Se especula sobre que también el Gobierno podría incluir el tema en la reforma a la justicia

Pese a que el proyecto que busca elevar a cadena perpetua las penas contra violadores de menores se cayó en la legislatura pasada, la senadora del Partido de La U, Maritza Martínez, prepara de nuevo esta iniciativa para presentarla el próximo 20 de julio.

La senadora aseguró que pese a que las figuras políticas siempre que sucede el asesinato de un menor de edad se solidarizan con el hecho nunca se hace nada para evitar este tipo de crímenes execrables.

Sin embargo, no es la primera vez que se anuncia esta medida. En enero de 2019 luego del homicidio del niño Hans Tafur en el departamento de Caldas, se anunció que la iniciativa sería adelantada por La U y el partido Alianza Verde.

Cabe recordar que a finales del año pasado el pequeño Hans Tafur desapareció en el corregimiento de San Diego, del municipio de Samaná, en el departamento de Caldas. El niño que estaba practicando al fútbol no volvió a su casa, luego de un intenso operativo encontraron el cuerpo cerca de su hogar.

Días después dos hombres fueron capturados por presuntamente haber abusado y asesinado al menor de edad. Pese a que en su momento se prendieron las alarmas y los partidos se comprometieron, el pasado 22 de mayo los autores decidieron retirar la reforma constitucional pues ya no alcanzaban los tiempos para su aprobación.

Johana Jiménez, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez –pionera en este proyecto–, dijo que continuará insistiéndole al Congreso en la aprobación de esta propuesta liderada hace muchos años por su madre. De hecho al final del pasado periodo de sesiones la activista se dedicó a recoger los apoyos de los senadores de los distintos partidos para insistirle al Gobierno, a través de un derecho de petición, que radique y acompañe el proyecto de ley que busca implementar la cadena perpetua para violadores.

“Cada hora más de dos niños son violados en Colombia, de los más de 20.000 exámenes sexológicos que practica Medicina Legal, más de 15.000 son practicados a menores de edad y más de 2.500 exámenes por presunto abuso sexual hay que practicárselos a los bebés entre 0 y 4 años”,  dijo en su momento.

Cabe anotar que durante la Campaña, el presidente Iván Duque insistió en que el país debería acompañar el proyecto de ley, ya como presidente y luego del asesinato de la pequeña Génesis Rua en Fundación, Magdalena, aseguró que “ha llegado el momento de poner en debate público si este país debe de tener o no la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Estoy a favor de que Colombia tenga esta sanción, estos casos nos estremecen a los colombianos, nos duelen”.

De hecho, en ese momento, Duque recordó que en 2017 la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, junto a otras figuras políticas, promovieron un referendo para impulsar la cadena perpetua contra los violadores.

“El presidente Duque dio la instrucción de que se le dé celeridad a la medida de prisión perpetua para violadores, porque acá en Colombia le vamos a declarar la guerra sin cuartel a los agresores de menores de edad, pero especialmente vamos a dedicarnos a proteger a nuestros niños”, dijo en su momento la Vicepresidenta.

Sin embargo, también hay opositores a la iniciativa. Según se conoció la Comisión Asesora de Política Criminal le recomendó al presidente Duque no promover una iniciativa de este tipo pues hay una serie de convenios internacionales que se deben cumplir, además de los costos económicos que el asunto puede implicar.

“Podemos establecer que desbordaría el marco de configuración legislativa la decisión de optar por imponer la pena de muerte, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el destierro, la prisión perpetua o la confiscación, o hacer nugatorias las garantías derivadas del derecho al debido proceso”, asegura un documento de política criminal de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en la que se explica por qué en Colombia no se podría implementar este tipo de castigo.

Se sabe que la ministra de Justicia, Margarita Cabello, prepara una reforma constitucional a la justicia. Puede ser que el Gobierno decida incluir este tema en ella o presentarla a parte.