UN INCREMENTO en el desplazamiento y confinamiento de población en el suroccidente del territorio nacional prevé la Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), como consecuencia de la suspensión del cese el fuego con el Estado Mayor Central de las Farc en Nariño, Cauca y Valle. El reinició de las operaciones militares comenzó el pasado miércoles por decisión del presidente Petro contra esta disidencia por su incumplimiento con lo pactado.
“Hemos monitoreado el desplazamiento, en este año ya superamos mil casos de desplazamiento forzado masivo desde la firma del Acuerdo de Paz (en 2016), y obviamente la mayor parte de esos acontecimientos se han dado en la costa Pacífica departamentos como Nariño, como Cauca, como Chocó, el Valle. Obviamente también hay afectaciones en otras regiones del país como la zona de Catatumbo, que está muy sometida a rigores de violencia; la zona de Arauca, la zona del sur de Córdoba, Antioquia. Es decir, las zonas afectadas incluso han crecido desde la firma del Acuerdo a ahora”, explicó a EL NUEVO SIGLO el director de Codhes, Marco Romero Silva.
Agregó el académico que en este Gobierno se ha visto la disminución en el desplazamiento en algunas regiones. “Por ejemplo, cuando se presentan ceses del fuego con el Eln o ceses del fuego en general, hemos visto disminución de estas hostilidades, en Buenaventura, en Antioquia también las negociaciones con las bandas”.
No obstante, anotó Romero, “a veces también genera la lógica de que el que está ejerciendo una violencia desde una agrupación de estas, pues busca tener un reconocimiento determinado en las negociaciones, y para escalarlo a veces desarrollan más acciones de violencia, como hemos visto en la costa Caribe”.
En cuanto a qué podría ocurrir en materia humanitaria en el suroccidente del país por la suspensión del cese el fuego con las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, que había sido prorrogado hasta mediados del presente año, Romero advirtió que “pienso que vamos a tener desafortunadamente cifras difíciles en materia de desplazamiento, pero hay que hacer un llamado a estos grupos y al Gobierno para buscar reencauzar esas negociaciones, a fin de ir cerrando esos conflictos. El objetivo tiene que sacar esa violencia de la vida social y política en Colombia”.
¿Qué pasó en 2023?
Al principio de este mes la Defensoría del Pueblo entregó un informe a la Corte Constitucional en donde deja constancia que para el 2023 se presentaron 154 eventos de desplazamiento forzado masivo en el territorio nacional. Esta cifra representa un incremento del 7% en comparación con el año 2022, cuando hubo 144 eventos.
Los 154 eventos de desplazamiento afectaron principalmente a cinco departamentos: Nariño, con 38% de los eventos; Chocó, 12%; Antioquia y Valle del Cauca, con 10% cada uno, y Cauca, con 8%.
Los meses que presentaron un mayor incremento en el número de eventos fueron julio a septiembre (tercer trimestre), con 56. Frente al año 2022, cuando el mes con más afectación fue enero con 31 eventos.
Frente a la conducta vulneratoria de confinamiento, para el 2023 se presentaron 215 eventos, lo cual representa un incremento del 63% respecto al 2022, cuando se registraron 132. Entre los departamentos más afectados están Chocó, con 123 eventos; Putumayo, con 22, y Nariño, con 21.
La Defensoría indicó que preocupa que el 30% de los eventos de confinamiento afectan a comunidades negras; el 50% a población indígena y el 30% restante de los eventos han afectado a la población campesina, en los años 2022 y 2023.
Finalmente, en cuanto a los eventos de riesgo de desplazamiento masivo forzado y/o confinamiento para el año 2023, se registraron 124 eventos en donde los departamentos con mayor afectación fueron Caquetá, con 26 eventos registrados; Antioquia, Chocó y Putumayo, con 11 eventos.