Si el Gobierno no decide, como se rumoraba a comienzo de diciembre, llamar a sesiones extras en febrero, el Congreso reanudará su trabajo el 16 de marzo.
Para esas fechas, los legisladores estarán a un año de presentarse a la reelección, de manera que uno de los primeros retos será evitar que las respectivas campañas se interpongan en el normal desarrollo de las tareas parlamentarias.
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Claro que esa no será la razón por la que en lo queda de esta legislatura ni en la siguiente el Congreso aborde reformas claves anunciadas por el Ejecutivo, mismas que tanto gobiernistas como opositores consideran necesario debatir.
Es evidente que ya no alcanza el tiempo para tramitar todas las iniciativas de las que se ha hablado estos dos años largos: política, régimen pensional, justicia, laboral, reingeniería ambiental y otras más.
Esta es la hora de comenzar a priorizar el orden de presentación e incluso resignarse a que no hay ambiente político ni coyuntura socioeconómica para tramitar algunas de ellas.
En su discurso del 20 de julio, el presidente Iván Duque dijo que reformar la justicia sería uno de sus objetivos, pero todo parece indicar que el proyecto en el que trabajó arduamente la exministra Margarita Cabello quedará engavetado ante la línea trazada por el expresidente Álvaro Uribe de someter a referendo algunos temas clave de esa iniciativa.
Paralelamente avanza en el Congreso (el 28 de octubre recibió el primer sí en la Comisión Primera del Senado) el proyecto número 240 de 2020 Senado, “por medio del cual se promueve el acceso a la justicia local y rural”, radicado el 26 de agosto por el saliente procurador Fernando Carrillo, quien ha explicado que su eje central es el acceso de la ciudadanía a los servicios judiciales.
En contraste, la coyuntura de la pandemia llevó a Duque a tramitar en el Congreso la aprobación de la ley 2060 de 2020 que amplió hasta marzo la vigencia temporal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Simultáneamente prolongó administrativamente hasta junio el Ingreso Solidario; que por cierto todavía hay tiempo de volverlo permanente, proyecto que está para primer debate en la Comisión Tercera del Senado.
Salario
También estará sobre la mesa la posibilidad de lograr un acuerdo entre las bancadas para reducir el salario de los altos funcionarios del Estado, incluyendo los propios congresistas, tema en el que todos siempre dicen estar de acuerdo, pero que, como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, a la hora de votar los proyectos no se logran las mayorías requeridas para su aprobación.
La semana pasada, a propósito de la oficialización del decreto con el incremento, mal contados resultaron unos ocho proyectos, entre los radicados por el Centro Democrático y otros partidos, incluidos los de oposición, todos hundidos, por lo que podría concluirse que ni las mayorías cuentan con los votos suficientes para autorregularse, de ahí que cobre sintonía la propuesta de llevar el asunto al ya mencionado referendo promovido por el expresidente Uribe.
En ese contexto el Congreso tiene el reto de demostrar que puede bajarse el sueldo (y por ahí derecho el de todos los altos funcionarios del Estado).
Proyectos
Tras el receso de esta legislatura el Congreso tendrá en sus manos la responsabilidad de decidir la suerte de dos proyectos con mensaje de urgencia que esperan primer y tercer debates conjuntos.
Uno es para ratificar el Acuerdo de Escazú, radicado el 20 de julio por la canciller Claudia Blum y la ministra de las TIC (Karen Abudinen), así como los entonces jefes de las carteras de Interior (Alicia Arango), Cultura (Carmen Inés Vásquez), Justicia (Margarita Cabello) y Ambiente (Ricardo Lozano).
Aunque tiene mensaje de urgencia, o sea un expreso interés del Gobierno en su trámite y aprobación, han sido algunos congresistas del Centro Democrático los encargados de hacerle oposición. El ambiente en las comisiones segundas se ha aclarado, pero la incertidumbre todavía ronda el tratado de cara a su discusión en las plenarias, particularmente en la Cámara.
La otra iniciativa es la reforma a la salud, promovida por Cambio Radical y apoyada por las bancadas del Centro Democrático, el Partido Conservador y La U, así como por un legislador verde, que ya tiene lista la ponencia. Teniendo mensaje de urgencia y apoyo de las bancadas mayoritarias no debería tener tropiezos, pero como se está planteando aquí eso no es garantía de nada.
Junto a esos proyectos, hay una agenda integrada por articulados que pasaron de una a otra cámara, como el que propone adoptar medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero, se incentiva el consumo interno, se autoriza la creación del programa de donación Quiero a los Cafeteros y se declara el café como bebida nacional; el que crea un marco legal para una política migratoria integral y de largo plazo; el que establece una exención legal para el pago de las tarifas del examen de estado de la educación media Saber 11; o la que plantea la disponibilidad de tapabocas inclusivos.
En la misma situación está la muy polémica iniciativa que reduce la jornada ordinaria de trabajo y reglamenta el trabajo a tiempo parcial, o la que modifica los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo con el fin de darle protección a la mujer embarazada no trabajadora.
También hay dos que se refieren a la inducción a la mendicidad: una para la prevención y protección de la niñez, incluyendo la niñez indígena, frente a la mendicidad, indigencia, trata de personas y trabajo forzado; y otra que modifica el Código Penal colombiano ley 599 de 2000, adicionando una circunstancia de agravación punitiva al delito de trata de personas consagrado en el artículo 188–b, se modifica su parágrafo y se adiciona un segundo parágrafo al citado artículo (mendicidad como una modalidad del delito de tráfico de personas).