EL GOBIERNO colombiano no tiene en estos momentos ningún contacto directo con la guerrilla del Eln. Así lo señaló el alto comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, el funcionario indicó que el Ejecutivo insiste en la extradición desde Cuba de los integrantes de esta organización y que la exigencia del Gobierno a esa guerrilla continúa siendo la misma: que deje de atacar a los civiles, cese el secuestro y el terrorismo.

EL NUEVO SIGLO: ¿A hoy el Gobierno tiene algún acercamiento con la guerrilla del Eln?

JUAN CAMILO RESTREPO: Lo que nosotros hemos dicho es que el Eln debe dejar de realizar actividades criminales, que renuncien al secuestro, a la instalación de minas antipersonal, al reclutamiento de menores y a todas las hostilidades contra la población civil.

Hoy lo que tenemos es la figura de “gestor de paz” en cabeza del señor Juan Carlos Cuéllar. Como es nuestra misionalidad, revisamos día a día su labor, en el marco de los protocolos que se firmaron entre mi antecesor y el señor Cuéllar, pero siempre y en todo caso que el Eln deje de realizar acciones criminales. Este servidor no ha tenido directamente ningún acercamiento con ningún integrante de la delegación del Eln.

ENS: ¿Qué pasó con los acercamientos que venía haciendo el expresidente Álvaro Uribe con el Eln?

JCR: Desde que estoy en este cargo no he hablado con el expresidente Uribe de este tema ni de otro. Antes de mi posesión, en calidad de viceministro de Agricultura, tenía comunicación con él, pero desde que soy Comisionado de Paz ninguna.

ENS: ¿Colombia ha realizado alguna gestión o petición adicional a Cuba para que proceda a la extradición de los delgados del Eln que aún están en La Habana?

JCR: Frente a ese tema lo que hemos dicho es que las solicitudes, las extradiciones, no solo con Cuba, tienen dos bases: una, que están sustentadas por unas órdenes judiciales; y, dos, siempre en coordinación y de manera articulada con gobiernos como el de los Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros seguimos en esa línea y, por supuesto, insistimos en que el Eln deje de realizar actividades criminales.

• Cruzada antiminas

ENS: ¿Cómo va el proceso en la JEP en que se reconoce a los integrantes de las Fuerzas Armadas como víctimas del delito de instalación y explosión de minas antipersonal?

JCR: Este es el Gobierno que más ha hecho en accionar integral en la lucha contra las minas antipersonal. Hoy tenemos 170 municipios certificados libre de este riesgo y queremos para el 7 de agosto del 2022 dejar más de 200 en este listado.

De igual manera, hoy el 70% de las víctimas de dicho delito son los civiles y el 30 restante integrantes de nuestra Fuerza Pública. Lo que estamos haciendo es un gran trabajo de educación de riesgo, un gran trabajo de desminado humanitario y tenemos unas rutas activadas para cuando existan víctimas.

ENS: ¿Qué departamentos son los más preocupantes en este aspecto?

JCR: Tenemos a lo largo y ancho de la geografía colombiana el departamento de Nariño y Chocó, tenemos presencia en el Norte de Santander. Tenemos unas zonas muy focalizadas que están priorizadas y en donde no vamos a ahorrar ningún esfuerzo para cumplir esa meta de superar los 200 municipios libres de sospecha de minas al finalizar el gobierno. 

ENS: ¿Las disidencias o las reincidencias de las Farc están sembrando minas o las que hay en terreno todavía son de muchos años atrás?

JCR: Resulta imposible saber cuál es el actor ilegal que realiza ese tipo de acciones, por lo que es imposible adjudicarle con certeza a uno u otro la comisión de ese delito que es la instalación de minas antipersonal. De lo que tenemos evidencia es que los grandes generadores de violencia, quienes han generado los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, vienen en su gran mayoría de los grupos disidentes, personas que incumplieron al pueblo colombiano y que no le jugaron limpio a la sociedad.

• Sometimientos individuales

ENS: ¿Entonces, cómo ve el accionar de las disidencias de las Farc?

