Iván Cancino y Francisco Bernate impulsan la creación de un colegio de abogados penalistas, buscando que haya una sola voz que los represente. Aquí el diálogo con EL NUEVO SIGLO

__________

Iván Cancino y Francisco Bernate impulsan la creación de un colegio de abogados penalistas, buscando que haya una sola voz que los represente

El NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el objetivo práctico de la asociación de abogados penalistas?

IVAN CANCINO: Nosotros comenzamos a ser víctimas de ataques injustificados en la opinión pública porque se ve al abogado penalista como un problema, cuando él es la solución.

Si quiere ver problemas en el sistema penal acusatorio, muy pocos son causados por el abogado penalista. La idea es hacer un colegio para presentarle al país lo que hace un penalista y para capacitarnos entre nosotros.

Por eso hicimos nuestro primer congreso de contenido académico. En este momento, a la última medición que fue el sábado, tenemos 2.029 inscritos con capítulo Nacional, Atlántico, Antioquia, Santander y vamos a fundar los capítulos de Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca. La meta para este año son 5.000 miembros.

FRANCISCO BERNATE: El objetivo principal es el de representar a cada uno de los abogados de Colombia. Que todos tengamos una sola voz frente a la cantidad de arbitrariedades que están sucediendo.

Además, tratar de generar espacios de interacción entre los abogados. El objetivo es el de representar a todos los abogados de Colombia, luchar por sus intereses y visibilizar sus problemáticas.

ENS: ¿Cuál es su radiografía del sistema penal colombiano y las falencias principales que presenta hoy?

IC: Hoy el sistema está colapsando y fracasando porque el país cree que todos los problemas los soluciona el derecho penal. Entonces, la incompetencia en las políticas públicas tratan de salvarla por medio del derecho penal.

No hemos podido cuidar a nuestros niños por temas de familia y educación, entonces queremos poner la cadena perpetua para quienes los agreden. Entonces quieren solucionar el tema con el derecho penal, lo que no ha sido capaz el Estado. Eso es un error gravísimo.

El Estado falla en seguridad. No puede cuidar al ciudadano de que le hurten el celular. No se puede caminar por los puentes tranquilo. Y esa es una labor de prevención policial y de cultura ciudadana. Entonces queremos agravar las penas.

Creer que el derecho penal soluciona los problemas de un país, es grave.

El segundo problema es el económico, porque este sistema funcionaría muy bien si tuviera los recursos del caso. Un ejemplo. Las audiencias se aplazan porque no hay dónde hacerlas. Es absolutamente ilógico que el juez no tenga una sala. El juez tendría que abrir la puerta de su despacho y entrar a la sala de audiencias, con eso le damos celeridad.

En materia de Fiscalía, hay fiscales que tienen 400 o 600 carpetas. Solucionar ese problema es muy difícil porque no hay recursos. Un investigador sería lo mínimo que debería tener cada fiscal. Y no hay plata para ponerlo.

La tecnología. Los fiscales pierden tres y cuatro horas en labores administrativas por no existir un programa de computación rápido. Le toca a uno hacer una fila de 20 minutos para hacer una audiencia. Mientras sale de la oficina, hace la fila y vuelve, perdió hora y media. En vez de tener un programa que en cinco minutos diga cuál es la sala y dónde es la audiencia.

FB: En lo que tiene que ver con la colegiatura, nuestros colegas se están viendo expuestos a peligros en su integridad física, se ven cuestionados mediáticamente y considero que se han perdido las formas, el buen trato y el respeto frente a la labor del abogado defensor.

Yo creo que durante mucho tiempo los penalistas lucharon con todas sus convicciones y sus fuerzas por las causas que representan, pero se les olvidó agremiarse, unirse y luchar por sus propias causas, sus propios derechos y por eso, como colegio queremos hacernos valer, hacernos sentir y sobre todo, exigir respeto.

ENS: ¿A su juicio, qué tanto populismo punitivo hay en Colombia?

IC: Cada vez que los órganos del Estado son incapaces de crear políticas acuden al derecho penal, porque en Colombia la gente cree que la impunidad es igual a sangre, que para acabar con la impunidad debemos meter presas a las personas, violar sus derechos, violar la presunción de inocencia.

Entonces a cada rato hay populismo punitivo: aumentar penas, crear penas y la mayoría de las propuestas ya están en la ley. El Estatuto Anticorrupción tiene todas las cosas que pretendían meter en la famosa Consulta Anticorrupción. El problema de Colombia es no aplicar la ley. Aquí hay una ley para todo. Cuando un político sale a pedir una ley nueva o un delito nuevo, generalmente eso ya está en la ley.

FB: Hoy en día, ninguna de las reformas penales está mediada por una política criminal. Consideramos que las voces de los científicos del Derecho en Colombia nunca son atendidas. Se menosprecia la labor científica y por eso existe claramente un populismo punitivo que no tiene precedentes.

Si los congresistas tienen tan claro cómo debe funcionar el sistema penal acusatorio en Colombia, la pregunta debería ser por qué expidieron el Código Penal y el Código de Procedimiento que hoy nos rige. Si fue que no lo leyeron, no lo estudiaron y las más de 60 reformas que han sucedido en los últimos años. Yo creo que si se hubiese atendido lo que se ha dicho en diferentes instancias, esa no sería la situación.

ENS: ¿Qué responder a quienes dicen que la legislación penal está bien, pero son los penalistas quienes hacen ciertos esguinces para que los condenados no reciban su condena?

IC: Una de las grandes mentiras que se dice es que los abogados somos culpables de los vencimientos de términos. Totalmente falso. No puede haber, por prohibición legal, un vencimiento de términos que sea imputable al acusado o al defensor. Es más, la ley establece que luego de 240 días la persona tiene que ser liberada, pero debe alzar la mano un abogado cuyo cliente haya salido a los 240 días contados de manera seguida.

No creo que haya un solo caso en Colombia, porque si uno mete un recurso es descontado. Si uno se enferma, también. Hay jueces que han llegado al extremo de descontar la vacancia judicial. Entonces ese plazo se convierte en 300, 400 y 900 días. Y siempre que hay una libertad por vencimiento de términos están descontados los términos que supuestamente fueron atribuibles al abogado o al cliente. Incluso, muchas veces, de manera injustificada o exagerada. Jamás un vencimiento de términos es culpa del abogado.

Además, las enfermedades de los abogados. El colegio de abogados penalistas va a ser enfático en respetar las vacaciones de sus abogados, los aplazamientos por la enfermedad de un hijo, entre otros. Nosotros somos seres humanos y tenemos familia y nadie nos va a devolver nuestros derechos o a desconocerlos. Ahora los jueces están diciendo que debemos nombrar suplente o sustituir el poder. No señor. Ese es un derecho y no vamos a dejar que se vuelva obligación, presione quien presione.

FB: Si la legislación estuviera bien no habría impunidad, pero esta es una lamentable visión que se ha venido impulsando desde ciertas agencias estatales que pretenden estigmatizar al abogado, criminalizar la profesión del abogado y generar un mal ambiente en la opinión frente a la labor que nosotros realizamos.