La sanción, superior a los 23 mil millones de pesos, que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le impuso a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por suspender la construcción de la hidroeléctrica de Porce IV es una muestra de la falta de claridad en la normatividad sobre cuándo un contratista puede paralizar la realización de una obra pública por fuerza mayor.

Así lo consideró el senador Eugenio Prieto, quien también señaló que no hay claridad si la CREG puede ser juez y parte en estos casos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Son responsables los constructores de mantener la seguridad en los territorios destinados a la obra?

EUGENIO PRIETO: Digamos que lo que yo estoy diciendo que esa es una responsabilidad que debe tener el Estado, lo que yo planteó es quién debe garantizar el orden público en esos territorios o el dominio de los territorios, ¿las empresas que se atreven a invertir o el Estado?, que es lo que yo he dicho. Yo creo que es el Estado el que debe dar esas garantías.

Entonces en esos términos de invasión de esa forma tan desproporcionada, el Estado tiene que brindar unas garantías, y no está claramente regulado cómo se procede en esos casos. Hay un vacío muy grande ahí, y lo hay incluso en que EPM acudió, y yo conocí, a la misma CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), diciéndole que tenían ese problema y la CREG dijo que ella no podía atender ese tema porque no era su competencia.

Ese es uno de los temas que yo quiero tocar y que voy a llevar al Congreso porque con otros temas la Superintendencia en materia de servicios públicos están ejerciendo unas potestades sancionatorias que todavía no están debidamente reguladas. Por eso yo me referí, incluso, no solo a las leyes 142 y 143 sino a la leyes 1437 y 1474, que en esa materia no hay una cosa clara fundamentalmente en el tema del debido proceso.

ENS: ¿Qué sabe usted de cuándo entrará en vigor la Agencia Nacional de Televisión y será liquidada la Comisión Nacional de Televisión?

EP: Sí, para eso expedimos la Ley, yo creo que ya debe estar sancionada por el Presidente de la República, esa Ley es muy importante en materia de competencias porque se organiza el sector.

Yo voy a presentar ahora en marzo un proyecto de ley para la segunda parte de lo que haga el Acto Legislativo 2 del 2011, nosotros lo que acabamos de hacer es lo que hablaba el Acto en lo que tiene que ver con la realización de competencias. Yo voy a presentar un proyecto que he venido construyendo con los diferentes actores en el país, en lo que tiene que ver con televisión, con contenidos y con audiovisuales, para lo que son las políticas públicas que tiene el Congreso, la responsabilidad de hacerlas de acuerdo a este Acto Legislativo que elimina la Comisión Nacional de Televisión.

Lo que tiene que hacer esa Comisión es entrar en ese proceso de liquidación y avanzar en el proceso el Gobierno en lo que tiene que ver con la nueva autoridad de televisión pública en Colombia.