POR LOS impactos sociales y económicos que se están generando en el país como consecuencia de las altas tarifas en el servicio de energía eléctrica, especialmente en el Caribe colombiano, en el Senado se hará un debate de control político mañana 10 de septiembre, en el que se citó al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho González; al director General de la Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero Energética - UPME, Carlos Adrián Correa Flórez; y al director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Antonio Jiménez Rivera, en cumplimiento de la proposición No. 11/24.
En la sesión se espera contar con la participación de los gerentes de las empresas de energía, así como los respectivos representantes gremiales.
La proposición fue presentada y aprobada por unanimidad por la Comisión Sexta del Senado por los senadores Gustavo Adolfo Moreno, Soledad Tamayo, Julio Alberto Elías, Ana María Castañeda, Pedro Hernando Flórez, y Robert Daza Guevara, en la sesión del 13 de agosto y 3 de septiembre de 2024.
Sobre esto, el senador del Partido de la U de la Costa Caribe, José David Name, dijo en entrevista con EL NUEVO SIGLO que hasta el momento no se ha “tenido ningún alivio; por el contrario, en el sector de Magdalena, Guajira y Atlántico el kilovatio ahora está en más de 600 pesos. Ha subido. No ha habido ningún plan de reducción de tarifa y no hemos tenido ningún alivio al respecto”.
Además, Name sostuvo que esto se debe a que “los generadores hidráulicos siguen colocando el precio en bolsa. No ha habido un impacto para bajar las tarifas, tenemos un cierto inconveniente porque el Gobierno le sigue vendiendo energía al Ecuador. Además, el precio en bolsa está alto y todavía nos siguen cobrando las pérdidas y la opción tarifaria sigue ahí en el recibo de luz día a día de los usuarios”.
Riesgo de desabastecimiento
Es importante mencionar que cerca de 10 millones de personas, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de los hogares, podrían quedarse sin el servicio de energía ante las demoras del Gobierno en el pago de los subsidios.
Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República (CGR), que señaló que estos pagos corresponden a los auxilios cobrados a través de facturación a empresas prestadoras de energía.
Esa situación afectaría especialmente a hogares ubicados en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). Cabe mencionar que actualmente el esquema de subsidios funciona de la siguiente forma: hasta del 60% para el estrato 1, hasta el 50% (estrato 2) y 15% (estrato 3).
Sobre ello, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, dijo que “se ha establecido que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía”.
Precisa la CGR, que “la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad”.
Ante este hecho, el contralor hizo un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias involucradas, “a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional. Entre ellas, deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía”.
Según la CGR, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de “la opción tarifaria”, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos.