En una reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la bancada del Pacto Histórico de Colombia reiteró su preocupación por lo que describen como una "ruptura institucional" en el país.

Entre los puntos destacados se encuentra la denuncia de una persecución sistemática por parte de la Procuraduría y ciertas cortes contra potenciales candidatos presidenciales.

El encuentro con la CIDH se centró en diversos temas, incluyendo la violación de los derechos humanos en Colombia y las tensiones continuas entre los poderes del Estado. En este contexto, los congresistas del Pacto Histórico resaltaron la importancia de abordar los incidentes de persecución política que han afectado a figuras como Daniel Quintero, Carlos Caicedo y Camilo Romero.

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El representante Alejandro Toro expresó en la reunión: "Hemos denunciado la persecución de la Procuraduría y algunas Cortes a personas que pueden ser candidatos a la presidencia. La persecución ha sido consecutiva durante los últimos años. Se ha utilizado la procuraduría con fines políticos". Esta afirmación refleja la preocupación del Pacto Histórico por la presunta instrumentalización de las instituciones judiciales para fines políticos.

Durante la visita de los representantes de la CIDH a Colombia, los congresistas entregaron un documento detallando casos específicos de persecución política y su impacto en el sistema democrático del país. En la carta se menciona: "Nos permitimos hacer referencia a diferentes hechos que han amenazado el sistema democrático colombiano, y de manera específica a la seguridad ciudadana. Situaciones que han resultado en incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y adecuación de la Convención Americana y de manifiestas violaciones a los derechos civiles y políticos, particularmente al derecho a la integridad personal, todo esto con ocasión a la persecución".

Los congresistas también destacaron que estos temas formarán parte del informe final que la CIDH publicará tras concluir su visita a Colombia. Esta acción subraya la importancia que el Pacto Histórico otorga a la intervención internacional para abordar preocupaciones relacionadas con la justicia y los derechos humanos en el país.