En firme quedó la investidura de la exsenadora de Alianza Verde, Claudia López, según decidió este jueves el Consejo de Estado.

La excongresista había sido demandada por supuesto conflicto de intereses, debido a que no se declaró impedida para participar en la votación y aprobación de un proyecto de ley que pretendía despenalizar la injuria y la calumnia, a pesar de que, según el accionante, enfrentaba procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia por esos dos delitos.

El magistrado Jaime Orlando Santofimio, que Claudia López no tenía la obligación de presentar un impedimento, dado a que “la existencia de diligencias previas o preliminares en procesos penales no tienen vocación suficiente como para estructurar un conflicto actual y directo en cabeza del congresista, cuando este participa, delibera o vota un proyecto de ley que puede versar sobre asuntos de carácter penal”.

Agregó el magistrado que “no basta la formulación de una querella o una denuncia estructurarla, (…) pues se requiere una vinculación formal al proceso penal (…), entender lo contrario comprometería la potestad deliberativa del congresista, dado que bastaría formular en su contra una denuncia o querella para impedir su actuación en los asuntos del legislativo”.