Aunque tiene un calendario apretado, la reforma constitucional cuenta con las mayorías suficientes para lograr su aprobación y conciliación antes del 20 de junio

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Por estos días los promotores de la reforma constitucional que restablece la cadena perpetua en Colombia podrían perfectamente cantar “reloj, no marques las horas”.

Como la lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, antes del 20 de junio, cuando se acaba la legislatura, la iniciativa debe completar ocho debates para que sea aprobada.

Este lunes, seguirá tramitándose en la séptima etapa de su estudio en el Congreso, esta vez en la Comisión Primera del Senado, restándole solo el último paso en la plenaria y la conciliación de los textos distintos aprobados en cada Cámara. Para todo esto hay solamente dos semanas.

Claro que con todo y el poco tiempo, es posible lograr el propósito. A su favor cuenta que las ponencias para séptimo debate estuvieron listas en tiempo récord y no hay razones para suponer que no pase igual con los informes para el último debate y para las conciliaciones. Frente a esto juegan que hay posiciones en contra de la aprobación del articulado, aunque hasta ahora, en las seis etapas anteriores, siempre fueron minoría.

Debate

La Comisión empezó el viernes a debatir el proyecto acto legislativo número 01 de 2019 Cámara - 21 de 2019 Senado, “por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”, que les impone ese castigo a los asesinos y violadores de niños y niñas, analizando tres ponencias: dos negativas y una positiva.

Una de las ponencias negativas está firmada por el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, mientras que la otra fue presentada por Roy Barreras (Partido Social de Unidad Nacional, La U), Gustavo Petro (Colombia Humana), Alexander López (Polo Democrático) y Julián Gallo (partido Farc).

La ponencia positiva fue radicada por Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), María Fernanda Cabal (Centro Democrático), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Iván Name (Alianza Verde) y Carlos Guevara (partido Mira).

Sin embargo, la sesión virtual de la Comisión debió suspenderse. Así lo explicó el presidente de la célula legislativa Santiago Valencia, del Centro Democrático: “Se declaró la sesión permanente, pero luego, revisando el video, quedó duda sobre si se había hecho antes de las cuatro horas o después de las cuatro horas. Si se hace después de las cuatro horas y se realiza alguna votación o cualquier actuación, pues estaría por fuera del tiempo establecido por la ley”.

La Comisión sesionó ayer con el fin de anunciar el proyecto para mañana, “y así evitar eventualmente cualquier vicio de procedimiento que pueda hundirlo en la Corte Constitucional”, precisó Valencia.

Efectivamente, la Comisión esta citada para las 8 de la mañana de este lunes 8 de junio con el referido proyecto como único punto del orden del día.

El senador Pinto le dijo hace unos días a este Diario que “tenemos el tiempo suficiente para que este acto legislativo pueda ser debatido en la Comisión Primera y en la plenaria del Senado. Incluso, si hay que hacer conciliación, los tiempos nos son favorables. Queda ajustado, pero se puede hacer”.

Revisable

Según la exposición de motivos del proyecto, “de manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores y adolescentes; se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. Esta pena será revisable en un plazo de 25 años, es decir que transcurrido este tiempo de la condena, algunos expertos evaluarán al procesado para mantener la condena o dejarlo en libertad”.

En el articulado se plantea que el Gobierno deberá formular una política pública integral que desarrolle la protección de los niños, niñas y adolescentes, fundamentada en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.

En la sesión del viernes, la ministra del Interior, Alicia Arango, expresó que “no creo que sea populismo punitivo defender a un niño de un delito atroz. Eso no puede ser posible. No creo que sea populismo punitivo permitir que una sentencia de cadena perpetua se revise y que la persona pueda resocializarse, porque es lo correcto”.

Pero hace un mes, durante el debate en la Comisión Primera de la Cámara, el fiscal Francisco Barbosa señaló que no está de acuerdo con el proyecto, pues el legislador debería concentrarse primero en la aplicación de la justicia antes que en el aumento de penas.

Barbosa resaltó que, hasta el momento, solo 5% de las denuncias relacionadas con violaciones terminan en una aplicación de la pena. Por esto, no se debería hablar de aumentar la pena sin que se les den más herramientas a los jueces para aplicar la justicia.

En esa misma sesión, el representante por Atlántico, César Lorduy, de Cambio Radical, señaló que “las lágrimas y el dolor no pueden seguir siendo la única respuesta para el abuso sexual de menores. Se debe actuar”.

Mayorías

El senador Pinto expuso en la conversación ya mencionada con este Medio que ve “un tanto dividida la Comisión, pero creo que el acto legislativo sí va a tener las mayorías suficientes para que esta iniciativa, que tiene firmas de congresistas de miembros de todos los partidos, sea aprobada en la Comisión Primera”.

“Este proyecto, por primera vez, tiene un concepto de la Comisión de Política Criminal. Llegó al sexto debate y ya vamos para el séptimo. Creo que hay un consenso generalizado en torno al proyecto. Acepto las críticas de quienes expresan que se debe fundamentar mucho más la justicia para que sea operativa y podamos llegar a nuestros niveles procedimentales para sancionar de manera efectiva a los violadores. Pero este no es un tema de populismo punitivo. Este es un tema de brindarle un mensaje claro a la sociedad de que nuestros niños y niñas van a ser protegidos por el Estado y que el Congreso hará lo necesario para que así sea”, precisó.