Finalmente, las bancadas presentaron los resultados de su examen a los decretos emitidos por el Gobierno al amparo del Estado de emergencia.
Como era de esperarse, el informe mayoritario, suscrito por los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservador y La U (que además será acogido por el Centro Democrático, MIRA y Colombia Justa Libres) respalda el documento que radicó el Gobierno; mientras que el minoritario, entregado por los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Farc y Colombia Humana, critica las medidas adoptadas.
Como ya lo había señalado el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, en la plenaria del Senado, “los decretos expedidos por el Gobierno nacional en el marco de la presente emergencia van en la línea de preservar la vida, la seguridad alimentaria y la economía de los colombianos”.
Cepeda destacó aspectos que han sido bandera de su bancada y que resultan benéficas para superar la crisis, como “el Programa Ingreso Solidario, subsidios monetarios para tres millones de familias de trabajadores informales que hoy no pueden salir a ganarse la vida y que no reciben ningún otro subsidio del Estado; anticipo de un año de la devolución del IVA para un millón de familias colombianas de estratos 1 y 2; alivio para el pago de servicios públicos para estratos de 1 y 2 a nivel nacional”.
En cambio ayer, en sus redes sociales, la senadora Sandra Ramírez, del partido Farc, señaló que “más de 30 congresistas analizaron las medidas tomadas por el Presidente y concluyeron que estas no cumplieron con sus dos propósitos fundamentales. Por el contrario, la inmensa mayoría de los decretos y sus recursos terminaron siendo utilizados para salvar al sector financiero”.
Dos informes, dos puntos de vista. En uno se lee que “en concordancia con el estudio realizado en los capítulos anteriores, y en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 215 Superior, nos permitimos rendir informe favorable”. Allí, las bancadas oficialistas consideraron que “que las medidas legislativas adoptadas efectivamente fueron convenientes y oportunas para hacer frente a las causas que dieron lugar a la emergencia, así como para mitigar sus efectos”.
La contraparte expresó que “las medidas de emergencia debían cumplir dos propósitos fundamentales: garantizar al máximo nivel posible la adecuación del sistema médico hospitalario y garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos para poder sostener el aislamiento. Ninguno de los dos propósitos se logró con los decretos de emergencia. Por el contrario, la inmensa mayoría de los decretos terminaron por derivar billonarios recursos a los circuitos de intermediación financiera”.