La protesta indígena en el Cauca no es fácil de solucionar. Si el Gobierno negocia bajo presión, crea un precedente perverso. Es riesgoso acudir a la fuerza para despejar la vía. E igual no debe asumir compromisos que no pueda cumplir. Informe

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A PUNTO de cumplir ocho meses en el poder el presidente Iván Duque está enfrentando una prueba de fuego a la forma en que debe aplicar el principio de autoridad del Estado: el paro indígena en el Cauca.

La protesta -que ayer hasta el cierre de esta edición no se había levantado- empezó el 11 de marzo y se agravó a partir de que miles de integrantes de los resguardos decidieron, como ocurre contantemente en sus movilizaciones, bloquear la vía Panamericana en varios puntos.

Tras más de dos semanas de paro la crisis en el suroccidente del país es grave, al punto que en el sur del Cauca y Nariño hay índices alarmantes de desabastecimiento de productos, víveres y combustibles, al tiempo que las pérdidas para el comercio, la industria, el agro y el transporte, entre otros sectores, son superiores a $60 mil millones.

A ello se suma que la situación de orden público se ha deteriorado gravemente, en especial por los hostigamientos de disidencias de las Farc, Eln y otros grupos armados ilegales a la Fuerza Pública, dejando incluso un agente de Policía muerto. Hasta un oficial del Ejército que iba a visitar a su hija menor enferma fue retenido por la Guardia Indígena, lo que llevó al Gobierno a suspender el diálogo hasta que fuera liberado. Asimismo, la Fiscalía está investigando casos de utilización de menores, desplazamiento forzado y tenencia de explosivos.

De igual manera, una explosión en la zona rural de Dagua (Valle), cuando una comunidad indígena se alistaba para movilizarse en apoyo a la Minga, produjo ocho muertos, sin que estén claras las circunstancias del grave hecho. Asimismo, varios tramos de la Panamericana fueron dinamitados, dañando la capa asfáltica, en tanto que las caravanas de camiones y buses que se han arriesgado a transitar por desvencijadas vías alternas fueron atacadas por los manifestantes. Para completar el delicado panorama, en varias cabeceras municipales de la zona se registran protestas de pobladores así como de organizaciones campesinas y de otros sectores, que critican la actitud de los indígenas por la intensa afectación de su paro.

Paralelamente, la Minga indígena del Cauca ha generado un amplio debate político. Muchos sectores de izquierda y de organizaciones sociales se han alineado con las peticiones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), mientras que otros sectores de centro y derecha descalifican que se acuda a las vías de hecho, como el taponamiento de la principal arteria vial del suroccidente del país, para presionar no solo una negociación con el Gobierno, sino que pese a la gravedad de la crisis se continúe condicionamiento la reapertura de la carretera a que Duque vaya obligatoriamente al Cauca, aunque este dejó claro que solo irá cuando la Panamericana sea despejada.

“No podemos aceptar las vías de hecho como mecanismo de aproximación y de negociación al Estado, y nos preocupa que en esta región haya grupos armados al margen de la ley que pretenden sacarle provecho a esa tensión”, advirtió el Presidente.

¿Qué hacer?

En teoría lo más factible sería enfocarse en llegar lo más rápido posible a un acuerdo con el CRIC y desbloquear la trascendental carretera. Ya en el pasado a varios gobiernos les ha tocado, incluso de manera forzada, sentarse a concretar pactos sobre asignaciones presupuestales a los indígenas, programas de acceso y titulación de tierras, mecanismos para fortalecer y respetar sus autonomías, inversión social, estrategias de seguridad y múltiples asuntos más.

Sin embargo, llegar a un acuerdo con el CRIC no es fácil. De un lado porque esta Minga se organizó para exigir el cumplimiento de centenares de pactos que anteriores gobiernos firmaron y no fueron honrados parcial e incluso totalmente.

Si bien el Ejecutivo envió a la zona a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y al alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, ellos no pueden comprometerse a cumplir semejante cantidad de pactos.

“El presidente Duque nos ha pedido que podamos abordar los temas de la agenda presentada por ustedes. Tristemente los incumplimientos han sido históricos”, advirtió Gutiérrez a los voceros de la Minga.

El propio Duque dijo que desde que asumió el poder se reunió con las autoridades indígenas y se comprometió a construir un capítulo especial para los pueblos ancestrales en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), lo que cumplió, según el proyecto que está en trámite en el Congreso. En el Plan Plurianual de Inversiones se tiene previsto destinar cerca de $10 billones en el cuatrienio para atender las necesidades de los resguardos, cifra que el Ejecutivo señala que es la más más alta en la historia.

Aunque Duque está dispuesto a generar una “hoja de ruta” para cumplir los acuerdos, no solo con los indígenas del Cauca sino con los del resto del país, recalca que la misma debe ser “basada en la responsabilidad, en compromisos absolutamente cumplibles, dentro del Plan de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones”.

Sin embargo, los voceros del CRIC sostienen que el diálogo no ha fructificado y que, por lo tanto, debe hacer presencia allí el Presidente. “Después de 16 días de movilización la Minga manifiesta que la comisión de gobierno… no ha tenido la voluntad y capacidad política para la toma de decisiones sobre las peticiones de los pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares del suroccidente colombiano… Por el contrario, el Gobierno a través de su delegación ha dilatado y estigmatizado la Minga social con falsos señalamientos acusándolos de terroristas y secuestradores”, señalaron el jueves.

Para los voceros de los indígenas “… en la consulta previa del PND realizada con los 102 pueblos indígenas de Colombia se acordó un capítulo para pueblos indígenas como parte integral del Plan, pero el Gobierno lo proyecta solo como un anexo, en consecuencia, su aplicación se convierte en un componente opcional”.