JCR:  Lo que hay que hacer ante las disidencias de las Farc se divide en dos líneas: una es la confrontación directa por parte de nuestra Fuerza Pública; y dos, hacer un llamado para que de manera individual quienes hagan parte de las disidencias se sometan a la justicia colombiana.

ENS: ¿Y ya han mostrado interés en someterse a la justicia?

JCR:  Todos los días recibimos esa posibilidad. A esta oficina le corresponde verificar, junto con otras entidades del Estado, si son reales esas intenciones. Tratándose de sometimiento siempre se está presto para que estas personas que se quieran someter a la justicia tengan una ruta para hacerlo.

ENS: El Gobierno emitió tiempo atrás un marco legal para que quienes se quisieran someter a la justicia, que no fueran grupos ilegales con estatus político, lo pudieran hacer. ¿Hay algún acercamiento en este campo?

JCR: El sometimiento a la justicia de carácter individual está vigente, estamos prestos a fortalecerlo y hacemos un llamado a que todos los integrantes de estos Grupos Armados Organizados (GAOR) que quieran seguir este camino, que lo hagan de manera individual para seguir consolidando la paz con legalidad. Ya hay casos que se han presentado de manera individual.   

ENS: ¿Cómo avanza el plan de implementación del acuerdo de paz y cuál es la directriz presidencial en la materia?

JCR: Hay que consolidar la paz con legalidad, que significa trabajar y reconocer el derecho de las víctimas y, por supuesto, una verdadera reincorporación de los excombatientes. En tercer lugar, hay que llevar toda la institucionalidad al territorio colombiano. Claro, en esa paz con legalidad debe existir una verdad, una justicia, una reparación y una garantía de no repetición.

Seguimos trabajando para que los Consejos de Paz Territoriales cumplan su papel, el que está estipulado en la ley, que es importante para consolidar esa paz con legalidad.

Estos Consejos son una gran herramienta para, a partir de la construcción colectiva, de las escuchas activas, poder buscar soluciones en el territorio ante muchas circunstancias. Hay vocerías que son diversas y nuestro gobierno las reconoce y trabaja mancomunadamente con ellas.

ENS: Varias de las críticas al Ejecutivo vienen del partido de los Comunes, en el sentido de que la implementación de los acuerdos de paz va a medio camino, ¿qué decir y cómo se ve el tema a nivel regional?

JCR: Lo primero que debemos decir es que trabajamos de manera articulada con el alto consejero para la Consolidación y la Estabilización, Emilio Archila. En segundo lugar, el trabajo de esa oficina ha sido impecable a partir de que las implementaciones del acuerdo tienen una proyección que supera los próximos tres gobiernos, pues es superior a los 15 años.

Aquí ya hay una línea base. Lo que no puede pasar es que todo lo que está estipulado en la implementación se le vaya a dar cargo a este gobierno. Lo que se debe resaltar es lo que esta administración ha hecho, por ejemplo, en el tema de tierras, en la implementación de proyectos productivos en los 170 municipios priorizados, superando los $500 mil millones y más de 1.200 obras.

En el tema de los desmovilizados, trabajamos con la Unidad Nacional de Protección para garantizar la seguridad de los excombatientes y que tengan todas las garantías, incluso de seguridad social plena… Como Comisionado de Paz le puedo decir: del escritorio al territorio evidenciamos muchos avances.

ENS: ¿Qué responder frente a las críticas al Gobierno por el aumento de narcocultivos en Colombia, de acuerdo al último informe de Estados Unidos?

JCR:  Se está verificando la metodología entre nuestro gobierno, el de Estados Unidos, el Departamento de Estado y Naciones Unidas. Aunque nuestra oficina no es la vocera oficial para ese tema, lo que sí se puede decir es que ese cultivo de narcotráfico hay que combatirlo decididamente porque ha traído mucho daño a la sociedad colombiana y al mundo entero. Esperemos que esas metodologías (de medición de la extensión de narcocultivos) se ajusten y que la lucha siga desarrollándose y dando más y mejores resultados.