Consejero para la Estabilización se reunió en La Haya con la fiscal de la CPI Fatou Bensouda

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El respeto del gobierno de Iván Duque a la autonomía de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) fue ratificado por el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, durante una reunión que ayer sostuvo en La Haya, Países Bajos, con la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda.

El comisionado Archila indicó sobre el particular que “estando en La Haya asistí a la Corte Penal Internacional, estuve con la fiscal de esta Corte. Estuvimos un tiempo largo explicándole a la Fiscal cómo es que la Administración del presidente Duque ha sido absolutamente respetuosa de la independencia de la JEP, cómo se han tomado las medidas necesarias con grandes esfuerzos por parte del ministro Carrasquilla (Hacienda) para asegurarle los recursos que esta Corte necesita en conjunto con los otros componentes de la justicia transicional, esto es la Misión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para los Desaparecidos”.

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Añadió el Consejero que después de la reunión la Fiscal manifestó su complacencia con la “política que venimos adelantando y su deseo de compartir esta visión personalmente con el presidente Iván Duque”.

El Consejero realiza esta semana una gira por Europa que incluye visitas a Bélgica, Suiza, Holanda e Irlanda, en las que se reúne con gobiernos y organizaciones que apoyan la implementación de la paz en Colombia.

Archila reveló que sostuvo un encuentro con embajadores ante la Oficina de Naciones Unidas, quienes “quedaron muy tranquilos, porque la forma como estamos haciendo las cosas es la correcta”, dijo.

Además, informó que se reunió con la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con quien dialogó sobre los beneficios de la planeación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se desarrollan en los 170 municipios más afectados por la pobreza y la violencia.

El pasado 6 de junio el presidente Duque sancionó la Ley Estatutaria de la JEP después de que la Corte Constitucional hundiera las seis objeciones que había presentado al Congreso a esta norma alegando razones de inconveniencia, en lo que tenía que ver con la necesidad de definir la reparación de las víctimas por parte de los victimarios; aclarar las circunstancias de cuándo se suspenden en la justicia ordinaria las investigaciones a las personas que se acogen a esta jurisdicción; la inconveniencia de renunciar a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad; que la JEP no solicite pruebas en casos de extradición; y tampoco condicionar extradición de terceros civiles al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término.

Desde un comienzo el gobierno Duque manifestó sus dudas acerca de la real aplicación de justicia por parte de la JEP frente a los graves delitos que cometieron las Farc, y en ese sentido anunció reformas. Mas las mismas no se han presentado por parte del Ejecutivo, sí por el contrario por su partido el Centro Democrático, que en la actualidad insiste en el Congreso con un proyecto para la creación de una sala especial en la JEP exclusiva para los militares.

La ratificación por parte del Gobierno ante la CPI del respeto a la autonomía de la JEP contrasta con las manifestaciones en días pasados del líder del Centro Democrático y mentor del presidente Duque, el expresidente Álvaro Uribe, quien tras el anuncio de alias ‘Iván Márquez’ y otros excomandantes de las Farc que retomarán las armas por supuestos incumplimientos del Ejecutivo con la implementación del pacto, dijo que “el acuerdo (de paz) es muy dañino para el país. Hay que reformarlo, ojalá pensar en reformar esa JEP, recortarle el tiempo, eliminarla”.

Más iniciativas de reforma

Además del proyecto del uribismo para modificar la JEP creando una sala especial para el juzgamiento de los uniformados, el senador Roy Barreras presentó sendas iniciativas, una que amplía el plazo en la Ley Estatutaria con el fin de que los particulares puedan acogerse a sus beneficios.

La segunda iniciativa radicada busca que aquellos paramilitares que aporten una verdad nueva y esclarecedora en calidad exclusivamente de testigos comparecientes ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, tendrán un año para obtener un certificado de cumplimiento ante el sistema sometiéndose a los estrictos test de verdad que tienen las Salas de Reconocimiento de la Verdad, la Sala de Definición, la Comisión de la Verdad y el Sistema Integral de Justicia Transicional.