Una de las caras de la violencia y la intimidación por parte de los grupos armados a la población civil en distintas regiones del país, es que varios alcaldes están despachando fuera de su municipio. Uno de los afectados que tiene que gobernar a distancia, con las dificultades que ello implica, es el titular de Cartagena Del Chairá, Caquetá, Edilberto Molina Hernández, con quien conversó EL NUEVO SIGLO.
En junio pasado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó que “encontramos que 12 alcaldes, en siete departamentos, están despachando afuera de sus municipios, y todo porque fueron amenazados por grupos armados al margen de la ley”.
Esta cifra se redujo levemente según lo que dijo en días pasados el director Ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro, en un debate en la Comisión Segunda del Senado sobre seguridad. “Hace 20 años no teníamos alcaldes despachando desde fuera de su municipio, desde el exilio, hoy tenemos ocho alcaldes”, señaló.
Incluso trajo a colación que “lamentablemente tenemos que decir que desde 2003 no renunciaba ningún alcalde en Colombia por temor a perder la vida, y ya tuvimos el primer alcalde que tuvo que salir corriendo físicamente del país. La playa de Belén Norte de Santander”.
Fugaz retorno
Cuando este Diario conversó con el alcalde Molina llevaba cerca de dos semanas en Cartagena del Chairá porque era imprescindible su presencia. Al día siguiente se fue nuevamente por motivos de seguridad.
“En estos momento me encuentro en Cartagena (del Chairá), no he retornado por garantías de seguridad sino que regresé estos 15 días al municipio con el ánimo de poder concretar unas obras que estamos ejecutando, porque la verdad es muy complicado desde la distancia”, dijo Molina
Sin embargo en su corta estadía en el municipio el Alcalde tuvo que permanecer la mayor parte al lado de la estación de policía, “no poder salir sino aquí sobre el parque principal”, explicó.
“Está bien complejo el orden público, hay mucha presencia de los grupos al margen de la ley en el municipio, en el mismo casco urbano. En estas dos semanas que estuve salieron tres alertas: una de un atentado contra la policía, un hostigamiento, otra con unos posibles explosivos y dos con unos francotiradores de un sector cerca a las bases”, explicó el funcionario.
Gobierno a la distancia
“Es difícil trabajar de esta manera porque nosotros los alcaldes nos vemos siempre es en la necesidad de interactuar con la gente, visitarlos, de escuchar sus necesidades, de invertir los recursos”, manifestó con visible frustración el alcalde Molina.
Más de seis meses lleva fuera de Cartagena del Chairá, “hacía cinco meses no retornaba al municipio, y pues lo que hemos hecho ha sido virtual, por ejemplo inaugurar obras de manera virtual. Es muy complejo, no es lo mismo. Inauguré una pista de patinaje, inauguré un parque, he inaugurado escuelas, baterías sanitarias, vías”.
Agregó que también ha tenido que grabar videos y audios para comunicarse con su equipo en la alcaldía y enviar mensajes a la comunidad.
“Con mi equipo de trabajo, con las secretarías de despacho todas las semanas, los lunes, tenemos consejos de gobierno, pero todo a través de la virtualidad, y no es lo mismo. Hoy que estoy en el municipio voy a estar visitando las obras que se están adelantando, las inversiones que estamos haciendo, mejorando la movilidad en las vías urbanas, en la construcción de parques, visitar al centro vida donde atendemos a 170 adultos mayores. Ver la felicidad de la gente eso no tiene precio para uno que le gusta y que cree que esta es una opción importante para tener gobernabilidad y generarle a la comunidad una tranquilidad también”, subrayó el Mandatario municipal.
Contó que “la firma de documentos se hace de manera virtual o con una firma digital que tengo”.
Se siente solo
El Burgomaestre dijo que por su situación “no he recibido ningún apoyo directamente del Gobierno nacional. He estado en reuniones del orden nacional con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, de pronto delegados del Ministerio del Interior, pero realmente no hay una solución”.
