Gobierno sí cree necesario reformar Comisión de Acusaciones: Robledo

El Viceministro de Justicia afirmó que con el nuevo proyecto del arancel judicial cobrarán el gravamen al inicio de los procesos y no al final.

El gobierno está convencido de la necesidad de reformar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Así se lo dijo a EL NUEVO SIGLO el viceministro de Justicia Pablo Felipe Robledo, al sentar su posición frente a la ponencia en la Cámara de Representantes del proyecto de reforma a la Justicia que pide dejar ese organismo tal como está actualmente.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve la modificación que le van a hacer a la iniciativa en la ponencia del tercer debate, en el sentido de que a los congresistas los investigue la Fiscalía?
FELIPE ROBLEDO: Nosotros propusimos, incluso como Gobierno, que la investigación la hiciera la Fiscalía, pero se han abierto otras posibilidades, se crearon dos salas apéndices en la Corte Suprema de Justicia, una para la instrucción y otra para el juzgamiento de primera instancia. Yo creo que hay muchas posibilidades de garantizar la doble instancia, y el Gobierno no está casado con una en especial.

ENS: En la Cámara también proponen no tocar la Comisión de Investigación y Acusación. ¿Qué opina?
FR: El Gobierno sí cree en la necesidad imperiosa de modificar el tema de las investigaciones y juzgamiento de los aforados ante el Congreso, que hoy día está a cargo de la Comisión de Acusaciones, que históricamente no ha funcionado; luego, lo que se aprobó en el Senado, nos parece como Gobierno que es benéfico, porque se separa lo disciplinario de lo penal, la investigación deja de estar a cargo de los congresistas para pasar a unos magistrados de la sala de instrucción. En total serán diez magistrados, unos para lo disciplinario y otros para lo penal. Nosotros creemos que es un buen mecanismo, aunque habrá que hacer algunos ajustes. Lo que ha aprobado el Congreso es mucho mejor de lo que hay hoy.

ENS: ¿Qué se proponen con el proyecto de ley del arancel judicial?
FR: Colombia expidió la Ley 1394 de 2010, creando el arancel judicial que ya había insinuado la ley estatutaria de administración de justicia. Hay que reconocer que realmente el diseño que en su momento se hizo para funcionar el arancel judicial fue un desastre. De 250 mil millones de pesos que se esperaban recaudar vía arancel judicial, tan sólo se han recaudado 350 millones. De manera tal que lo que hemos concebido es reiterar la idea de que en Colombia haya arancel judicial para los procesos civiles y comerciales, con las exclusiones que tiene la ley estatutaria, y no hay arancel en materia penal, laboral, en procesos de familia. De tal manera, que todo aquel que quiera utilizar la administración de justicia en esos casos, salvo para los que tengan el respaldo en el amparo de pobreza o Sisbén I y II, deben pagar previamente el arancel judicial para poder tramitar y usar la jurisdicción.

ENS: ¿Cuál es la diferencia sustancial de este proyecto con la ley del arancel?
FR: Vamos a cobrar el arancel judicial al inicio del proceso y no a la finalización, supeditado a la prosperidad de las pretensiones, porque ese es un esquema que tenemos claramente demostrado que es un fracaso. El arancel se paga al ingreso por parte del demandante, y cuando éste sale victorioso o prosperan las pretensiones de la demanda, éste tiene derecho a que ese costo sea trasladado a su contraparte, es decir al demandado, y que éste último le restituya lo que pagó por el arancel. Hay que cerrarle la brecha a la evasión, donde hay una cantidad de casos que se tramitan, en donde el demandante pierde, y como no prosperan sus pretensiones, el Estado no tiene derecho a que esa persona pague un arancel. Con este arancel el demandante deberá tasar muy bien sus pretensiones, porque en la medida en que ellas sean abusivas, terminará pagando una tasa superior al dos por ciento, si uno lo mira en relación con lo que le prospera. Eso genera un uso racional de la administración de justicia y un ajuste en la petición de los demandantes.