En el alto tribunal también debe definirse la constitucionalidad de reforma que reglamenta esa incursión en actividades electorales. Hay división entre magistrados

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Si bien existe coincidencia en muchos sectores en torno a que debe permitirse la participación en política de los desmovilizados de las Farc, el pulso tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional es alrededor del cuándo: si antes o después de haber sido juzgados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Según conoció EL NUEVO SIGLO en el alto tribunal constitucional hay tres planteamientos entre los magistrados que revisan la exequibilidad del acto legislativo que reglamenta esta participación.

Un sector cree que quienes quieran participar en política primero debe pagar una pena. Es decir, que sólo podrían votar y ser elegidos en comicios para cargos uninominales y ocupar curules en el Congreso y otros cuerpos colegiados, si son juzgados previamente por la JEP y cumplen la pena restaurativa que allí se prevé imponer, que no implica cárcel para quienes confiesen los delitos atroces y de lesa humanidad.

Hay otro sector de magistrados partidario de que los desmovilizados culpables de delitos graves deben ser inhabilitados desde ya para hacerse elegir. Y un tercer bloque se muestra a favor de que puedan pagar la pena pero al mismo tiempo hacer política.

En el Congreso, la polémica tampoco es menor, sobre todo ahora que se discute el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la JEP y que se encuentra en trámite en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara.

 

“Las comisiones primeras deben definir esta semana si limitan participación política de Farc”

Si bien es cierto que el uribismo siempre ha insistido, infructuosamente, en que a las 10 curules aseguradas en Senado y Cámara a las Farc, convertidas ahora en partido político, deben ir quienes no sean culpables de delitos graves, esta semana otras facciones hicieron propuestas al respecto.

La senadora y precandidata presidencial de la Alianza Verde, Claudia López, propuso que sólo puedan ocupar curules a nombre de las Farc los que ya hayan sido juzgados por la JEP, en caso de estar acusados de delitos graves.  

Dijo que quienes combatieron durante más de 50 años, antes de recuperar sus derechos políticos deben haber sido juzgados y condenados por la JEP.

“Seguramente como en las elecciones de 2018 la JEP no habrá tomado decisiones sobre juzgamiento o condena, los responsables de los crímenes más graves no podrán ser candidatos, pero sí miembros de su organización (que no tengan estos problemas)”, señaló López.

“Hemos insistido en que las 10 curules de las Farc se respetan y tienen muchas personas que fueron amnistiadas y pueden ocuparlas, pero los máximos responsables, es decir los dirigentes, la cúpula de las Farc, como máximos responsables de las decisiones de esa organización, deben primero ir a la JEP y cuando tengan una sanción impuesta, ahí sí pueden pasar a la política", dijo, a su turno, la parlamentaria Angélica Lozano.

Más peros

Por su parte el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, aseguró que "los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad de las Farc no deberían tener derecho a participar en política. Creemos que los miembros que no sean responsables de ese tipo de crímenes sí pueden hacerlo”.

El senador Germán Varón, de Cambio Radical, partido que ya advirtió que no votará este proyecto, indicó que

 “ningún ciudadano colombiano acepta que una persona haga política sin haber sido juzgado por la JEP, y esa circunstancia es la que se nos va a presentar habida cuenta de que el proceso electoral se avecina pronto”.

Entre tanto el representante conservador Heriberto Sanabria informó que “eso ya está definido en el Acto Legislativo para la Paz, en el Marco Jurídico para la Paz… y el partido ha manifestado que prefiere que los señores (de las Farc) estén en el marco de la democracia y no en el marco de la guerra”.

“Desde luego que creemos que deben pagar penas, para eso está la JEP, para que establezca las penas”.

El representante Telésforo Pedraza, también conservador, recalcó que la colectividad “tiene que ser coherente: nosotros votamos y convalidamos el acuerdo de paz, que fue refrendado por la Corte Constitucional, y dentro de este estaba que le otorgaran esas cinco curules tanto en Senado como en la Cámara (a las Farc), lo que les iba a permitir a ellos poder entrar al Congreso. De tal manera, en el acuerdo se estableció que se permitía la participación en política sin necesidad de que la JEP los juzgara. Uno debe ser coherente en ello”.

Para el senador del partido Liberal, Horacio Serpa, el proyecto debe dejarse como está, sin más condicionamientos a esa participación política de las Farc. “Nuestra concepción, nuestra opinión es favorable, eso fue lo que defendí en las Comisiones Primeras. Es decir (dejar el tema) tal y como está en el proyecto”. 

Pero la representante Olga Lucía Velásquez, también liberal, señaló que “ya aprobamos que hubiese participación política, pero mi posición es que primero debe aprobarse la JEP, pasar por ella, saber quiénes deben pasar por un proceso judicial y luego hacer la política, antes no”.    

Voces de paz

Entretanto, Francisco Toloza, quien hace parte del movimiento Voces de Paz, que representa a las Farc en el proceso de implementación del acuerdo, manifestó que la propuesta de condicionar la participación en política a pasar primero por la JEP “es una forma de hacerle trampa al acuerdo final de paz”.

“La trampa está completa, aquí aletargan a paso de tortuga la aprobación e implementación de la JEP y, al mismo tiempo, pretenden que hasta que no haya sentencia de esa jurisdicción no se puede participar en política. Pues digan francamente que no quieren ratificar lo que este Congreso aprobó, que es el acuerdo final de paz”.

Posición gubernamental

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, rechazó categóricamente la propuesta de López.

“Como lo hemos dicho en varias ocasiones en este y en otros recintos: el Gobierno nacional está en la obligación de honrar los acuerdos, y en ellos lo que se dijo expresamente es que las sanciones de la JEP no tendrían afectación en los derechos políticos. Así también se señaló expresamente en el acto legislativo”, explicó.

Sostuvo también que “entendiendo el argumento de la doctora López, no lo compartimos porque va en contravía de los acuerdos en La Habana, que se suscribieron el 24 de noviembre de año anterior”.

“Si bien las sanciones emanadas por la JEP no podrán afectar los derechos políticos a ser elegidos, lo que sí podría ocurrir en la práctica es que quienes comparezcan ante la JEP y no ofrezcan la verdad y no se comprometan a reparar a las víctimas, corren el riesgo de que sean sancionados bajo la modalidad de las sanciones ordinarias en el marco de la JEP. Y esas sanciones incluyen privación de la libertad. En la ley no podemos ir más allá del acuerdo, y no podemos decir más de lo que está en el acto legislativo”, puntualizó.

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