A pesar que hay sanciones por hacer publicidad extemporánea, estos casos se siguen presentando en el país. La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que los candidatos que hagan esto lo que están señalando es que su forma de empezar es violando la ley. Barrios también se refirió a la participación de funcionarios públicos en política, donde manifestó que se podría revisar cuidadosamente este tema.

EL NUEVO SIGLO:¿Qué hacer para que los candidatos no hagan publicidad extemporánea?

ALEJANDRA BARRIOS: Hay que dejarles claro no solo a los candidatos sino también a las organizaciones políticas, que la publicidad extemporánea genera unas multas al candidato, que estamos nosotros pidiendo y además en la revisión fiscal es completamente extensiva a la organización política. Quien esté haciendo publicidad extemporánea pues sencillamente le está enviando un mensaje a la ciudadanía: y es que si se va a postular para ser el encargado y el representante de la sociedad en cargos de administración pública, lo que está señalando es que su forma de empezar es violando la ley, y eso es un mensaje completamente perverso. Está señalando de qué está hecho, y que seguramente cuando sea candidato y sea elegido, pues va a continuar con un tema de violar la ley y no respetar la legislación colombiana.

No solamente tendrá una multa que está entre los 11 y los 110 millones de pesos, sino va al partido político y pedimos la revisión de cuentas de campaña, y cuando no hay una información sobre las cuentas de campaña, en Colombia la sanción es muy fuerte porque inmediatamente lo que se establece es una sanción que lo saca de la vida política del país a ese candidato. Entonces aquí hay varios temas que estamos preparando para tratar de que cuando ya empiecen a entregarse los avales, toda la información de los candidatos que hicieron campaña extemporánea, la vamos a entregar a las organizaciones políticas con soporte: fotografías, videos y audios, para que ellos tengan las repercusiones que ellos tienen, avalar una persona que incumple las normas y aspira a tener un cargo público.

ENS: En ese sentido ¿La legislación actual es muy flexible o muy blanda para que se presenten estos casos?

AB: Cuando uno está hablando de una multa tan baja que puede ir entre los 11 y un poco más de los 110 millones de pesos, en campañas que son muy grandes, en municipios donde se juegan muchos recursos, pues eso hace parte de la caja menor, y ahí es donde se ve que la sanción es baja. Si nosotros logramos que esa sanción sea extensiva a la organización política, que también se descuente el costo que tuvimos que asumir para retirar esa publicidad.

ENS: ¿Qué otras sanciones se pueden contemplar para que no sigan pasando estos casos?

AB:Nosotros lo que esperamos es entregar toda la lista, toda la base de datos a las organizaciones políticas, para que verifiquen que los bloques de sus candidatos están en la base. La solicitud de la revisión de las cuentas allí se va a encontrar frente a un problema muy grave y es la propaganda extemporánea, y las cuentas empiezan desde el momento de la inscripción. ¿Qué pasa entonces con esos recursos que estuvieron antes? Esos no los pueden incluir porque estarían frente a una financiación ilegal, y eso termina dando la pérdida de investidura, con una sanción que además se extiende a toda la vida porque el tema es muy delicado.

ENS: ¿Qué piensa sobre el debate de que funcionarios públicos no puedan participar en política?

AB: En este momento lo que dice la legislación colombiana es absolutamente claro, los funcionarios públicos no pueden participar en política, no pueden poner los recursos públicos en favor de ningún candidato. En otros países y si vemos de manera específica Estados Unidos, los funcionarios pueden participar inclusive en las mismas elecciones presidenciales. El presidente y todos sus secretarios participan activamente promoviendo los nombres.

En Colombia está sancionado, nosotros tenemos que cumplir la ley, sí vale la pena mirarlo pero tenemos como antecedente que lamentablemente en este país se vienen ingresando, así estén prohibidos, los recursos públicos para favorecer candidaturas o campañas, y eso termina en fenómenos de corrupción generalizados que afectan los temas de salud, acueductos, vivienda.

No es lo mismo la cultura política que tenemos en Colombia, no es el tipo de funcionario público, al que hay en otros países. Algunos, no todos, no han entendido que los recursos públicos no se pueden poner para beneficiar o favorecer determinadas candidaturas.

ENS: ¿Debería reformarse la Ley de Garantías Electorales para permitir eso?

AB: Lo que tenemos que debatir y yo creo que sí debemos evaluar con muchísima seriedad es cuál es el impacto que determinados funcionarios públicos puedan manifestar públicamente, cuáles son sus preferencias electorales. Hoy está prohibido y esa prohibición, no sé si por eso es que se termina generando este tipo de actividades de manera oculta. Pero sí hay que mirar cuáles son los efectos porque aquí no se puede presionar a los contratistas ni se puede presionar a los subordinados para que voten por determinadas personas.

La tradición política en Colombia, lo que nos ha demostrado es que no se respeta en algunos casos el hecho que el funcionario no deba participar en política y termina utilizando el cargo o el poder que tiene para favorecer determinadas campañas o candidatos.