LOS CONGRESISTAS de Senado y Cámara, explicaron que tiempo no hay para discutir y aprobar un proyecto de acto legislativo que requiere la iniciativa en el legislativo y en la Corte Constitucional.

Así se ve el panorama en el Senado

Congresistas de la Comisión Primera, explicaron sobre la polémica propuesta. Inicialmente el senador del Partido Liberal Alejandro Chacón dijo “Al fast track no le veo viabilidad. Creo que eso debe hacerse si se requiere vía legal, porque tiene que cumplir con los trámites legales y constitucionales necesarios”.

A su turno, el senador Alfredo Deluque del Partido de La U señaló que “ahora, vemos como el presidente cambia su propuesta porque al principio solo hablaba de ‘fast track’ para las iniciativas del gobierno en el Congreso, hoy quiere limitarlo, ante todas las críticas y ante la oposición que ha tenido esa idea a los acuerdos de paz”.

No obstante, añade que “yo creo que lo primero que debe hacer el presidente es concretar los acuerdos de paz que están bastante enredados, vemos todas las semanas como son incumplidos estos acuerdos y aumenta el accionar de grupos al margen de la ley en el país. Primero, se debe concretar un acuerdo de paz, y luego veremos la forma en que se deben implementar y si es necesaria la intervención del Congreso. Sencillamente lo que necesitamos es que haya acciones en favor de una voluntad de paz, cosa que no hemos visto por parte de los grupos ilegales al margen de la ley en estos momentos”.

Por su parte, el senador David Luna de Cambio Radical argumentó que “para agilizar la implementación del Acuerdo de Paz no se necesita más que voluntad política y eso no lo ha tenido este Gobierno. Un ‘fast track’ solo debilitaría el ejercicio democrático del Congreso y resultaría siendo un mecanismo para aprobar a pupitrazo todas las iniciativas que pretende pasar el gobierno Petro. Como raro, el presidente proponiendo curas a enfermedades inexistentes solo para justificar su incompetencia”.

Así mismo, la senadora Paola Holguín del Centro Democrático indicó que “los colombianos deberíamos unirnos en torno a la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y la Constitución. Hoy tenemos enorme preocupación por el anuncio del ‘fast track’, un mecanismo abreviado que llevaría a reducir a la mitad los debates para los proyectos de ley, y los proyectos de acto legislativo. En su momento en 2016 y 2017 hizo mucho daño a la democracia, a la institucionalidad, a la división de poderes y al debate democrático este procedimiento abreviado”.

Luego sostuvo que “los colombianos deberíamos defender sin ninguna distinción que se acaten los principios básicos de la democracia, que se defienda la constitución de 1991 y que no pasemos por encima de los procedimientos reglados que contiene la carta política”.

Igualmente, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro defendió la iniciativa: “El presidente Gustavo Petro acierta con su propuesta de ‘fast track’ para la implementación de los acuerdos de paz. Ello, es una obligación nacional e internacional del Estado colombiano que ha sido flagrantemente incumplida. No es solo responsabilidad del ejecutivo; los demás poderes públicos tenemos el deber constitucional de cumplir con lo pactado y contribuir al cierre definitivo de los ciclos de violencia en el país”.

El senador Iván Cepeda, también de la bancada del Pacto Histórico, aseveró que “a través de esta propuesta, el presidente hizo la invitación a un acuerdo nacional y de base no solo para avanzar en la implementación del acuerdo de paz, sino también para adelantar conversaciones sobre la reforma agraria, y las reformas sociales”.

El ambiente que se respira en Cámara

Si por el Senado llueve, por la Cámara de Representantes no escampa. Pues para varios congresistas explicaron que la propuesta de ‘fast track’ no tiene futuro. La representante de la Coalición Centro Esperanza Jennifer Pedraza expresó que “para que el Congreso de la República pueda tramitar iniciativas legislativas del gobierno mediante un ‘fast track’, se necesita un acto legislativo que tardaría cerca para aprobar ese tipo de trámite y a cuáles proyectos de ley podría aplicar”.

También dijo que “desde mi perspectiva sería otra forma de perder el tiempo del Gobierno nacional porque, además, así como lo ha planteado el senador Humberto de la Calle, la mayoría de los puntos del acuerdo de paz que aún restan por ser implementados no requieren necesariamente una ley o una modificación legislativa, sino voluntad política y presupuesto por parte del Ejecutivo”.

Añadió que “es decir, que aún mediante ‘fast track’, estas reformas empezarían a discutirse en el Congreso a partir del 20 de julio de 2025, al final del gobierno y al final de este periodo legislativo. Creo que estamos más ante una propuesta política de cara a las elecciones de 2026”.

Igualmente, el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático afirmó que “la propuesta es inviable desde el punto de vista político y jurídico. Desde lo político porque implicaría la presentación de un acto legislativo que tardaría no menos de un año, y que concentraría todo el esfuerzo de opinión y de desgaste del Congreso en ese propósito que lo que busca es abreviar el proceso legislativo haciéndole un quite o una desviación a la Constitución. Creo que el gobierno está en su cuenta regresiva y poco o nada le contribuiría abrir un debate de ‘fast track’ a esta altura. Bajo la hipótesis de que llegara a ser aprobado por las mayorías del Congreso, tendría que surtir un examen de constitucionalidad en la Corte”.

De la misma manera, mencionó que “uno podría pensar que tiene todas las de perder en el entendido que no se trata de una norma o un contenido excepcional o con unidad de materia, sino simplemente un ‘fast track’ para aprobar proyectos de ley ordinarios de distintas materias de la visión de un gobierno y eso no sería justificable. Petro perdió dos años, simplemente comprando el Congreso por la vía de la Unidad de Gestión del Riesgo, habiendo podido llegar a las conciliaciones de unos textos a través de acuerdos, pero cuando se aproxima un acuerdo como el que se halló en la reforma a la educación, el gobierno prefirió ceder ante la presión de sus financiadores”.