El componente ambiental es una de las prioridades dentro del enfoque de la reforma tributaria que presentó el gobierno Petro al Congreso. De hecho, la iniciativa plantea mayores gravámenes para los sectores mineros, especialmente para las exportaciones de petróleo, carbón y oro, cuyas cotizaciones han sido altas en los mercados internacionales en el último año.

El proyecto impositivo propone un impuesto a la exportación de esos productos minero-energéticos. Para ello se define un precio base, que permite la producción estable y rentable. A partir de ello, al diferencial entre el precio de mercado y ese precio base se le quita el 10% como tributación para financiar el gasto social. El monto propuesto será del 4,6% del valor de las exportaciones petroleras; 7,6%, para el carbón y 7,8% para el oro.

Igualmente dentro del enfoque ambiental se plantea un impuesto a los plásticos de un solo uso y se amplía la base al impuesto al carbono.

EL NUEVO SIGLO habló con el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, sobre los objetivos de estos tributos y otros aspectos clave de la reforma que ya discute el Parlamento.

EL NUEVO SIGLO: En las primeras reacciones al texto de la reforma se afirma que mayores impuestos a combustibles, petróleo y carbón podrían encarecer el costo de vida en un momento de pico inflacionario a nivel local y mundial ¿Qué tan cierto es esto?

LUIS CARLOS REYES: Hay varios impuestos ambientales que se están proponiendo: el impuesto al carbono, que tiene que aplicarse al carbón, un rubro al que no le habían aplicado hasta ahora, y se van a buscar impuestos a la exportación de petróleo. Esta es una de las principales fuentes de financiación de este proyecto, todo enmarcado en la política del Gobierno de aportar a la lucha internacional contra el cambio climático y, por otro lado, de darle al país una ventaja estratégica en la adopción de tecnologías limpias. 

Todas las medidas que estamos buscando están pensadas para que no sean un golpe muy fuerte a los bolsillos de nadie y, también, para que se puedan debatir y hacer los ajustes que sean necesarios en el trámite en el Congreso, siempre teniendo en cuenta que el principal objetivo aquí es obtener el recaudo adicional que se pueda, sin que la reforma sea gravosa para el contribuyente que tiene ingresos de menos de $10 millones al mes.

ENS: Una de las propuestas base es la de cambiar la cultura tributaria del país, cambiar la mentalidad de que la evasión está bien vista. ¿Cómo lograr dicha transformación?

LCR: Este es un gobierno de los colombianos, de los ciudadanos colombianos, y nosotros desde la DIAN y el sector Hacienda, y desde todo el Gobierno nacional, vamos a estar aportando a esta transformación cultural. Esto no es solo una cosa de palabras, sería un error pensar que esto es exclusivamente una cuestión de retórica, de buenas intenciones. Desde la DIAN la contribución más importante a la transformación de la manera en la que los ciudadanos se relacionan con su deber de tributar para sostener el Estado Social de Derecho, es tratar al ciudadano que cumple su deber con el respeto que uno trata a quien cumple su deber.

Esto se traduce en hacer mucho más fáciles todos los trámites, todo el proceso de pagar impuestos, sea para personas jurídicas o para personas naturales. Esto es algo que empieza en la DIAN y que inicia con un proceso de escuchar, antes de salir a concientizar a la gente. Lo primero es escucharla para ver cuáles son las preocupaciones que tienen acerca de cómo el recaudo de sus impuestos refleja esa dignidad que tienen como ciudadanos y cómo se está traduciendo en hechos concretos en pro del fortalecimiento del Estado colombiano.

Los dividendos

ENS: En el caso del impuesto a los dividendos, ¿el Gobierno cree que va a encontrar algún tipo de oposición de los sectores que se verán gravados?

LCR: Es de entender que este es el momento de las personas con mayor capacidad de contribución de solidarizarse para saldar la deuda social que el Estado colombiano tiene desde hace tiempo con la población más vulnerable.

Nosotros pensamos que hay una gran disposición por parte de todos los colombianos, independientemente de su nivel de ingresos, para hacer que esta, una de las sociedades con mayores niveles de desigualdad del mundo, tenga una economía mucho más equitativa y, de hecho, más igualitaria que lo que hemos venido observando.

ENS: El ministro de Hacienda dijo que con esta reforma se podría bajar el índice de desigualdad en Colombia -con base en el coeficiente de Gini- de los 0,5 puntos por primera vez en la historia del país ¿En cuánto tiempo podría verse este cambio?

LCR: Hacer estas proyecciones tiene un componente que requiere varios supuestos. Pero la idea es que cuando se termine de implementar esta reforma tributaria, al igual que el paquete de reformas que se van a buscar desde distintas carteras del Gobierno, se haya reducido la desigualdad en esa magnitud. Es ciertamente algo que se espera lograr antes del final de estos cuatro años de mandato.

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Más objetivos

ENS: Uno de los mayores problemas fiscales del país es la evasión de impuestos, sobre todo de los grandes capitales, ¿qué mecanismos se plantearon para evitar este flagelo?

LCR: Se van a fortalecer una serie de mecanismos antievasión, como por ejemplo hacer explícito que los pagos en bienes y servicios que realizan las empresas a sus accionistas son ingresos laborales y que se tiene que tributar sobre ellos, como si fueran pagos laborales. Por ejemplo, cuando una empresa paga la educación de sus empleados, cuando pagan las acciones de los clubes de sus empleados, cuando pagan los carros de sus empleados, esos son pagos laborales y se deben tributar como lo que son.

ENS: ¿Se fortalecerán las penas a los evasores?

LCR: Esa es una medida y se está pensando junto con otra serie de medidas. Vale la pena anotar que también se está buscando la tipificación de delitos para combatir la evasión, incluyendo cárcel. Esto se va a presentar durante el debate en el Congreso, dado que la tipificación de nuevos delitos requiere el previo visto bueno del Consejo Nacional de Política Criminal, que está compuesto por seis congresistas y altos funcionarios del Gobierno, que incluyen ministros. Estamos apenas en los primeros días del Gobierno, así que el Consejo no ha tenido tiempo de revisar estas propuestas.

Pero que no quede duda de que, tal y como se había mencionado, esta penalización de la evasión de impuesto de renta es algo que se va a buscar.

ENS: En ese sentido, ¿qué penas buscarían para este tipo de evasores?

LCR: Precisamente estamos estudiando los detalles de la propuesta para asegurarnos de que sea algo que apruebe el Consejo. Pero básicamente la idea es incluir penas de cárcel que sean, desde luego, proporcionales al nivel de responsabilidad que tiene el evasor. O sea: tiene que ser proporcional al monto evadido, no tiene que ser una cosa deliberada o un error de redondeo, una cosa así. Estamos estudiando cómo hacer esto de la manera más rigurosa posible, siempre respetando todos los principios constitucionales.