Procuraduría y Fiscalía han cuestionado la aceptación de los sometimientos de los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton a la justicia transicional

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Esta semana la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación cuestionaron la aceptación de los sometimientos de los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Los dos organismos indicaron que los hechos asociados al ‘Cartel de la Toga’ ni las conductas relacionadas con el ‘Cartel de la Hemofilia’, que son casos de corrupción administrativa, cumplen con los requisitos exigidos para ingresar al órgano de justicia transicional.

Como informó EL NUEVO SIGLO, el Ministerio Público anunció que apelará el sometimiento de Besaile Fayad con el argumento de que esta jurisdicción no puede convertirse en el “burladero de los carteles de la corrupción”.

“La JEP no puede convertirse en un escampadero de corruptos”, puntualizó el Procurador y agregó que las puertas de la justicia transicional “no pueden ser vulneradas para intentar burlarse de la justicia y la sociedad y pretender cubrir con un manto de impunidad delitos que no tienen relación alguna con el conflicto”.

El Ministerio Público recordó que el caso de Besaile fue abierto por los presuntos delitos de peculado por apropiación y cohecho según grabaciones de las autoridades estadounidenses, y que dieron lugar al ‘Cartel de la Toga’ y luego al llamado cartel de la hemofilia.

A mediados de este mes la JEP aceptó el sometimiento de Besaile, quien fue detenido en agosto de 2017 tras descubrirse que pagó $2.000 millones para engavetar un expediente por parapolítica. “El compareciente se encuentra en la obligación no solo de reconocer los hechos delictivos en los cuales participó, un aporte exhaustivo, sino que estos se deben ver reflejados en una materialización a la garantía de no repetición de las víctimas”, indicó las JEP.

Sin embargo, la Sala aclaró que esto no significa que el excongresista recibirá los beneficios y, por ahora, continuará privado de libertad mientras se analiza su caso.

Caso Ashton

En una carta enviada por la Fiscalía General a la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, el ente investigador pide que se resuelva un nuevo conflicto de competencias que se presentó con la investigación que el excongresista Álvaro Ashton tiene por ‘cartel de la toga’. La Fiscalía argumenta que este caso debe permanecer en justicia ordinaria porque no tiene relación con el conflicto armado.

“La finalidad de la presunta conducta cohechadora de Ashton Giraldo era evadir la acción de las autoridades judiciales y socavar la integridad de la rama judicial”, señaló el texto de la misiva.

Para el fiscal General encargado, Fabio Espitia, “el acto de corrupción no tiene, y no puede, tener ninguna relación con el conflicto. La Fiscalía considera que este es simplemente un instrumento procesal que puede ser utilizado para evitar este juicio de responsabilidades por actos típicos de corrupción”.

En julio pasado, ya el exsenador liberal había sido admitido en la JEP y, por ello, recibió el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada. Se comprometió a entregar información efectiva y documentada sobre un grupo de altos funcionarios que habrían tenido relación con este caso de corrupción en la Rama Judicial, principalmente en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Opiniones

Kenneth Burbano Villamarín, exmagistrado auxiliar de la JEP y actual director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, afirmó que “tanto en los casos de Musa Besaile, Álvaro Ashton y otras personas que acudieron o acudan a la JEP, este componente de justicia transicional solamente será competente para conocer y juzgar esas conductas que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado; la JEP no solo investiga obligatoriamente a excombatienentes de las Farc, a miembros de la Fuerza Pública sino también en forma voluntaria a civiles y otros agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública que hayan sido procesados o cometido delitos relacionados con el conflicto armado”.

Para el jurista, la corrupción, o la obtención de favores para elecciones son “delitos cuya competencia le corresponde a la justicia ordinaria. Con todo, el conflicto armado es muy complejo y no se puede cerrar la puerta de la JEP a quienes hayan tenido vínculos con el paramilitarismo, esos civiles deben aportar significativamente a la verdad y reparar a las víctimas”.

Por su parte, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal General, manifestó estar de acuerdo con lo expuesto con el procurador Carrillo y el fiscal Espitia.

“Estoy de acuerdo tanto con la posición del Fiscal como con la del Procurador. Las personas van a  la JEP porque van a confesar hechos en los cuales ellos participaron asociados directa o indirectamente al conflicto armado. Es clarísimo que los casos de corrupción no pueden hace parte. Entiendo que no es una decisión definitiva, pero en general casos de corrupción no deberían ir a la JEP”, expresó.

Por su parte, Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador General, señaló, en primer término, que “la competente para definir si se entra a la JEP o no es la misma jurisdicción especial”.  

Para el exjefe del Ministerio Público, “no puede mirar cada uno de los delitos de manera autónoma sino que tienen que mirarse en conjunto para determinar si corresponde o tienen relación con el conflicto. Yo entiendo que se habla de haberle entregado plata a la Corte para trancar un proceso de paramilitares. En consecuencia hay que mirar ese conjunto: a quién se iba a proteger, qué clase de proceso se estaba paralizando y no simplemente determinar un hecho como acto corrupto como independiente. La JEP mira dentro de un contexto si hay relación” concluye.