Se espera que esta semana el Gobierno presente el nuevo proyecto de reforma a la salud, al que le dará mensaje de urgencia, en un intento por lograr su aprobación. Esta iniciativa, que es bandera en el programa del presidente, se hundió en Senado porque amenazaba el sistema y el servicio, según la mayoría de bancadas. 

La Casa de Nariño se juega esta carta tras lograr un consenso parcial con seis EPS. Sin embargo, la posibilidad de que saque adelante la reforma es incierta, porque no se ha concertado con las fuerzas de oposición e independientes y el ambiente político es hoy más negativo para la Administración por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El hundimiento de la reforma de salud es el golpe más fuerte que ha recibido hasta el momento el paquete legislativo del Gobierno, pero el primer mandatario optó por poner en práctica vía decreto algunas de las disposiciones que contemplaba, como el giro directo de la Adres (Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) a hospitales y otras IPS, por medio del Decreto 0489 de abril pasado, y otras medidas para ajustar el sistema y garantizar el acceso a la salud, según dijo.

No obstante, el Gobierno requiere la reforma para hacer varios de los cambios que se propone y que no pueden llevar a cabo con meros decretos, como la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida para servir de articuladoras del servicio, dejando su actual papel de aseguradoras del riesgo financiero.

El proyecto que se radicaría esta semana recoge varios aspectos que el Ejecutivo acordó con Nueva EPS, Sura, Salud Total, Compensar, Mutualser y Coosalud.  También participaron en estas conversaciones Acemi y Gestarsalud, los gremios que representan a las empresas que desarrollan esta labor en los regímenes contributivo y subsidiado, respectivamente.

Flancos débiles 

En contraste con el optimismo que han manifestado el ministro del Interior, Luis Velasco, y el de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre la posibilidad de que sea aprobado el segundo proyecto de reforma de salud, hay escepticismo en las bancadas que no integran la coalición y también a primera vista se ven varios aspectos que no facilitarían su trámite: 

1. Concertación parcial 

Como sucedió con el primer proyecto de reforma a la salud que presentó el Gobierno en febrero de 2023, la nueva iniciativa será radicada sin exhibir de antemano su contenido y socializarlo con los partidos que no conforman la coalición, así como con la mayoría de actores del sistema representados en asociaciones médicas, científicas y organizaciones de pacientes.

Como se dijo, el Gobierno se animó a presentar el nuevo proyecto después de que lograra un acuerdo con varias de las principales EPS sobre algunas disposiciones de la reforma y principalmente que estas empresas aceptaran transformarse en gestoras de salud y vida.

La única EPS de las más importantes que se apartó de este acuerdo es Sanitas, la cual fue intervenida hace algunas semanas por la Superintendencia de Salud porque, según el órgano de control, sus indicadores financieros ponen en peligro el servicio que debe prestar. 

Sin embargo, Colsanitas denunció al superintendente Luis Leal por considerar ilegal la intervención de que fue objeto.

2. Mensaje de urgencia

“Lo lógico es que el nuevo proyecto de reforma a la salud vaya con mensaje de urgencia. Si queremos tener un proyecto en esta legislatura, necesitamos mensaje de urgencia”, afirmó el pasado 29 de abril el ministro del Interior.

Sin embargo, las bancadas de oposición e independientes, que ya manifestaron su rechazo a que se presente un proyecto de reforma a la salud sin socializarlo y concertarlo, también se oponen a que se conduzca con mensaje de urgencia, porque ello implica que tenga menos discusión, pues el primer y ell tercer debates se harían en uno solo en sesión conjunta de las comisiones séptimas de Senado y Cámara.

El representante Julio Triana, por Cambio Radical, dijo que “presentar un proyecto con mensaje de urgencia es que el Gobierno siga imponiendo su ideología, su capricho, y simplemente jugar a la politiquería dentro del Congreso, y no abrir la puerta al diálogo nacional y a la construcción de una reforma que verdaderamente toque todos los aspectos que preocupan a distintos sectores de la sociedad colombiana”.

3. Poco tiempo

Aún con mensaje de urgencia, el proyecto de reforma arranca con las manecillas del  reloj corriendo en su contra, porque esta legislatura llega a su fin el próximo 20 de junio, que en la práctica son unos 15 días de sesiones. 

El proyecto que radique el Gobierno, como se dijo posiblemente esta semana, se hundirá si no es aprobado a más tardar el 20 de junio por las comisiones séptimas de Senado y Cámara. 

Hay que tener en cuenta que, antes de votar, estas células legislativas tendrán que programar al menos una audiencia pública para escuchar las opiniones sobre el texto de los diferentes actores del sistema y luego la elaboración de la ponencia demandaría una o dos semanas más.

4. ¿Más de lo mismo?

La mayoría de parlamentarios, sobre todo los que votaron la ponencia de archivo en la Comisión Séptima del Senado, indican que el nuevo proyecto es prácticamente lo mismo de la polémica primera iniciativa y que por eso lo más seguro es que se hunda, porque no hay ajustes de fondo. 

“Consideramos que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que insiste en desconocer la voz de los pacientes y usuarios, del talento humano en salud, la academia y expertos en la materia; no es el camino que propusimos. El texto conocido mantiene errores conceptuales que no superan los motivos por los que fue archivado”, indicaron en un comunicado los ocho senadores que presentaron la ponencia de archivo de la reforma hundida en la Séptima de Senado.

5. Escándalo  

El escándalo de corrupción en la Ungrd, que estalló por los sobrecostos que se habrían presentado en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, oscureció el panorama para la discusión de los reformas del Gobierno hoy en liza, la pensional, la laboral y la de salud, que sería radicada tras las explosivas afirmaciones del exsubdirector de esa entidad, Sneyder Pinilla, quien aseguró que para lograr la aprobación de estas iniciativas se pagaron, supuestamente, de recursos de esta contratación, $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle.

Tanto Pinilla como Olmedo López, este último exdirector de la Ungrd, buscan acordar con la Fiscalía principio de oportunidad, por el cual obtendrían algunos beneficios penales por los delitos en la contratación de los carrotanques, a cambio de decir lo que saben sobre los supuestos dineros que entregó el Gobierno para hacer aprobar las reformas, lo que ya costó la cabeza de Sandra Ortiz, quien era consejera presidencial para las regiones.

Pinilla dijo a Semana que Ortiz “fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera”.