El Gobierno considera que tras 18 años la Ley 743 que reglamenta las organizaciones de acción comunal del país requiere ser reformada. Sin embargo para Guillermo Cardona Moreno, presidente del Observatorio Nacional Comunal, esta ley colma las necesidades que tienen estas organizaciones, y lo que requiere es ser desarrollada en todos sus aspectos, no reformarla.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo recibe este proyecto de reforma?

GUILLERMO CARDONA MORENO: Fui el autor de la Ley 743 y presidente de la Confederación de 1992 al 2002, realmente no he compartido esta reforma porque es que esa ley falta desarrollarla, necesita es reglamentarse. Lo que han dicho los congresos es hacer unos ajustes a los decretos, el 2350 y el 890, pero no cambiar la norma.

En segundo lugar, ese texto no ha sido consultado con la organización. Hay ahí algunos dignatarios de la Confederación que están de acuerdo, pero no es un texto que corresponda al conjunto de la opinión de los comunales del país. Esa Ley 743 la tramitamos en cinco congresos nacionales, y cambiarla de afán, sin evaluar lo que realmente ha sido, no tiene sentido.

Es un retroceso. En este proyecto se eliminan conceptos básicos que tenemos como la calidad de dignatario que se adquiere con la elección y se ratifica como dice la organización conforme a su autonomía y presunción de buena fe.

Elimina el concepto de las juntas comunales de vivienda, entre otros temas importantes. Pero el principal problema que tiene este proyecto de ley es el procedimiento que no consulta al común de la organización. No necesitamos una nueva ley, necesitamos es cambiar los decretos porque tanto el 2350 como el 890 no fueron construidos con la organización y son unos decretos que tienden a convertir al Estado en un policía de la acción comunal, y no en un garante de que la acción comunal ejerza sus derechos.

ENS: ¿Tienen previsto expresar estas preocupaciones en las respectivas audiencias que haga el Congreso como parte del trámite del proyecto?

GCM: Sí claro, primero vamos a armar un texto comparativo del proyecto y la ley que existe, y vamos a dar el debate porque en eso sigue existiendo una concepción totalmente equívoca del Estado frente a las organizaciones comunales porque se cree un policía sobre la acción comunal para imponerle condiciones, para colocarla al servicio de sus políticas y para usarla.

Lo que dice el artículo 103 de la Constitución  es que el Estado apoyará las organizaciones sociales para que ejerzan libremente sus derechos respetando su autonomía. En el caso que comentaba de los autos de reconocimiento, ¿para qué autos de reconocimiento si existe la presunción de buena fe y por qué no reconocer el acta de elección de unos dignatarios?

ENS: ¿En su opinión hay algún aspecto de la Ley 743 que considere es necesario modificar para ponerla a tono con la actualidad?

GCM: No, es que en mi criterio esa ley responde a las necesidades de la gente, hay es que desarrollarla, y desarrollar en sentido positivo los derechos de autonomía como lo establece la misma norma en el artículo 33. Lo que pasa es que el Estado ha venido mutilando ese derecho a la autonomía.

La función de inspección, control y vigilancia no es ejercer una función policial sobre la acción comunal ni coacción, sino de vigilar y apoyarla para que se fortalezca ella en su interior.

ENS: Pasando a otro tema preocupante, los comunales han sido víctimas de la violencia contra los líderes sociales que se vive en las regiones, ¿cuál es la dimensión del problema?

GCM: A los comunales los asesinan por dos razones: primero por ejercer derechos ante el Estado. Nosotros decimos que un derecho de petición ante un funcionario público es segregación segura; una acción de tutela, una acción de cumplimiento, es una lápida para quien la interpone. Y segundo por su compromiso con la sustitución de cultivos.

Pero el Gobierno en vez de resolver la sustitución de cultivos concertadamente con los campesinos comunales, porque las organizaciones campesinas se alimentan de las juntas comunales del territorio, lo que está haciendo es persiguiendo a los campesinos.

Entonces quien está intensificando la violencia y los asesinatos contra los comunales sí es el Estado.

El Gobierno tiene es que asumir la responsabilidad de fondo con soluciones estructurales frente a la clase política territorial, que es la que segrega al comunal cuando le reclama, cuando le exige.