La comunidad de Barrancominas, Guainía, compuesta por unas ocho mil personas que en su mayoría pertenecen a las comunidades indígenas de Piapoco, Guahibo, Puinave y Sikuani, entró de lleno al programa de sustitución de cultivos ilícitos, tras la firma del acuerdo para ser incluido en el Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA).
Este programa busca propiciar iniciativas para infraestructura, promover la protección ambiental y formalizar la propiedad. La comunidad aprobó 182 iniciativas PISDA, todas ellas con el propósito de beneficiar en el tiempo a 1.143 familias indígenas de siete comunidades y tres resguardos, lo mismo que a 115 familias campesinas.
“Celebramos con entusiasmo que la Paz con Legalidad llegue a Guainía: las comunidades indígenas y poblaciones alejadas, también son Colombia. Nos debemos a ellas”, dijo el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
La firma del PISDA, reunión a la que acudieron indígenas, colonos y campesinos de este inmenso territorio de 64 mil kilómetros cuadrados que conforman a Barrancominas, considerado el municipio más joven de Colombia, se convirtió en todo un acontecimiento por la presencia institucional en un territorio que marca la frontera con Venezuela y Brasil.
Archila explicó en el acto que se realizó en la institución educativa Manuel Quintín Lame, que los PISDA son una herramienta participativa de Gobierno y comunidades que promueve la sustitución de cultivos ilícitos y están enfocados a combatir la ilegalidad, ejecutar obras de infraestructura rápida, formalizar la propiedad y, promover la sostenibilidad y la recuperación ambiental.
“A estas familias les estamos cumpliendo en los componentes de Atención Alimentaria Inmediata, Seguridad Alimentaria y Asistencia Técnica con una inversión hasta el momento de $400 millones”, dijo el funcionario.
A nivel nacional ya son casi 100 mil familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos al que le han asignado $1,4 billones, de los cuales $1,1 billones ya se han invertido. Están en ejecución $950 mil millones.
Por su parte, la alcaldesa de Barrancominas, Norela Rodríguez, señaló que “nosotros, quienes aquí sufrimos la guerra, queremos vivir la legalidad y seguir haciendo patria en la Colombia profunda”.
A su turno, el gobernador de Guainía, Juan Carlos Iral, pidió a las comunidades confiar en el mañana para que cuando pase la pandemia, se puede empezar a construir un nuevo futuro, sin cultivos de coca y sin violencia, amparados en los beneficios del programa.
El PISDA de Barrancominas
El director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Hernando Londoño, explicó que en agosto de 2020 se instaló la Comisión Municipal de Planeación Participativa, se efectuó la socialización del PISDA y se realizaron las Asambleas Comunitarias Campesina e Indígena, respetando el enfoque étnico de un municipio mayoritariamente indígena, compuesto por los pueblos Piapoco, Guahibo, Puinave y Sikuani.
También contó con la participación de las comunales, las autoridades tradicionales indígenas e instituciones del reciente constituido municipio de Barrancominas.
La ejecución del programa PISDA ciñe en la participación articulada con las autoridades locales y la comunidad, en especial las asambleas comunitarias, absolutamente vital.
Hasta el momento los ocho municipios PISDA son: Cumaribo, Vichada; Barrancominas, Guainía; Rosas, y Piamonte, Cauca; Dagua, Bolívar y El Dovio en Valle del Cauca; e Ipiales, en Nariño.
El consejero Archila explicó que la puesta en marcha de los PISDA está conformada por seis componentes:
- Los Planes de Atención Inmediata y Desarrollo de Proyectos Productivos (PAI) son ejecutados por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
- Implementación de obras de infraestructura rápida.
- Componente de sostenibilidad y recuperación ambiental.
- Plan de formalización de la propiedad.
- Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población.
- Cronograma con sus respectivas metas e indicadores a finales de 2020. Es importante destacar que el artículo 9 del decreto 896 de 2017, indica que la vigencia del PNIS será de 10 años, en armonía con la señalada para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.