“… Esta vaina está prendida”. Esa fue la conclusión que un camionero a la entrada de Bogotá le dio a un periodista cuando le preguntó cómo veía la situación del país. “… Me tocó perder la mitad de la carga porque se empezó a dañar y la otra la alcancé a regalar… Llevó diez días sin ganar un solo peso, solo gastando, con el carro aquí parado y la mujer pidiendo que le gire porque el mercado está por las nubes… No entro a Bogotá porque me puedo quedar encerrado pero tampoco me van a dar carga, porque nadie está despachando… Tampoco me puedo devolver para los Llanos porque la vía la cierran cada rato los manifestantes de aquí o allá… Y lo peor es que el dueño del camión ya me dijo que si nosotros nos vamos a paro, me toca atravesar el carro”, relató el conductor entre resignado y furioso.  

Esa es una sensación que también experimentan millones de colombianos que han visto cómo el país “está prendido” desde el pasado 28 de abril, cuando se llevó a cabo la primera jornada de paro, que luego se extendió día tras día, con marchas, desórdenes, vandalismo, enfrentamientos de los manifestantes con la Fuerza Pública y un sinnúmero de bloqueos y taponamientos viales que generaron en las principales ciudades del país escasez de víveres y mercancías así como un repentino encarecimiento de muchos productos.

Sin duda alguna en esta tercera semana de marchas la situación más complicada se vivió en Cali, en donde fue necesario, incluso, que el Gobierno ordenara la militarización de la ciudad no solo por los múltiples bloqueos y asonadas, sino porque se generaron fuertes enfrentamientos entre miles de indígenas y desconocidos que atacaron con armas de fuego a la “minga”, cuya presencia en la capital del Valle desesperó a muchos de los habitantes por las restricciones a la movilidad, escasez de alimentos y gasolina así como los excesos cometidos por la Guardia Indígena.

No fue mejor la situación en Cundinamarca, que terminó siendo el departamento más afectado por los bloqueos, pero no solo en las salidas de Bogotá y los municipios de la Sabana, sino en otras poblaciones en donde grupos reducidos de manifestantes taponaron vías y obligaron a la intervención de la Fuerza Pública en algunos casos.

En la capital del país, entre tanto, si bien es cierto que esta semana los desórdenes y actos de vandalismo en las marchas disminuyeron frente a lo ocurrido en la anterior, los taponamientos viales estuvieron a la orden del día, sobre todo el miércoles, con una grave afectación al funcionamiento de Transmilenio (ya de por sí muy disminuido por la cantidad de estaciones fuera de servicio debido a los daños sufridos en las violentas marchas de días atrás). Decenas de miles de capitalinos se vieron forzados a caminar largos trayectos para llegar a sus trabajos y casas.

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Aunque la administración de Corabastos dijo que la llegada de alimentos no se vio muy afectada, manteniéndose por encima de las 6.000 toneladas diarias, el precio de muchos productos se disparó de forma alarmante.

En Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Popayán (con toque de queda el viernes) y otras capitales también hubo marchas y desórdenes aislados (que incluso afectaron partidos de fútbol internacional).

De otro lado, quedó claro que las protestas en municipios más pequeños y periféricos se dieron por temas aislados, muy locales, ajenos al pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro y sin ningún tipo de incidencia de este sobre los líderes de esas movilizaciones puntuales.

Graves efectos

Ahora bien, la seguidilla de paros, marchas y picos de violencia tuvo en esta tercera semana sus efectos más graves a todo nivel. El primero, con mucho eco externo, al punto que puso a la administración Duque en la mira de la ONU, OEA, muchas ONG, múltiples gobiernos, personajes y redes sociales, fue el referido al saldo mortal así como de heridos y desaparecidos durante las refriegas desde el 28 de abril.

