Por falta quórum en la plenaria de la Cámara, se aplazó el debate de la reforma pensional, por lo cual quedó reprogramada para el miércoles 12 de junio a las 10:00 a.m.
Hacia las 04:53 p.m. estaba todo listo para iniciar con la discusión, minutos después las bancadas del Centro Democrático, Cambio Radical, congresistas de La U, liberales y conservadores se retiraron del recinto.
Es importante mencionar que al Gobierno le quedan solo ocho días para sacar adelante esta iniciativa.
La representante a la Cámara de Cambio Radical, Luz Pastrana, cuestionó que el intento de avanzar con la discusión sin que se realizara una audiencia pública para la reforma pensional.
“Les pido, respeto y garantías. Necesitamos escuchar a los expertos, no deben seguir desinformando a los colombianos”, sostuvo la parlamentaria.
La Plenaria de Cámara aprobó a la oposición una audiencia pública para la #ReformaPensional, la cual se debe realizar antes del cuarto debate. “Les pido, respeto y garantías. Necesitamos escuchar a los expertos, no deben seguir desinformado a los colombianos”: @luzpastrana pic.twitter.com/ifHw2kNKOv
— Cambio Radical (@PCambioRadical) June 11, 2024
Más de tres hora duró la sesión, en la cual se discutieron las propuestas para modificar la agenda del día con el propósito de darle prioridad al debate de la reforma pensional
Críticas
Los puntos que han causado mayor discusión de este proyecto en el pilar contributivo es el umbral de cotización obligatoria en el fondo público Colpensiones, que la Comisión Séptima de Cámara lo redujo de la propuesta inicial del Gobierno de 3 a 2,3 salarios mínimos mensuales.
También hay polémica por la vigencia, porque la reforma entraría en vigor en julio del 2025; sin embargo, muchos consideran que es muy pronto para hacer los ajustes, por los fuertes cambios que contempla.
Hay discusión, además, por las condiciones del fondo de ahorro en la reforma, que inicialmente quedaba en cabeza de Colpensiones, pero en la Séptima de Cámara se aprobó que esté en el Banco de la República. Hay posturas encontradas sobre los integrantes del comité que tendrá, pues su escogencia quedó en manos del presidente de la República.
Comité de Regla Fiscal
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal presentó la semana pasada una actualización de su documento técnico sobre el impacto de la reforma en las finanzas públicas.
Si bien destaca que con la iniciativa se reducen los subsidios de la Nación a las altas pensiones, se elimina el arbitraje que hoy existe entre los regímenes público y privado, así como aumenta la cobertura del régimen contributivo, el umbral de 2,3 salarios mínimos mensuales aumenta las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones, del 3 % del PIB en 2025 al 4,9 % del PIB en el año 2065.
“Debido a las mayores necesidades, y en vista de que los ingresos a Colpensiones se mantienen relativamente constantes, una vez se agote el Fondo de Ahorro, la Nación le deberá hacer una transferencia anual mayor en alrededor de 2,5 % del PIB a Colpensiones (pasa de 1,3 % del PIB en 2025 a 3,8 % del PIB en 2063)”, dice el organismo en el documento.
Agrega que “si se limita el umbral que va a Colpensiones a un salario mínimo, el acervo de ahorro nacional aumentaría en cerca de 17,1 puntos porcentuales del PIB frente al escenario actual”. Insiste el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que “entre menor sea el umbral, aumenta el ahorro nacional en el largo plazo, se limita el subsidio del régimen público a ese mismo nivel y se aumenta el carácter distributivo de la reforma”.
Además, llama la atención porque “la reforma no modifica los regímenes especiales y exceptuados, que representan una carga financiera para la Nación: en 2023 se destinaron cerca de $26,8 billones (1,7 % del PIB) del Presupuesto General de la Nación para cubrir las necesidades de estos”.
Procuraduría
Para el último debate de la reforma, la Procuraduría insistió en sus observaciones, como lo manifestó en una misiva a la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez.
Indicó el Ministerio Público que “las cifras que se conocen de Colpensiones, que han sido objeto de rigurosos análisis por parte de la entidad, evidencian que no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas”.
Subrayó la Procuraduría que “es necesario que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República tengan en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación, datos que además se deberán tener en cuenta en el análisis de lo relacionado con el valor en todos los pilares a mediano y largo plazo”.