Incluso con respecto a los $10 billones, el CRIC, como principal motor de la Minga, sostiene que falta especificar cómo se invertirán esos recursos en el cuatrienio. También advierten que “… están proyectados de manera trasversal, es decir, que se ejecutarán a través de oferta institucional en las diferentes carteras de los ministerios, como ejemplo están Familias en Acción, Adulto Mayor, entre otras políticas que son de responsabilidad del Gobierno nacional, dejando por fuera las políticas planteadas desde los planes de vida de las comunidades indígenas y campesinas”.

No hay margen

Más allá de ese rifirrafe, lo cierto es que el problema de fondo continúa siendo el mismo: no hay recursos para cumplir todo lo prometido a los indígenas en más de dos décadas. Y también es claro que no son estos las únicas minorías, pues también hay compromisos pendientes con los afrodescendientes, al igual que con el campesinado y otras poblaciones en especial estado de vulnerabilidad como los desplazados o las mismas víctimas de la violencia, en cuyos 8 millones hay personas de todos los grupos poblacionales…

Tampoco se puede desconocer, como se denunció desde múltiples sectores esta semana, que el CRIC, si bien es la organización indígena más fuerte, no representa a todos los resguardos y comunidades ancestrales del país. Por el contrario, algunas de estas se quejan por el evidente desequilibrio, en cuanto a asignación presupuestal, de tierras y otras prerrogativas, a favor de los resguardos del Cauca.

Las exigencias sobre mayor asignación de tierras son muy difíciles de cumplir, no solo porque la cantidad de las mismas en el Cauca ya es muy limitada (al punto que el gobierno Santos ofreció comprarlas en Putumayo y Nariño), sino porque muchas de las haciendas y predios que piden los resguardos tienen desarrollos y mejoras que las hacen muy costosas si el Estado quiere adquirirlas o expropiarlas.

Igualmente es palpable la tensión creciente en el Cauca entre los sectores indígenas, el campesinado y la agroindustria. No solo es el pulso por la tenencia de la tierra y el eterno debate sobre la concentración de esta en unos pocos terratenientes frente a la gran cantidad de minifundios. También está la controversia por la productividad y plusvalía de la misma.

Por ejemplo para algunos expertos la estrategia indígena de considerar que hay mayor justicia social y reivindicación de su estatus de minoría si el Estado les titula una mayor cantidad de tierras se estrella con la realidad innegable de que gran parte de las que hoy tienen albergan cultivos primarios, sin desarrollo agroindustrial y por eso prima la  economía de supervivencia.

El exministro de Agricultura y del Interior del gobierno Santos, Aurelio Iragorri, para más señas caucano, advertía esta semana que ya no hay más tierras para entregarles a los indígenas en ese departamento y que las únicas que quedan son las del norte, que son las de mayor vocación agroindustrial y fuente principal en el pago de impuestos. Incluso señaló que si estas eran afectadas las finanzas del departamento quebrarían.

¿Entonces?

Como se ve, es muy compleja la situación que enfrenta el presidente Duque con la Minga indígena del Cauca. No solo por la complejidad de la negociación, sino porque la persistencia del bloqueo y los graves hechos de violencia y desorden público, unidos a condicionar el despeje de la carretera a la obligatoria presencia del Presidente en la zona, constituyen un enorme desafío a los principios de autoridad y legalidad del Estado.

Aunque el CRIC indicó que la Minga se extenderá ahora a nivel nacional, falta ver si ello se cumple. Mientras tanto, paradójicamente los indígenas sostienen que el problema no es el bloqueo y que este es natural dentro del ejercicio del derecho a la protesta. “… La movilización es un derecho fundamental consagrado y respaldado por la Constitución y tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que aclara que por el hecho de bloquear la vía las protestas sociales no dejan de ser pacíficas y que se convierte en la única forma legítima que las comunidades indígenas y campesinas sean escuchadas, además de mencionar que los derechos ganados por el movimiento indígena a lo largo de la historia han sido a través de las mingas comunitarias, sociales y populares”.

El Gobierno sostiene, obviamente, lo contrario. Duque recalca que los bloqueos en la Panamericana “claramente representan una vía de hecho” y afectan a varios municipios y departamentos. Dijo que es necesario reconocer el equilibrio entre los deberes y los derechos de los ciudadanos y que “todos los colombianos debemos entender que la construcción de una sociedad en paz, con legalidad, empieza por reconocer esos equilibrios: ¿Cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes? Y no puede darse la situación donde los derechos de algunos pueden pasar por encima de los derechos de los demás”.

El Ejecutivo sabe que si llega a ceder ante la protesta indígena, sobre todo en negociar mientras se mantenga el bloqueo o que Duque vaya obligado, de inmediato estará sentando un precedente “perverso” para que otros sectores que quieran manifestarse, sean o no válidas sus exigencias, también acudan a las vías de hecho, como el bloqueo de vías, asonadas o ataques a la Fuerza Pública para presionar acuerdos.

Igualmente el Gobierno sabe que por más que algunos sectores se lo insinúen y otros lo exijan directamente, no puede despejar por la fuerza la vía, pues ello tendría una lectura complicada en cuanto a cómo se actúa frente a la protesta social. Además, entre los manifestantes hay muchas mujeres y niños, cuya integridad debe ser preservada a toda costa.

Pero también es claro que la zona permanecía -por lo menos hasta ayer al cierre de esta edición- bloqueada y es obligación del Estado desatorarla y acabar con la crisis tras más de 18 días de paro ¿Cómo hacerlo? Ese es el dilema.