Se intensifican contactos con las demás bancadas cercanas al Gobierno

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El Gobierno nacional y el uribismo hacen ingentes esfuerzos para concretar, de aquí al lunes próximo, un acuerdo político que les permita sacar adelante “al menos dos” de las seis objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la justicia transicional.

Para lograrlo, trascendió que en las últimas horas el uribismo está buscando concretar una reunión con el jefe de Cambio Radical, ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y con el director del Partido Liberal, expresidente César Gaviria.

Los contactos, igualmente, se han extendido hacia el partido de La U, colectividad que aunque se declaró de Gobierno en cumplimiento del Estatuto de la Oposición, públicamente dijo a través de su presidente, Aurelio Iragorri, que se opone a las objeciones presidenciales a la JEP.

Es por ello, y ante la dificultad que tiene la bancada gobiernista del Congreso de lograr las mayorías para sacar adelante las seis objeciones a la JEP, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del partido Centro Democrático, planteó en la plenaria del pasado martes “la posibilidad de que haya un acuerdo mayoritario en el Senado para, por lo menos, aprobar dos de las objeciones”.

Una, dijo Uribe, la que tiene que ver con la extradición,  y la otra se refiere “al riesgo de que personas ajenas sean involucradas en este proceso”.

Uribe le dijo a la plenaria que el propósito de aplazar la votación de las objeciones hasta el lunes entrante –tal como aprobó la mesa directiva- es para concretar esas mayorías.

El enredo de la extradición

La postura del senador Uribe muestra la importancia de este tema para el Gobierno colombiano, al punto de que ha sido uno de los temas abordados por el propio presidente Iván Duque en sus dos encuentros con su homólogo estadounidense Donald Trump, y hasta por el cual el embajador Kevin Whitaker ha hecho ‘lobby’ con congresistas.

Además, las dos objeciones a que se refiere Uribe están relacionadas entre sí con la extradición. Veamos.

El artículo 153 de la ley estatutaria de la JEP, objetado por Duque dice: “Extradición de quienes estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, antes de que termine de ofrecer verdad”.

En este caso el argumento del Gobierno es que, tal como está, la norma no establece ningún tipo de límite para hacerlo.

La otra norma objetada y que se ha convertido en punto de honor para el Gobierno y el Centro Democrático, es el inciso octavo del artículo 63, que faculta a la Sala de Amnistía e Indulto para decidir la inclusión de personas que serán sometidas a la JEP.

Para el Gobierno, esta competencia es del Alto Comisionado para la Paz “para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”, dijo el presidente Duque el pasado 10 de marzo.

De hecho, esta semana el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, denunció que seis “colados en la JEP” fueron expulsados porque “nunca pertenecieron a las Farc”.

Sin embargo, la presidenta de esta jurisdicción, Patricia Linares, confirmó que en los últimos dos años la Justicia Transicional ha expulsado a 43 personas, presuntos ‘colados’ que buscaban beneficios jurídicos.

Uno de los aspectos que defenderá el uribismo el lunes entrante se relaciona con la posibilidad de que una persona sea extraditada, así esté colaborando con la verdad ante la JEP, en caso de que desde el exterior se demuestre que sus conductas fueron cometidas después del 1 de diciembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz.

Además, pedirán que a esa persona se le provean todos los mecanismos para que cumpla con su confesión y que sus bienes sean entregados al Estado colombiano para la reparación de las víctimas.

Las razones del Fiscal

En la puja por las objeciones, el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, denunció en audiencia pública ante la plenaria del Senado la existencia de un “articulejo” incorporado a última hora a la JEP que evitaría la extradición de narcotraficantes.

“Por la puerta de atrás se incluyó un ‘articulejo’ para que cualquier tercero que dice contribuir con la verdad, pero no es sino un narcotraficante, no es el colombiano de bien porque a ese no lo piden en extradición”, dijo el jefe del ente acusador.

Martínez agregó que si es aprobado este artículo, objetado por el Gobierno nacional, “ese día la Fiscalía capitulará en su proceso de investigación” a los narcotraficantes, pues habrá perdido la potestad para hacerlo.

Así las cosas, se espera que el lunes próximo se discuta el tema de las objeciones presidenciales a la JEP en la plenaria del Senado que comenzará a las 10 de la mañana y tendrá como único punto del día su articulado.

Este informe de ponencia está a cargo de los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres), Julián Bedoya (Partido Liberal), David Barguil (Partido Conservador) y Jonathan Tamayo (ASI).

Previamente ya había sido radicada la ponencia negativa por parte de los senadores Iván Marulanda (Alianza Verde) y Alberto Catilla (Polo Democrático).

La puja no será fácil, pues las cuentas no le cuadran al Gobierno para lograr la aprobación ni siquiera de los dos artículos propuestos por el senador Uribe, pero tampoco para la oposición, que tendrá que actuar en bancada para no perder en el Senado el terreno que ya ganó a voto limpio en la Cámara de Representantes.