Una gran polémica generó en el Congreso la firma del Decreto 811 que otorga facultades al Gobierno nacional para vender activos de la Nación y comprar empresas sin contar con el aval del Congreso, como lo dispone la Constitución.

El Decreto generó suspicacias y por eso, 90 congresistas de todas las bancadas aprobaron una proposición en la que piden al Gobierno derogarlo y discutir de forma abierta con el Legislativo la compra y venta de activos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el objetivo de esta proposición?

LUIS FERNANDO VELASCO: Nuestro objetivo es que se derogue el Decreto 811 del 4 de julio de 2020, porque aquí todos lo firmamos, nadie se opuso a esa proposición.

Lo que el Congreso quiere decir es que no ve con buenos ojos que el Gobierno se autohabilite para vender cualquier empresa del Estado que cotice en bolsa o comprar cualquier empresa con esas características, todo esto sin hacer un debate público y en el Congreso.

Porque uno se pregunta qué es lo que quieren comprar y qué quieren vender. Cómo así que un elemento de la esencia del control político, como la disposición de los bienes del Estado, sale un decreto y el Gobierno mismo se está habilitando con un mecanismo, incluso el más ágil y expedito que podría implicar que no se compre o se venda algo en el precio real ni tampoco que se compre algo al precio real. Por eso pedimos al Gobierno que derogara ese Decreto.

Yo siento que es un mensaje muy fuerte respaldado por más de 90 senadores de todas las bancadas. Este fue uno de los pocos momentos, de debates de tipo político en los que partidos de Gobierno, oposición e independientes se pusieron de acuerdo.

ENS: El Gobierno siempre ha dicho que hay una desconfianza injustificada en sus acciones, ¿eso es correcto?

LFV: Si quieren hacer el debate y llevar argumentos que los lleven, y lo discutimos en el Congreso. Allá miramos qué vendemos y qué no, pero esto no se puede solucionar con un Decreto.

Yo digo una cosa que puede sonar dura, pero siento que de tiempo atrás hay unos tiburones grandísimos detrás de los grandes negocios del Estado en donde gana la sociedad. Un Ecopetrol con utilidades de más de 10 billones al año, una Cenit que transporta más de 100 galones de crudo diariamente y que se gana por cada uno entre 10 y 19 dólares. Son negocios inmensamente grandes que generan grandes utilidades y ahora yo me pregunto por qué queremos salir de ellos.

Ahora lo que no puede hacer un Gobierno es que por la pandemia se autohabilite para vender las cosas que no son de él y que son de la sociedad en su conjunto y que dejan réditos a la sociedad en su conjunto.

ENS: ¿Podemos decir, entonces, que el Gobierno se está aprovechando de la situación?

LFV: Yo no puedo utilizar expresiones, ni calificar lo que está pasando, pero a mí me parece francamente inapropiado que en el marco de la pandemia saquen un decreto para autohabilitarse la compra y la venta de lo que quieren, porque aquí debemos recordar que el Gobierno administra algo que le pertenece a todos los ciudadanos y quieren venderlo, que es posible, pero si quieren hacer esa transacción o quieren comprar algo, pues vayan y debátanlo con los representantes de los ciudadanos y háganlo de forma transparente.

ENS: Ustedes mencionan a los organismos de control, ¿ya hablaron con ellos de esta situación?

LFV: En la carta pedimos a la Contraloría que se haga acompañamiento de cualquier decisión si el Gobierno no hace caso a una solicitud que es obligante, porque es unánime de todo el Congreso de la República.

ENS: ¿Cómo ve a la Corte Constitucional en el análisis que está haciendo de los decretos?

LFV: Hay decretos que hay que estudiar más rápido que otros. Uno de esos es este, porque hoy, si el Ministerio de Hacienda quisiera, podría vender las empresas más rentables del Estado y después de vendidas ya no se va a poder hacer nada.