El Gobierno sigue empeñado en quitarle a la Procuraduría General de la Nación las facultades de suspender y destituir por razones disciplinarias. Se conoció ayer que el Consejo Superior de Política Criminal le dio concepto favorable, con algunas observaciones, al texto de un proyecto de reforma que le envió el Ministerio de Justicia.

Como es de conocimiento público hay un enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la procuradora Margarita Cabello por las facultades que tiene el Ministerio Público, emanadas de la Constitución, para suspender y destituir a funcionarios de elección popular.

Por su parte el presidente Petro se remite a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que conmina a Colombia a adecuar su normativa con el fin de que los funcionarios de elección popular sean sancionados por fallo de jueces y no por un órgano administrativo, como se trata de la Procuraduría.

En atención a esto la procuradora Cabello impulsó una ley que le otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, aspecto que tumbó la Corte Constitucional en un reciente fallo.

A pesar de ello, el alto Tribunal mantuvo en esta sentencia las facultades sancionatorias de la Procuraduría, aunque en adelante requiere del fallo de un juez para hacerse efectiva la decisión. 
  
En días pasados, la procuradora Margarita Cabello se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de mantener las facultades de la entidad para investigar, sancionar e inhabilitar a servidores públicos, incluyendo los de elección popular. 

"Puedo afirmar con absoluta certeza, muchísima tranquilidad y renovada esperanza que la importancia del derecho disciplinario y de la Procuraduría para la sociedad colombiana resulta hoy inobjetable", dijo Cabello Blanco. 

Destacó que en un Estado de Derecho "existe el sistema de frenos y contra pesos. Por ello, las actuaciones disciplinarias a cargo de esta entidad seguirán su curso con todas las garantías, pero también hasta sus últimas consecuencias".

Además, reiteró que la sanción disciplinaria deberá reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico, "pues ningún servidor público podrá estar por encima de la Constitución Política y el imperio de la ley".