El Gobierno nacional le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisar si Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, puede seguir ocupando curul en el Senado tras confesar que atendiendo una orden del ‘secretariado’ de la entonces guerrilla de las Farc, que le trasmitió el ‘Mono Jojoy’, coordinó en Bogotá el crimen del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado.
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Así lo anunció ayer Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz. “El Gobierno colombiano, en ejercicio del seguimiento y cumplimiento al acuerdo de paz, le solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que de acuerdo con lo consagrado en la Ley Estatutaria de la misma, se evalúe la compatibilidad del ejercicio del cargo de senador de Julián Gallo, con el reconocimiento que acaba de hacer”, dijo.
No obstante, el Comisionado dijo a Caracol Radio que el Gobierno no tendría que hacer dicha solicitud pues “la propia Ley Estatutaria establece que cuando una persona que está en el marco de la JEP y reconoce, dentro de su obligación de decir verdad, la comisión de un determinado delito, la JEP debe aplicar algo que se llama en esa legislación las sanciones propias, y una de las sanciones propias tiene que ver con la restricción del derecho de residencia o libertad de residencia y de la libertad de movilidad. Entendemos que algo tan grave como lo que acaba de reconocer el senador Lozada es que la JEP de inmediato debe aplicar esa Ley y tomar una decisión sobre esa compatibilidad en la continuidad en el cargo”, afirmó Ceballos.
Reacciones
La confesión del senador Lozada así como el ulterior pedido del Gobierno a la JEP generaron reacciones encontradas en el Congreso y otros sectores políticos.
Desde el Centro Democrático siguen las dudas sobre la veracidad de la confesión de ocho excomandantes de las antiguas Farc respecto de que esa organización ilegal dio muerte a Gómez Hurtado, según reveló la JEP el pasado sábado en carta que firman varios de sus parlamentarios.
El exprecandidato presidencial y exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza, expresó que “lo dicho, Lozada es quien se echa la culpa del magnicidio de Gómez Hurtado. Los demás convenientemente muertos: ‘Jojoy’, que la ordenó, ‘Tirofijo’, que habría confirmado la orden, y los cuatro guerrilleros que la habrían ejecutado”.
En tanto que la senadora Paloma Valencia dijo que “Farc no ha dicho la verdad y se ha silenciado sobre secuestros, masacres, violaciones y reclutamiento, pero sí se atribuye el magnicidio del doctor Álvaro Gómez; quieren usurpar una investigación”.
Mientras que Gabriel Velasco, vocero del Centro Democrático en Senado, señaló “a pesar de que la familia Gómez ha manifestado sus dudas sobre esta versión, en caso de ser comprobada, sobre Lozada debe caer todo el peso de la ley”.
Por su parte, el senador Ernesto Macías dijo que “integrantes del brazo político Farc, no debieron ir al Congreso antes de pagar por sus crímenes de lesa humanidad. El de La Habana fue el peor acuerdo posible”.
Entre tanto, el senador Santiago Valencia señaló que “la orden la dio uno que no puede ser juzgado y Carlos Lozada se culpa ante la JEP que no hará nada. Se le escapa un detalle, si llegara a estar mintiendo, debe perder su curul y pasar a la justicia ordinaria”.
En contraste, por los lados del Partido de la U el senador Roy Barreras señaló “la declaración de Julián Gallo estremeció al país porque la verdad de la guerra es estremecedora. Gracias al acuerdo de paz por vez primera se esclarece un magnicidio. Que el comisionado Ceballos sugiera que salga de la curul es pura ignorancia sobre la Justicia Transicional”.
Por su parte, el Partido Conservador en un comunicado reiteró ayer “su preocupación por el hecho de que, tras 25 años de haberse producido el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes no hayan conducido a la aplicación de la debida justicia”.
Expresó además temor por el riesgo de que las declaraciones de excomandantes de Farc ante la JEP atribuyendo ese crimen puedan obstaculizar e, incluso, impedir las investigaciones que se adelantan en la Fiscalía.