El magistrado Eduardo Cifuentes, quien preside la Jurisdicción Especial para la Paz, lamentó el atentado que sufrieron siete uniformados de la Policía Metropolitana de Neiva, que fallecieron tras un atentado al vehículo en el que se movilizaban por la vereda Corozal del corregimiento de San Luis, en Neiva (Huila).
Y fue enfático al decir que estas organizaciones al margen de la ley, como las disidencias de las Farc, deben estar sometidas a la justicia ordinaria.
“A la JEP no pueden llegar de ninguna manera sino organizaciones que tienen por lo menos una finalidad política y por consiguiente organizaciones que están dedicadas al narcotráfico y este tipo de acciones de criminalidad, que rechazamos absolutamente, deben estar siempre sometidas a la justicia ordinaria”, dijo a RCN Radio.
“Nos duelen profundamente los ataques contra la Fuerza Pública; nos conmueve y exigimos que el Estado los investigue, juzgue y sancione a quienes han incurrido en estos graves delitos contra miembros de la Fuerza Pública. Al mismo tiempo esto va contra cualquier idea de paz total”, señaló Cifuentes.
Manifestó que uno de los ejes del gobierno del presidente Petro es y seguirá siendo la paz y lo que espera de los órganos judiciales y de investigación es que de manera inmediata investiguen y se sancione a estas personas. “Es importante que el país en este momento rodee a la Fuerza Pública”, afirmó.
Retenes ilegales
La JEP había publicado un informe en el que se señala que casi el 20% del país se ha visto, o está, afectado por la instalación de retenes ilegales, los cuales perturban el derecho a la libre movilidad, e indicó que el ‘Clan del Golfo’ es el actor que más está incursionando en esta práctica.
Según las estadísticas recopiladas, durante el 2022, el ‘Clan del Golfo’ ha impuesto al menos 58 de esos retenes, grupo seguido por el Eln, con 33 y las disidencias de las Farc-EP con cinco.
Desde la JEP aseguran que sus funcionarios se han visto afectados en repetidas ocasiones por estos hechos, impidiendo realizar sus respectivas labores, dificultando la notificación judicial de los casos a los involucrados, entre muchos otros problemas.
Los dos grupos que más realizaron esta actividad durante 2022 fueron el ‘Clan del Golfo’ y el Eln, seguramente relacionado con los paros armados que impulsaron durante este año. Muy lejos de estos grupos se hallan las disidencias de las Farc quienes no realizan regularmente esta actividad.
En el listado de las poblaciones afectadas se encuentran, por ejemplo, Bello, Barranquilla, Barrancabermeja, Cali, Cúcuta, Envigado, Itagüí, Imués, Montería, Pasto, Quibdó, Sabaneta, San Gil, Valledupar, entre muchos otros.
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Sobre Mancuso y ‘Jorge 40’
Cifuentes agregó que en el caso de la audiencia que será convocada con la presencia de los jefes de las autodefensas Salvatore Mancuso y alias ‘Jorge 40’, se espera conocer la verdad.
En total: 216 municipios son los que se encuentran afectados, según la JEP, los retenes son usados como “mecanismo de demostración de poder y desafío a la autoridad estatal”, sumado a que unos 81 ejes de movilidad o seguimientos viales evidencian la falta de presencia del Estado, pues no se le garantiza a la ciudadanía el libre derecho a la locomoción.
“En el caso de que queden comprometidas otras personas eso quiere decir que la investigación tiene que proseguir en estos mismos términos porque de lo que se trata es satisfacer los derechos de las víctimas, buscar la mayor verdad, para la sociedad colombiana sobre la base de verdad total”, resaltó.
Recalcó que la verdad plena y detallada para Mancuso y ‘Jorge 40’ está condicionada a que delaten a máximos responsables como generales, líderes políticos y otros altos agentes del Estado, en aras de conocer ese entramado criminal.
“La condición para el efecto es que logren acreditar que fueron sujetos incorporados a la Fuerza Pública y que por tanto participaron activamente en patrones de criminalidad conjunta, que tiene que aportar toda la información de su red y aparato militar conexiones con la Fuerza Pública y otros sectores y segmentos de la sociedad”, dijo.
El magistrado aseguró que, de ser aceptados en la JEP, estos podrían recibir beneficios a cambio de la verdad que presenten.