Una nueva demanda fue radicada ayer ante la Corte Constitucional contra la Ley 2081 de 2021 que impide la prescripción de los delitos sexuales contra los menores de edad, y que sancionó el presidente Iván Duque hace apenas tres meses, el pasado 4 de febrero.

Esta vez la acción la interpuso el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia tras considerar que la norma es contraria a la Constitución Nacional, pues sostiene que va en contra, justamente, de los derechos fundamentales y el interés superior de proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de esos graves delitos contra su integridad personal.

“En la medida que los procesos donde fungen como víctimas los menores de edad apremian una resolución temprana, pues la efectividad y materialización de sus derechos no se alcanzan ampliando ilimitadamente los términos de ejercicio de la acción penal”, destaca uno de los apartes del texto de la demanda.

En ese sentido, el abogado Francisco Bernate, Presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia explicó que con esta demanda a la Ley 2081/21 es precisamente ofrecer una pronta justicia a las víctimas.

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“El Colegio de Abogados Penalistas, en protección de los derechos de los menores, considera que una ley que establezca que no hay límites en el tiempo para investigar un delito contra un menor es una ley que desconoce los derechos del menor víctima. Por eso integramos un equipo de juristas del más alto nivel; hemos presentado una demanda ante la Corte Constitucional para que se declare inexequible esta disposición”, explicó.

De acuerdo con la norma demandada, los delitos sexuales contra menores de edad pueden ser investigados en cualquier tiempo por la Fiscalía General de la Nación.

“Pero nosotros creemos que debe tener un límite para que la Fiscalía inicie esa actuación. De lo contrario se abre un boquete de impunidad porque entonces la Fiscalía ya no se va a demorar los cinco, seis, ocho años, que hoy se demora en iniciar la actuación penal, sino que ahora se tomará 30 o 40 años”, dice Bernate.

Y agrega que “una justicia tardía no es justicia”, porque la investigación comenzará muchos años después de cometido el delito. “Es imposible esclarecer unos hechos ocurridos hace 30 o 40 años, por eso creemos que en defensa de los derechos de los niños es necesario ponerle un término a estas investigaciones”, explicó. 

Según Bernate, la legislación actual establece que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes tiene un plazo máximo de 20 años después de que el niño víctima cumple 18 años, es decir los 38 años de edad. “Más tiempo es genera impunidad porque será muy difícil establecer la veracidad de los hechos”, señaló el jurista.

Más demandas

La demanda del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia contra la Ley 2081 se suma a las que ya habían presentado estudiantes de dos universidades de Bogotá, con argumentos muy similares.

Estos colectivos de estudiantes de Derecho coinciden con Bernate en que como quedó la norma se vulneran los derechos de los niños “ya que sin tener un término de prescripción, la Fiscalía General de la Nación no priorizará los casos de violencia sexual en contra de los menores”, destaca la demanda.

Adicionalmente, Bernate recordó que en defensa de los derechos de los niños agredidos sexualmente, la asociación que él preside también demandó el acto legislativo 01 de 2020 que estableció la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

“El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia creó otro grupo con más de 70 expertos para apoyar las demandas en curso contra la prisión perpetua establecida en ese acto legislativo. Nosotros creemos que la cadena perpetua, primero, está prohibida en Colombia. La pena de prisión solo puede tener una función resocializadora, pero establecer la cadena perpetua estimula más agresiones contra los niños”, dice su Presidente.

En su criterio, los 30 años que hoy establece la ley para esta clase de delitos, que no admiten rebaja alguna, “es más una pena drástica más que suficiente”, dice.

Y concluye que el proyecto de ley que cursa en el Congreso y que regula ese acto legislativo, propone la revisión de la pena a los 25 años. “Revisar una prisión perpetua a los 25 años flexibiliza la pena actual, y eso es engañar al país: eso no es prisión perpetua”, dijo.