Ya está corriendo el tiempo para que las comisiones que designaron los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Ernesto Macías y Alejandro Carlos Chacón, respectivamente, presenten sendos informes acogiendo o negando las objeciones que hizo el presidente Duque a seis artículos del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Mientras tanto sigue la polémica nacional entre quienes defienden la existencia de esta jurisdicción para aplicar justicia transicional a ex integrantes de las Farc y los militares que quieran acogerse por los graves delitos que se cometieron en el largo conflicto armado, y los que piensan que generará impunidad y no garantizará el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación.

La representante por el Huila, Flora Perdomo, indicó sobre el particular que las sociedades más avanzadas han entendido que las “heridas profundas que deja la existencia de un conflicto requieren de mecanismos de acuerdo y negociación a lo que se le suma la aplicación de una justicia especial, un instrumento jurídico contemplado en el derecho internacional”.

Añadió la congresista liberal que “para el caso colombiano” la JEP “se constituye en la alternativa y el camino para consolidar un proceso de paz que ha permitido reducir de manera significativa el número de muertos diarios en el país, así como la cantidad de heridos que se atienden en centros asistenciales de toda Colombia”.

“Los detractores de este sistema han centrado sus críticas en la impunidad que pudiera existir en lo relacionado con los delitos sexuales. Esas inquietudes no se pueden desestimar y por ello quienes están al frente de ella tienen una inmensa responsabilidad con las víctimas, pero también tienen el reto de demostrar que pese a la oposición están en capacidad de producir hechos que den esperanza y garantía de justicia, verdad, reparación y no repetición”, agregó.

Por su parte la representante por Antioquia, Margarita Restrepo, consideró que “la credibilidad y confianza” en la JEP “es cada vez menor. El principal enemigo de ese tribunal es él mismo. La corrupción y la politiquería se apropiaron de la justicia que el gobierno anterior diseñó a la medida de las exigencias elevadas por la banda terrorista de las Farc”.

Añadió la congresista uribista que “uno de los grandes crímenes atroces cometidos por las Farc es el del reclutamiento forzado y sistemático de menores de edad, conducta que afectó a miles de niños en todos los rincones del país”. No obstante, dijo, “ahora que la JEP está en medio de un nuevo escándalo de corrupción -el del corrupto fiscal Bermeo no es el primero ni será el último caso- los directivos de ese tribunal, pensando en desviar la atención y no en los derechos de las víctimas, se acordaron de los menores reclutados y decidieron llamar a los jefes de las Farc para que empiecen -hasta ahora- a dar sus explicaciones”.