A TRAVÉS de una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá que ordenar a los ministerios de Interior, de Justicia y de Igualdad, establecer un plan para garantizar que se actualicen los reglamentos internos de los Consejos Comunitarios de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP) localizados en los territorios de concentración del macrocaso 09 que investiga los crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos.

“Con esta solicitud de la Procuraduría se impulsa la reivindicación de derechos promovida por 18 Consejos Comunitarios y otras organizaciones sociales NARP de la Costa Pacífica”, destacó el Ministerio Público.

El procurador delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel Gutiérrez, precisó que la “actualización de los reglamentos propende por un efecto justo, reparador y transformador que permitirá comprender las realidades de estos pueblos y garantizar sus derechos a la igualdad material y acceso a la justicia, logrando que se reconozca a las autoridades propias y se observen los principios de diálogo intercultural, interjurisdiccional e interjusticias”.

Tal actualización resulta importante porque “a la fecha los reglamentos internos no cuentan con un componente de justicia y de derecho propio que permita comprender sus particularidades, en especial los impactos diferenciados que ocasionaron los hechos victimizante sobre la vida, cultura, cosmovisión, prácticas tradicionales e identidad étnica de estas comunidades”.

Además, ello permitirá que las sanciones que imponga la justicia transicional resulten realmente reparadoras para los pueblos y comunidades NARP, más aún cuando “los informes que conoce la JEP dan cuenta de un proceso de desarraigo y de dispersión social con afectaciones sucesivas, simultáneas e interdependientes, que tuvieron por efectos la invisibilización de sus procesos, el debilitamiento de su identidad colectiva, el desconocimiento de sus formas de organización, la restricción de su autonomía y la limitación de su ejercicio a la justicia propia”, se explica en la solicitud de medida cautelar.

El delegado señala que esta actualización es transcendental como medida de prevención temprana para evitar la posible materialización de escenarios de riesgo derivados de los contextos de exclusión y discriminación, y como un mecanismo idóneo de participación efectiva de las víctimas.