EL MINISTERIO de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tomará en consideración las observaciones hechas por la Procuraduría General de la Nación, en torno a los temas relacionados a las “obligaciones hacer, garantías de pólizas, posición dominante y precios de subasta”.

La decisión de dicha cartera se da en medio del seguimiento hecho por el ente de control al proceso de subasta del espectro 5G.

“De acuerdo con el cronograma previsto, se acerca la fecha de la subasta (20 de diciembre de 2023), por lo que, el Ministerio Público ha seguido paso a paso la licitación con la que el Gobierno busca estrechar la brecha digital en el territorio nacional”, afirmó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Por lo tanto, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública realizó observaciones al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, a fin de garantizar la selección objetiva en el proceso.

Asimismo, Procuraduría advirtió al Ministerio que “debe hacer un análisis frente a los riesgos que se podrían materializar, en el evento en que las reglas de participación no estén definidas de una forma equitativa, clara y completa, ya que estaba pendiente la reglamentación en materia de garantías, de obligaciones de hacer y frente a la posición dominante de Claro en el mercado de servicios de comunicaciones móviles”.

De acuerdo al comunicado, “algunas firmas participantes alegaban la dominancia que dejaba a esta firma como opcionada a quedarse con gran parte de la torta del espectro en las bandas de 700, 1.900, 2.500 y 3.500 MHz”.

Sobre el tema en cuestión, el Ministerio afirmó que han establecido en la subasta, “medidas que controlen la participación del mencionado operador en el proceso, en adición a las medidas generales que la Comisión de Regulación de Comunicaciones- CRC- establecerá en el marco de sus funciones y que, además, en este momento se encuentran en discusión a través del proyecto de resolución…”.

Por tal motivo, el ente de control reitera en el seguimiento a la licitación para garantizar la participación y la pluralidad de oferentes y el principio de transparencia, así como también “en las obligaciones hacer que lleven a una mejor maximización del servicio que beneficie a escuelas, infraestructura vial y localidades apartadas”.