Se tiene previsto que la reforma pensional comience mañana el cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara, con el tiempo en contra porque tiene como plazo estas dos semanas que restan de legislatura para ser aprobado y conciliado, o se hunde. El proyecto gubernamental llega a esta instancia con varias incertidumbres y campanazos de alerta, especialmente por el impacto que tendría en el erario, como han señalado en los últimos días el Comité de la Regla Fiscal, Asofondos, la Procuraduría, gremios y los sectores de oposición e independientes en el Congreso.

El proyecto de ley N° 433 de 2023 Cámara – 293 de 2022 Senado, por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, figura en el primer lugar del orden del día de la plenaria, en donde inicialmente se votarán las ponencias, comenzando por la que pide el archivo de la reforma, que suscribieron los representantes Betsy Pérez Arango (Cambio Radical) y Juan Corzo Álvarez (Centro Democrático).

En tanto que la ponencia positiva tiene la firma de siete de los diez ponentes designados, en donde Martha Alfonso es la coordinadora.

Los puntos que han causado mayor discusión de este proyecto en el pilar contributivo es el umbral de cotización obligatoria en el fondo público Colpensiones, que la Comisión Séptima de Cámara lo redujo de la propuesta inicial del Gobierno de 3 a 2,3 salarios mínimos mensuales.

También hay polémica por la vigencia, porque la reforma entraría en vigor en julio del 2025; sin embargo, muchos consideran que es muy pronto para hacer los ajustes, por los fuertes cambios que contempla.

Hay discusión, además, por las condiciones del fondo de ahorro en la reforma, que inicialmente quedaba en cabeza de Colpensiones, pero en la Séptima de Cámara se aprobó que esté en el Banco de la República. Hay posturas encontradas sobre los integrantes del comité que tendrá, pues su escogencia quedó en manos del presidente de la República.

Comité de Regla Fiscal 

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal presentó la semana pasada una actualización de su documento técnico sobre el impacto de la reforma en las finanzas públicas.

Si bien destaca que con la iniciativa se reducen los subsidios de la Nación a las altas pensiones, se elimina el arbitraje que hoy existe entre los regímenes público y privado, así como aumenta la cobertura del régimen contributivo, el umbral de 2,3 salarios mínimos mensuales aumenta  las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones, del 3 % del PIB en 2025 al 4,9 % del PIB en el año 2065.

“Debido a las mayores necesidades, y en vista de que los ingresos a Colpensiones se mantienen relativamente constantes, una vez se agote el Fondo de Ahorro, la Nación le deberá hacer una transferencia anual mayor en alrededor de 2,5 % del PIB a Colpensiones (pasa de 1,3 % del PIB en 2025 a 3,8 % del PIB en 2063)”, dice el organismo en el documento.

Agrega que “si se limita el umbral que va a Colpensiones a un salario mínimo, el acervo de ahorro nacional aumentaría en cerca de 17,1 puntos porcentuales del PIB frente al escenario actual”. Insiste el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que “entre menor sea el umbral, aumenta el ahorro nacional en el largo plazo, se limita el subsidio del régimen público a ese mismo nivel y se aumenta el carácter distributivo de la reforma”.

Además, llama la atención porque “la reforma no modifica los regímenes especiales y exceptuados, que representan una carga financiera para la Nación: en 2023 se destinaron cerca de $26,8 billones (1,7 % del PIB) del Presupuesto General de la Nación para cubrir las necesidades de estos”.

Andrés Velasco, director ejecutivo de este organismo, dijo a Caracol Noticias que “la parte presupuestal de la reforma, que es el pilar solidario, que son los $223 mil para las familias que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad, y el pilar semicontributivo, deberán financiarse año tras año. Esas erogaciones deberán hacerse bajo el techo que permite la regla fiscal, que es la hoja de ruta que la Nación se ha fijado para el manejo de las finanzas públicas”. 

Añadió que con respecto a la parte contributiva, la “reforma cuesta más y ese costo adicional tendrá que ser asumido por la Nación. Si no ocurre alguna otra reforma, la Nación más o menos después de la primera mitad de la década del 2060 tendría que conseguir recursos adicionales por dos puntos del PIB, unos $35 billones de hoy, para poder financiar como está pintado en la reforma”.

Asofondos

El gremio de los fondos privados de pensiones, Asofondos, ha hecho varios reparos a la reforma del Gobierno. En una misiva que envió en días pasados al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que “nuestra única solicitud es que la ley establezca reglas de juego claras y justas, incluyendo la remuneración, no solo de las actuales AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), sino de todos los actores que podrán entrar a administrar el componente de ahorro individual”.

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, dijo a Colprensa en días pasados que la reforma “no es sostenible, obliga al 88 % de los trabajadores a cotizar exclusivamente en la administradora estatal, Colpensiones. Por cada 100 pesos que reciba, Colpensiones solo va a ahorrar 22. Esto no es suficiente para pagar las pensiones de los jóvenes. Y, debido a que en Colombia cada vez vivimos más y tenemos menos hijos, el sistema es insostenible”. 

Procuraduría 

Para el último debate de la reforma, la Procuraduría insistió en sus observaciones, como lo manifestó en una misiva a la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez.

Indicó el Ministerio Público que “las cifras que se conocen de Colpensiones, que han sido objeto de rigurosos análisis por parte de la entidad, evidencian que no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas”.

Subrayó la Procuraduría que “es necesario que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República tengan en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación, datos que además se deberán tener en cuenta en el análisis de lo relacionado con el valor en todos los pilares a mediano y largo plazo”.

Puntualizó que la reforma debe garantizar la construcción de un sistema de protección integral a la vejez que sea sostenible y viable para las futuras generaciones.

 Qué dicen los gremios

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) envió a la Cámara un documento 'ad portas' del cuarto debate de la reforma pensional, en donde dice que es positivo que elimina la competencia entre los dos regímenes pensionales, la forma en que se estructura en pilares, el ajuste en el subsidio que reciben las pensiones altas, la generación de mayor equidad al fortalecer el sistema de solidaridad aumentando lo que reciben los adultos mayores en el pilar solidario y en el semicontributivo.

No obstante, hace notar que “la reforma no cuenta con una medición adecuada de su impacto sobre la sostenibilidad fiscal y el mercado de capitales, no considera los cambios demográficos y no permite la libertad de decisión de las personas sobre quién maneja su ahorro”. 

Dice también la ANDI que “consideramos que la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones bajo la modalidad de prima media debe reducirse". Propone que el límite sea por un salario mínimo mensual. Advirtió que “el mayor impacto se daría sobre la situación fiscal del país. La carga fiscal adicional que habría que asumir en el año 2070 se traduciría en un deterioro del
déficit pensional, que pasaría del 2,2 % del PIB en el escenario básico sin reforma a 5,5 % del PIB”.