Un total de cinco gobernadores elegidos en 2015 no culminaron sus periodos, mientas que el número de alcaldes de ciudades capitales casi que es el doble

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1. Gobernadores elegidos en 2015 que no terminaron

Un total de cinco de los 32 gobernadores que fueron elegidos en los comicios de 2015 no terminaron su periodo, que se extendía hasta el próximo 31 de diciembre. Ellos son Oneida Pinto en La Guajira, a quien en junio de 2016 el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección porque estaba inhabilitada para ocupar el cargo.

De igual forma Manuel Antonio Carebilla, quien no cumplió su periodo en Amazonas pues en abril de 2016 fue capturado por presuntamente pedir dinero a sus subalternos en la unidad de trabajo legislativo cuando ofició como representante a la Cámara entre 2006 y 2010. En noviembre de 2017 la Corte Suprema lo condenó por estos hechos a 14 años y siete meses de cárcel.

Por su parte Edwin Besaile fue destituido en enero pasado por la Procuraduría como gobernador de Córdoba por irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.

Otro que no finalizó su periodo fue Ronald Housni Jaller en el archipiélago de San Andrés, quien en octubre del año pasado fue capturado con varios de sus funcionarios por un escándalo de corrupción por la asignación de contratos a particulares sin el lleno de los requisitos. En marzo pasado el funcionario presentó su renuncia.

Mientras que Álvaro Pacheco tampoco cumplió el periodo en Caquetá porque en junio pasado la Corte Suprema lo condenó a más de siete años de prisión porque determinó tuvo vínculos con grupos paramilitares hace algunos años.

2. Alcaldes de capitales elegidos en 2015 que no concluyeron

Un total de nueve de los 32 alcaldes de capitales de departamento no podrán finalizar el periodo para el cual fueron elegidos. Como sucedió con Manuel Duque, quien renunció desde la cárcel en octubre de 2017 a la Alcaldía de Cartagena, en donde se encontraba por supuestamente incurrir en tráfico de influencias por las irregularidades que se habrían presentado en 2016 en la elección de la contralora distrital.

Mientras que Jhon Jairo Torres tuvo que apartarse del cargo en Yopal en julio de 2017, después que la Corte Suprema le confirmara la condena de tres años y siete meses de prisión por su participación en la construcción irregular de viviendas.

Algo similar sucedió con Carlos Álvarez en Armenia, quien en mayo del año pasado fue enviado a la cárcel por su presunta participación en la apropiación de recursos provenientes de los contratos de construcción de vías. Un mes después presentó su renuncia.

En tanto que en junio de 2018, Fabio David Velásquez quedó fuera de la Alcaldía de Riohacha, destituido por la Procuraduría por irregularidades en un contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Tampoco podrá terminar su periodo el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, a quien en octubre pasado la Procuraduría suspendió por tres meses por presunta participación en política.

Por su lado en septiembre pasado Rodolfo Hernández renunció al cargo en Bucaramanga luego que el Ministerio Público lo suspendiera nuevamente, esta vez por participación en política.

Otro que no podrá finalizar el periodo es Isaías Chalá en Quibdó, quien en agosto anterior fue capturado por su presunta participación en hechos de corrupción.

Algo similar sucedió con Camilo Andrés Puentes, en Inírida, quien en septiembre pasado fue capturado por presuntas irregularidades en contratos por $93 mil millones.

Igualmente Juan Pablo Gallo no alcanzó a finalizar el periodo en Pereira, pues el 22 de octubre pasado fue suspendido por tres meses por la Procuraduría por participación en política.

3. Violencia

Los concejales se mantienen como los servidores públicos más expuestos a la violencia en el país, como lo sugieren las cifras del actual período de gobierno (2016-2019).

En 2016 fueron asesinados cuatro concejales, en 2017 fueron dos las víctimas, en 2018 también asesinaron dos de estos servidores públicos, y este año son tres las víctimas fatales.

El más reciente hecho violento se registró el pasado domingo en Fundación, Magdalena, en donde fue asesinado el concejal electo de este municipio, Samir Pérez, quien fue tiroteado por un sujeto que se apeó de una moto e ingresó al local en donde el político departía con amigos.

No obstante, las investigaciones han determinado que algunos crímenes de estos concejales no tuvieron motivaciones por su actividad política sino que tendrían que ver con asuntos personales.

En tanto que hasta el momento en los cuatro años de este periodo de gobierno ha sido asesinado un diputado. Se trata de Alizon Mosquera Palomeque, diputado del Chocó que fue asesinado en marzo pasado.

Mientras que por fortuna no hay registro en este periodo de gobierno de asesinatos en que las víctimas fueran gobernadores o alcaldes.

4. Investigados por corrupción

De acuerdo con un informe que la Fiscalía presentó hace un par de meses, se encuentran investigados por presunta corrupción en la contratación 208 alcaldes y exalcaldes, específicamente, 61 mandatarios locales y 147 exmandatarios locales.

El informe del ente acusador indica también que investiga por presuntos actos de corrupción a 68 concejales y 27 exconcejales. Igualmente da cuenta que por eventual corrupción en la contratación investiga ocho gobernadores y 18 exmandatarios departamentales.

Elecciones atípicas

En el actual periodo de gobierno se realizó un total de 32 elecciones atípicas de gobernadores y alcaldes.

Es una situación que se ha venido recrudeciendo en la última década. Un ejemplo de ello es que en el período 2011-2015 fueron celebradas seis elecciones atípicas de Gobernador en los departamentos de Huila, La Guajira, Chocó, Caldas, Casanare y Valle.

En esta materia, el actual período 2016-2019 es menos sombrío porque las elecciones atípicas de gobernadores se redujeron a dos: en La Guajira porque el Consejo de Estado anuló la elección de Oneida Pinto, por estar inhabilitada para ocupar el cargo; en tanto que en el departamento del Amazonas se registró la vacancia definitiva después de que la Corte Suprema condenara a Manuel Antonio Carebilla por pedir dinero a sus subalternos en la unidad de trabajo legislativo cuando ofició como representante a la Cámara por este departamento entre 2006 y 2010.