Varias plataformas de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo insistieron en que hubo alrededor de 40 personas muertas así como centenares de heridas y desaparecidas. Sin embargo, el Ministerio de Defensa dio un parte mucho más bajo (salvo por el de los casi 900 uniformados lesionados), en tanto que para la Fiscalía los fallecidos fueron 17 y un barrido sobre los nombres de quienes presuntamente no se conocía su paradero, permitió ubicar a gran parte de ellos.

Ahora, lo cierto es que la Fiscalía, la Inspección de la Policía y la Justicia Penal Militar sí arrancaron sendos procesos contra un grupo de oficiales, suboficiales y patrulleros de la institución, tanto de la Fuerza Disponible como del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por presuntos excesos y actos criminales durante la reacción ante las protestas. Ya hay detenidos. Y, de igual manera, las autoridades también dieron cuenta de decenas de capturas de civiles presuntamente involucrados en actos de vandalismo, saqueos, bloqueos viales y ataques contra servidores públicos. Se insistió en que disidencias de Farc, Eln, narcos y otros grupos criminales infiltraron las marchas.

En cuanto a las pérdidas por la seguidilla de paros, esta semana se pusieron sobre la mesa montos impactantes. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, habló de afectaciones por más de $6 billones desde el 28 de abril, en una media de casi $450 mil millones por día.

Gremios como el de los comerciantes reportaron, a su turno, una caída en sus ingresos no menor al billón y medio de pesos. Los ganaderos hablaron de cerca de $240 mil millones, los transportadores también alertaron sobre un millonario lucro cesante y cuantiosas pérdidas por carga de alimentos perecederos echada a perder o regalada a la población circundante a puntos de bloqueo. Más dramático fue lo denunciado por el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, quien habló de pérdidas en el sector por $1,7 billones… Los industriales también alertaron que los bloqueos viales y la alteración de la actividad productiva tuvieron un costo alto aún no cuantificado. El sector de combustibles vio caer sus ingresos fuertemente (sobre todo por la parálisis, vandalismo contra expendios y desabastecimiento en Cali), en tanto se afectaron gravemente las exportaciones, por ejemplo de café.

Como lo señalara un informe de EL NUEVO SIGLO, si calculamos que en 16 días de paro hubo pérdidas por $6 billones, eso equivale al 42% de los $14 billones que se aspira a recaudar con el nuevo proyecto de reforma tributaria.

¿Y la negociación?

En cuanto a la posibilidad de que el Comité Nacional del Paro y el Gobierno lleguen a un acuerdo para cesar las protestas, lo cierto es que ambas partes se reunieron el lunes en la Casa de Nariño pero no se avanzó mucho. De hecho, los sindicatos advirtieron “falta de empatía” por parte del Ejecutivo y poca disposición a “negociar de verdad” el pliego de peticiones, a lo que Duque y sus delegados replicaron que sí estaban dispuestos a “negociar” pero de forma paralela al “diálogo nacional” con gremios, estudiantes, alcaldes, gobernadores y otros sectores.

En medio de ese rifirrafe y el cruce de señalamientos en torno a la responsabilidad por los bloqueos, las marchas violentas y las acusaciones de excesos contra la Fuerza Pública, todo el país llamó a cesar los taponamientos y los desórdenes, se insistió en el respeto a la protesta social pacífica y se urgió a que Comité y Gobierno se sentarán a negociar. Incluso, se activó una mediación de la ONU y la Iglesia Católica.

Todo ello para que al cierre del viernes se anunciara que hoy se dará, por fin, esa nueva reunión ¿Qué pasará? Difícil preverlo, ya que así como hay puntos coincidentes entre las partes sobre reformas y medidas, hay otros en donde no hay posibilidad de consenso alguno. Y eso que todavía no se conoce el nuevo articulado de la reforma tributaria.

Termina así una de las semanas más críticas del país en este Gobierno, no solo por el agitado clima social, político y económico, sino porque coincidió con el pico más alto de la pandemia de covid-19, reflejo en parte de las marchas y aglomeraciones de las últimas dos semanas de paro.