La presidente de Redepaz considera que ha faltado mayor integralidad en las medidas de reparación que aplicadas hasta el momento.

Con la entrada en vigor de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras el pasado 1 de enero, también se puso en vigor todo un andamiaje para su aplicación en el ámbito nacional.
En ese sentido entre los cambios se cuenta la desaparición de la Comisión Nacional de Rehabilitación y Reparación (CNRR), la cual fue establecida en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Parte de sus funciones fueron asumidas por la recientemente creada Unidad Administrativa de Atención y Reparación.
Sin embargo, hay un cambio significativo: desapareció la representación de la sociedad civil que se mantuvo en la CNRR que operó por cerca de cinco años.
EL NUEVO SIGLO dialogó sobre el tema con Ana Teresa Bernal, quien funge como presidente de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz) e hizo parte de la CNRR como una de las representantes de la sociedad civil.
EL NUEVO SIGLO: ¿Hay representación de la sociedad civil en la Unidad Administrativa de Atención y Reparación?
ANA TERESA BERNAL: No, es una entidad gubernamental, la persona que la dirige se llama Paula Gaviria, y no hay representación de la sociedad civil. Se piensa crear unas mesas de víctimas que todavía no se han reglamentado y no se han creado.
ENS: ¿Cómo ve usted que no haya representación de la sociedad civil en este organismo de reparación y de reconciliación?
ATB: Yo creo que siempre hace falta una instancia de sociedad civil, una instancia en donde la sociedad civil pueda opinar, participar, proponer en esas instancias como intermedias, en donde esté la sociedad civil y esté el Estado porque me parece que son miradas diferentes.
ENS: ¿En la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Nacional, cuántos representantes de la sociedad civil había junto con usted?
ATB: Había cinco representantes de la sociedad civil y dos de las víctimas: Patricia Buriticá, Jaime Jaramillo Panesso, Óscar Rojas, monseñor Nel Beltrán; y dos personas en representación de víctimas, que eran Régulo Madero y Patricia Perdomo.
ENS: ¿Y cómo ve el papel que cumplirá la Unidad Administrativa de Atención y Reparación en el marco de la Ley de Víctimas?
ATB: Pues el papel es totalmente ejecutivo, debe ser eficiente, debe ser cuidadoso de que no se re-victimice a las personas que han sufrido la violencia, debe ser un papel trascendental realmente el que tiene que jugar la nueva Unidad Administrativa de Atención y Reparación a las Víctimas. Igual que la Unidad de Restitución de Tierras, pero tiene que cuidarse mucho de que no haya re-victimización, porque muchas veces el Estado, digamos, con muchos requisitos y vericuetos que tienen a veces, hace que las víctimas tengan que esperar, como de hecho han esperado, muchísimo tiempo para ser reparadas.
ENS: ¿Considera que ha habido reparación en el marco de la justicia transicional que se inició con la Ley de Justicia y Paz en 2005?
ATB: Yo pienso que ha habido medidas de reparación parciales, ha faltado mayor integralidad, ha habido indemnizaciones a un número de víctimas que ha reclamado y solicitado, no a todas las que han solicitado, pero sí ha habido indemnizaciones por el Decreto 1290; ha habido cierta atención psicosocial, pero ha faltado más en ese sentido, y lo que hay que hacer ahora es como desarrollar una política más fuerte, más vigorosa, más eficiente y más integral para poder reparar a las víctimas de una manera que sientan que han sido reconocidas y han sido tenidas en cuenta y han sido verdaderamente reparadas.
Se necesita una política más sólida y más integral que en este momento. Se han hecho medidas de reparación parciales, pero que no han logrado toda la integralidad de las personas para que sientan que hubo reparación.