el municipio de Bajo Baudó.

Defensoría

En tanto que el pasado miércoles la Defensoría del Pueblo conminó a la guerrilla del Eln a levantar un paro armado en el Chocó, por la grave afectación a los derechos de la población civil.

La Defensoría explicó que, a través de un audio enviado por redes sociales, el grupo Ernesto Che Guevara, del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez (del Eln), comunicó un nuevo paro armado, indefinido, en los ríos Cajón, Sipí y San Juan y los municipios de Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan, incluidas sus zonas rurales.

“Le solicitamos levantar el paro armado, pues afecta gravemente los derechos fundamentales de la comunidad, ya que restringe la movilidad, no permite el abastecimiento de alimentos y obstruye las tareas diarias de los moradores, como el trabajo en el campo y la pesca”, expresó Carlos Camargo, el defensor del Pueblo.

El organismo explicó que luego del proceso electoral de octubre, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) han estado en continuos combates. Precisamente, el 28 de noviembre, día en que fue decretado el paro, en cercanías al corregimiento Puerto Murillo, se presentaron acciones armadas, los techos de algunas viviendas resultaron afectadas. El objetivo de las disputas es el control territorial y poblacional de cinco municipios: Medio San Juan, Nóvita, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan.

“Les insistimos a los grupos armados que dejen por fuera de sus acciones bélicas a la población civil, los enfrentamientos y paros armados violan los derechos fundamentales y transgreden los postulados del derecho internacional humanitario”, señaló el defensor del Pueblo.

El nuevo paro armado, el sexto del año decretado por el Eln en el departamento, afectaría a más de 80 comunidades étnicas, el equivalente a alrededor de 10.000 personas, según la Defensoría del Pueblo.