Mañana están citados por las mesas directivas de las comisiones económicas del Congreso los ponentes designados para el proyecto del Presupuesto General de la Nación del 2022 por $350,4 billones, para su debate final en las plenarias del Senado y la Cámara, que se daría entre esta y la próxima semana.

De antemano se sabe que la mayor discusión se dará, como sucedió en el primer debate, por los artículos en que se aprobó el traslado de afiliados de fondos privados a Colpensiones, si les falta 10 años para pensionarse, así como la reforma a la Ley de Garantías  de cara a las elecciones del 2022.

La inclusión de los dos asuntos en el Presupuesto General de la Nación ha generado toda suerte de voces a favor y en contra, en una discusión que es defendida en el caso del traslado exprés que tendrían durante el 2022 los afiliados de fondos privados a Colpensiones, si tienen a la fecha mínimo 750 semanas cotizadas y 47 años las mujeres y 52 los hombres, con el argumento de restablecer los derechos afectados a un grupo significativo de los sectores sociales más vulnerables, al omitirse la obligación constitucional de brindarles la doble asesoría previa a la decisión de afiliación o traslado entre regímenes pensionales.

El Gobierno no apoyó en la pasada legislatura dicho proyecto porque significaría a las finanzas públicas cerca de $26 billones. Sin embargo ahora piensa distinto porque la carga se reduce a $3.8 billones que implicaría la llegada a Colpensiones de 32 mil afiliados de los fondos privados.

La administración Duque también comparte la suspensión del inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías, de tal forma que permitiría que la contratación pública no se vea frenada desde cuatro meses antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022, restricción que afecta especialmente a las regiones y en menor medida al Gobierno nacional y sus entidades descentralizadas.

En consecuencia, las entidades del orden nacional y las territoriales podrían celebrar en medio de la campaña y las elecciones legislativas y presidenciales convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que esta reforma tiene un propósito superior, que es el empleo, para generar así ingresos y oportunidades para los colombianos. 

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“Tampoco estamos desmontando la Ley de Garantías. Es solo un ajuste temporal de un inciso de un parágrafo, lo cual es completamente diferente”, explicó el ministro Restrepo.

En tanto que el presidente Iván Duque justificó también la reforma a la Ley de Garantías en el proyecto de Presupuesto del 2022, “en Colombia ya no hay reelección, tenemos una circunstancia distinta”, dijo.

No obstante hay una gran discusión por este ajuste pues se dice que es inconveniente cambiar las reglas del juego a poco tiempo de las elecciones, como lo han señalado incluso algunos parlamentarios de la coalición de gobierno.

El propio expresidente Álvaro Uribe, referente del partido de gobierno, el Centro Democrático, dijo “apoyemos a Milla Romero Soto y a María del Rosario Guerra  para no derogar Ley de Garantías. Protejamos la honra del Gobierno. Habría sido al inicio no en vísperas electorales. Con licitación y pliegos tipo el Gobierno Nacional, sin intermediarios, puede ayudar a todas las regiones de Colombia”.

En tanto que desde la oposición de forma descarnada no se han guardado críticas y considerando también que el Gobierno buscaría permitir que fluyan los recursos de la contratación en las regiones, supuestamente para favorecer a sus candidatos en los próximos comicios.

Incluso parlamentarios de oposición han advertido que la reforma a la Ley de Garantías se caería en la Corte Constitucional, pues dicen que su modificación tendría que hacerse a través de una ley estatutaria porque tiene que ver con derechos fundamentales, en tanto que la del Presupuesto General de la Nación es una ley ordinaria.

Además se ha dicho que esta reforma pasaría apuros en la Corte porque no existiría unidad de materia entre una norma de ámbito electoral y una de presupuesto.

De igual forma los gremios se han expresado en contra de las dos referenciadas disposiciones en el proyecto de Presupuesto del 2022.

El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 29 de los gremios más importantes del país, se manifestó en desacuerdo con el traslado exprés de afiliados de fondos privados al de carácter público, Colpensiones.

“La disposición contenida en el artículo 104 resulta ser un mecanismo que genera desigualdad, toda vez que se enfoca en un grupo poblacional específico que se beneficiarán del subsidio pensional que otorga el Estado”, dijo el Consejo Gremial.

De igual forma hizo reparos a que se modifique la Ley de Garantías. “Deben mantenerse intactos los principios fundamentales de la Ley de Garantías, a fin de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta, se protejan de manera especial en los ciclos electorales”, dijo.

Asimismo el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dijo que “estas decisiones se pueden tomar. Claro que se pueden tomar, pero deben ser muy bien pensadas. Muy bien meditadas. Yo haría eso, alejaría mucho estas decisiones de los periodos electorales en particular. Para que sea realmente la meditación y decisión de la sociedad”.

Nuevas voces

Previo al inicio esta semana en las plenarias del último debate del proyecto de Presupuesto, EL NUEVO SIGLO consultó algunas voces de diferentes partidos.

Aunque en el Partido Conservador no se ha definido una postura de bancada sobre cómo se votarán en el Presupuesto los señalados artículos, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, se mostró a favor del traslado de afiliados que cumplan los requisitos de fondos privados a Colpensiones, así como de reformar la Ley de Garantías.

En tanto que la senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático) dijo que “no voté el 104 (pensiones) por considerar que estaba impedida y voté negativo el 125 (Ley de Garantías).  En la bancada hemos dejado en libertad. Soy de las que creo que se debe retirar el 125, que no es  momento para ello,  que estamos a un mes de comenzar el proceso,  el de la Ley de Garantías, además que hay riesgos de que esos recursos se pueden desviar para procesos electorales”.

Añadió la Parlamentaria “creo que hay que dejar que sea mediante ley, como se estaba tramitando  en la Comisión Primera,  que se discuta el tema y no para este periodo electoral del 2022 sino para dentro de 4 años”.

En tanto que el senador Iván Marulanda, Alianza Verde, dijo que "nosotros vamos a votar en contra de esos artículos”.  Agregó que de hecho en el primer debate  votaron en ese sentido "y denunciamos que ese artículo que pretende modificar la Ley de Garantías es insultante para el país en un momento de elecciones porque, evidentemente, es la puerta abierta a todo ese sistema clientelista de utilización de los recursos de la contratación en los territorios",  en donde “terminan adjudicando a dedo esos contratos según los intereses de los congresistas y de los partidos".

Mientras que el senador liberal Mario Alberto Castaño explicó que el “Partido ni ha llamado ni va a llamar a ley de bancadas por respeto a las comisiones que tiene,  y yo particularmente voy a votar positivamente los dos artículos".

Agregó que el Partido Liberal debe "estar del lado de los alcaldes, de los gobernadores, de los concejales”, de las JAL y “no de los gremios”.