Proceso ha avanzado lento en esta Corporación después de que la Cámara acusara al exmagistrado
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Hasta marzo de 2020, cuando vuelven las sesiones, el Senado determinaría si acoge o no la acusación que presentó la Cámara de Representantes en agosto pasado contra el exmagistrado Leonidas Bustos por su presunto involucramiento en el escándalo de compraventa de fallos a favor de políticos que se habría presentado en la Corte Suprema entre 2013 y 2015.
Es prácticamente imposible concluir este proceso en apenas la semana que resta de este periodo legislativo.
A pesar de que el pasado 13 de agosto la plenaria de la Cámara aprobó por unanimidad el escrito de acusación que presentó la Comisión de Investigación contra Bustos, y que luego lo hizo llegar al Senado, sigue pendiente que la comisión de instrucción que nombró la mesa directiva del Senado, integrada por siete parlamentarios, llame al representante instructor de Cámara que adelantó las pesquisas, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, a que sustente su escrito ante la plenaria senatorial.
Lo que debe suceder a renglón seguido es que la comisión de instrucción estudie el escrito aprobado por Cámara para, finalmente, presentar un informe a la plenaria del Senado en donde acoja o controvierta la acusación contra Leonidas Bustos.
Vale señalar que este tipo de procesos en el Congreso contra aforados constitucionales, como es el caso de los magistrados de las altas Cortes, no tienen términos, lo que explicaría que este expediente lleve cuatro meses en el Senado sin que haya avanzado en menor medida.
En agosto de 2017 el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez compulsó copias a la Corte Suprema y a la Comisión de Investigación de la Cámara, señalando que en el marco de la cooperación judicial con Estados Unidos recibió alguna evidencia la cual parece indicar la posible comisión de actos de corrupción judicial que involucran a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, que los vincularía con una red que habría operado en la Corte Suprema entre 2013 y 2015 para lograr fallos favorables a políticos a cambio de fuertes sumas de dinero.
La evidencia que hizo llegar Estados Unidos consiste en una grabación que sus autoridades hicieron de forma velada de una conversación que sostuvo en Miami el abogado Leonardo Pinilla con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien huyó a ese país para evadir las investigaciones en su contra por hechos de corrupción que se presentaron durante su administración.
En esa grabación, Pinilla le cuenta a Lyons Muskus que en algunos procesos que adelantaba la Sala de Casación Penal de la Corte contra varios políticos como el entonces senador Musa Besaile, se cometieron actos de corrupción para lograr decisiones favorables. De acuerdo con el sentido de esa conversación, los exmagistrados Bustos y Ricaurte habrían estado involucrados en esos hechos.
Pinilla viajó en esa oportunidad a Estados Unidos acompañado por el entonces fiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno, para ofrecerle a Lyons los ‘servicios’ de esa red y presuntamente ayudarle en sus procesos en la Corte.
Pinilla por estos hechos es procesado en Colombia en etapa de juicio tras ser extraditado de Estados Unidos y busca un acuerdo con la Fiscalía para lograr beneficios; en tanto que Moreno aceptó su participación en estos hechos y fue condenado a 6 años de prisión, aunque primero está pagando una pena de 4 años en el país del norte, en donde fue encontrado responsable de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario.
Moreno ha sido el testigo estrella de la Fiscalía en este caso declarando contra Ricaurte, Bustos y contra el suspendido magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Enrique Malo Fernández, quien está en la etapa de juicio tras ser desaforado a finales del año pasado por la plenaria del Senado.
No hay tiempo
EL NUEVO SIGLO consultó sobre este caso al representante por Risaralda, Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, quien en agosto pasado fue comisionado para estudiar el escrito de acusación contra Bustos que aprobó la Comisión de Investigación y, posteriormente, presentó el informe a la plenaria de la Corporación solicitando que fuera aceptado el mismo.
El Parlamentario consideró que ya no hay tiempo para que en este periodo legislativo se tome una decisión sobre la situación del exmagistrado. “Imposible porque la comisión de instrucción lo que hace es aprobar el informe de la acusación y presentárselo a la plenaria del Senado, y no creo que se alcance en estas dos semanas”.
Incluso si el Gobierno llamara a extras para la aprobación de lo que falta de la reforma tributaria, Vallejo consideró que no se abordaría el asunto de Bustos. “No creo que en extras se discuta. Honestamente no creo que eso lo evacúen este año”.
El exmagistrado Bustos en repetidas ocasiones ha insistido en su inocencia, además calificando los señalamientos de Moreno en su contra como mentirosos.