Urge una profunda elevación de los criterios de lo que juzgamos aceptable en política desde un punto de vista ético. Nueva entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría 

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Las relaciones entre ética y política son un tema de viva discusión cotidiana, ahora más que nunca. Han coincidido en el tiempo diversas circunstancias cuya resultante es demoledora para nuestras prácticas habituales y que nos va a obligar a una profunda elevación de los criterios de lo que juzgamos aceptable en política desde un punto de vista ético. Podría sintetizarse esta situación como el resultado de tres crisis: económica, política e ideológica.

En primer lugar, la crisis económica ha acentuado nuestra sensibilidad ante la corrupción. Hay conductas políticas que son inadecuadas haya o no crisis económica. La crisis no ha convertido lo bueno en malo, no ha inventado la corrupción; lo que ha hecho es modificar nuestra percepción de las cosas públicas, aumentar sobre nosotros el efecto de lo negativo.

A ello se añade una crisis política que viene de largo e incide en el juicio que la ciudadanía realiza de cuanto sucede en el espacio público. Las instituciones políticas acusan actualmente un desgaste que se produce por el desfase entre las crecientes demandas ciudadanas y el estilo todavía jerárquico de la política. La ciudadanía quiere y puede controlar o, cuando esto no resulta posible por la complejidad de los temas, no está dispuesta a que su delegación se extienda ilimitadamente o sin la correspondiente rendición de cuentas.

Todo esto se complica con una crisis ideológica de diversa valoración. Lo que pretendo decir con esto es que se ha debilitado la capacidad que los agentes políticos tienen de instrumentalizar las ideologías, es decir, de servirse de ellas como disculpas que justifican cualquier comportamiento. La sociedad no ha disuelto absolutamente sus diferencias; sigue habiendo izquierda y derecha, así como diversas identificaciones nacionales, pero estas construcciones ideológicas sirven cada vez menos para esconder otras cosas.

Tres consecuencias

¿Qué efectos tiene esta triple crisis en la política? Podríamos sintetizarlos, a su vez, en tres consecuencias: la política se ha personalizado en la misma medida en que se ha desideologizado, los procedimientos se han erigido como el asunto político central y se reclaman con más intensidad grandes acuerdos políticos.

La personalización de la política tiene mucho que ver con el desdibujamiento de los perfiles ideológicos. Las propiedades personales de quienes hacen la política se han puesto en el primer plano de la escena. Nos fijamos menos en lo que dicen que en si ese discurso se corresponde con lo que hacen y, sobre todo, con lo que son. Nuestras preferencias políticas se configuran cada vez más en función de propiedades personales como la ejemplaridad, la honestidad, la competencia o la confianza que suscitan, mientras que las franquicias han entrado en un profundo descrédito.

Una consecuencia inevitable de lo anterior es que valoramos más los procedimientos que los resultados. El debate público se viene centrando últimamente en cuestiones acerca del modo como se toman las decisiones políticas y su calidad democrática: transparencia, información, participación, rendición de cuentas, control ciudadano, independencia de los reguladores son ahora la sustancia de la vida política.

En medio de una grave crisis esta incapacidad no es comprendida por la ciudadanía, que reclama grandes acuerdos. La vida política está regida por un cortoplacismo y un tacticismo que absorben la atención pública y terminan hastiando a los ciudadanos. El principal problema de esta manera de proceder es que nos impide abordar ciertos asuntos que requieren o una perspectiva de largo plazo o acuerdos más amplios que los meramente necesarios para conseguir una minoría suficiente. Los acuerdos son deseados y valorados. O, al menos, cabe constatar que no se entienden los desacuerdos que no tienen una buena razón, distinta de la de sobresalir en la competición electoral.

Escenario de solución

A esta triple crisis, con una triple consecuencia, le corresponde también un triple escenario de solución: la conciencia privada, la judicialización de la política y la ética pública.

Suponemos en quienes se dedican a la política una conciencia moral y respetamos su juicio, pero también somos conscientes de sus límites cuando se trata de juzgar comportamientos públicos. Que al interesado no le reproche nada su conciencia no es un dato irrefutable que zanje cualquier discusión ulterior. Puede uno tener la conciencia muy tranquila y ser un impresentable o, al menos, alguien que no nos debería representar.

La segunda consecuencia es la judicialización de la política, que aparece como una tabla de salvación para los fracasos de la política, ya sea en relación con los fines que se propone como en la impugnación de los medios inmorales. El recurso a los tribunales es un derecho y, en ocasiones, una obligación, pero tiene sus limitaciones. Su abuso es, de entrada, un síntoma que conviene analizar. Pone de manifiesto una escasa capacidad de la política para articular ciertas demandas y que no hay cauces propiamente políticos para articular las exigencias de responsabilidad; pero también revela una falta de competencia de los agentes políticos que tratan de ganar en el terreno judicial lo que no han sido capaces de obtener en el plano político.

La ética pública se presenta, finalmente, como un espacio que debe ser configurado entre el derecho y la moral personal. Nuestras legítimas exigencias democráticas desbordan la conciencia privada y son más amplias que actuar dentro de los márgenes de lo jurídicamente irreprochable. Llamamos ética pública al conjunto de criterios, prácticas e instituciones que regulan el espacio delimitado por la conciencia privada y el derecho penal. No puede ser que haya, por así decirlo, un vacío entre la conciencia personal y los tribunales, una zona ciega del sistema político, una caja negra o una tierra de nadie, entre lo penalmente sancionable y el ámbito privado de la conciencia.

La ética sin más no garantiza la buena política; lo éticamente correcto no equivale a lo políticamente competente, aunque lo segundo requiere lo primero. Un gobierno éticamente intachable no es necesariamente un buen gobierno, aunque no puede haber un buen gobierno si no se respetan unos mínimos éticos. Las comisiones y los códigos éticos tratan de asegurar esos mínimos, nada menos, pero nada más.

* Catedrático de Filosofía Política e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Acaba de publicar el libro “Una teoría de la democracia compleja” (Galaxia-Gutenberg) @daniInnerarity