Explicó que un estudio de la Policía Nacional solicitaba una ampliación de su esquema de seguridad. “Tenía dos unidades de la Policía y dos unidades de la Unidad Nacional de Protección. La recomendación era aumentar a dos unidades más, uno de Policía y uno de UNP”.
Sin embargo dijo que “hasta el día de hoy la Policía Nacional ha puesto una unidad más, pero la Unidad Nacional de Protección ha sido imposible. Personalmente me reuní con el señor director de la Unidad Nacional en Bogotá, pero la verdad pareciera que la vida nuestra no les interesa, que no tuviéramos ninguna importancia para la Unidad Nacional de Protección ni para el Gobierno nacional”.
Molina sostuvo que “los únicos que han hecho esfuerzos ha sido la Defensoría del Pueblo, la misma Procuraduría que ha instado y ha enviado requerimientos a los diferentes ministerios para que nos garanticen la seguridad, nos garanticen todos los medios para poder ejercer nuestra labor, pero de parte del Gobierno ni del señor Presidente de la República, ni el Ministro de Defensa, ni el Ministro del Interior, ninguna de esas personas se ha comunicado ni se ha pronunciado”.
Relató que “hemos oficiado a todos los ministerios, sí nos han contestado diciendo que recibieron el documento y que se le dará el trámite correspondiente”.
Seguridad en el municipio
El Alcalde de Cartagena del Chairá explicó que “aquí en esta zona delinque ‘Iván Mordisco’ con sus disidencias, y las afectaciones que ha tenido la población civil son extorsión, carnetización, intimidación, ha habido asesinatos de líderes sociales. Lo que más afecta es el tema de la extorsión a la comunidad”.
Agregó que los concejales también han sido constreñidos en su trabajo por los actores armados ilegales.
“Ha habido concejales citados por las disidencias de las Farc a zonas rurales, en donde les impiden votar libremente por proyectos de acuerdo, que no deben votar obras importantes”, dijo.
Agregó el funcionario que el año pasado, en diciembre, “no dejaron que el Concejo municipal aprobara un crédito por $10 mil millones para el gas domiciliario del municipio. Hace 15 días no dejaron la construcción del parque principal por $3 mil millones, el cual ya estaba contratado. Las guardias campesinas, influenciadas por las disidencias, no permitieron que esta obra se ejecutara”.
Enfatizó que “ha sido difícil la gobernabilidad para mí, y eso por pertenecer a un partido como Cambio Radical, como Centro Democrático, que tengo los avales. Entonces eso ha generado una orientación de parte de esos grupos para no dejarnos gobernar”.
Preocupación familiar
El alcalde Molina dijo que su familia también se ha visto afectada por la situación que él vive como funcionario.
“Es muy difícil porque uno no tiene garantías de seguridad, afecta el tema de familia. A mí me tocó sacar los hijos, tengo dos hijos: uno de 10 y uno de 5 años, no tienen tranquilidad, son niños que no podían ser niños, no podían ir a un parque hasta que me tocó sacarlos del municipio”, contó.
Finalmente, el alcalde Molina hizo un llamado al Ejecutivo nacional “a que nos tengan en cuenta primero a los gobiernos locales y departamentales en todos estos procesos. Segundo, el tema de garantías de seguridad creo que es lo más importante para poder tener gobernabilidad. Y que la institucionalidad no se pierda”.
Agregó que es importante que el Gobierno “no legitimize a esos grupos al margen de la ley que son los que, pareciera, están suplantando al Estado y tomando acciones en los territorios. Que realmente pasemos del discurso al hecho, una cosa es lo que se dice en el Palacio desde Bogotá a lo que sucede en el territorio”.
Enfatizó Molina, “claro que nosotros estamos comprometidos con la paz, pero esa paz total que nos ha vendido el Gobierno nacional a través del señor Presidente, en los territorios no la hemos visto. Aquí siguen todos los problemas de seguridad, hemos retrocedido en seguridad más de 20 años. Esa es la percepción que tienen las personas en los territorios”.
<DESTACA> Está bien complejo el orden público, hay mucha presencia de grupos al margen de la ley en el municipio