En el texto del borrador que dio a conocer esta semana EL NUEVO SIGLO se establecen una serie de iniciativas que habían estado incluidas en proyectos anteriores y no prosperaron

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Ante congresistas de las comisiones Primera del Senado y de la Cámara de Representantes, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, presentó la semana pasada el borrador del proyecto de reforma a la administración de justicia que será radicado próximamente.

En el texto que dio a conocer EL NUEVO SIGLO se establecen una serie de iniciativas que habían estado incluidas en proyectos anteriores que no prosperaron.

Entre los elementos más importantes se encuentra, en primer lugar, la propuesta para descongestionar los despachos y juzgados, en la cual se plantea darle poder judicial a los notarios y los centros de arbitraje para casos de menores dimensiones. Por ejemplo, cuando dos partes lleguen a un acuerdo, se pueda ahorrar el trámite tradicional ante un juez.

También, que los magistrados, el Fiscal, el Procurador y el Contralor general deberán esperar cuatro años después de su gestión para aspirar a un cargo de elección popular. Esto, y como lo había propuesto el recién llegado fiscal Francisco Barbosa, es para evitar que se use el cargo para catapultar una eventual carrera política.

Adicionalmente la reforma obligaría a los jueces a mantener la uniformidad con los fallos de la corte. Ser mayor de 50, tener 25 años de experiencia, haber dictado clase y tener una intachable hoja de vida serían los requisitos para ser magistrado en cualquier Corte. Y con la opción de que durarán en el cargo 12 años.

EL NUEVO SIGLO dialogó con exministros de justicia para conocer sus impresiones sobre el proyecto.

Alfonso Gómez Méndez, exministro y exfiscal general de la nación, destacó varios aspectos.

“Lo que se conoce del proyecto trae muchos de los temas sobre los cuales se ha venido trabajando durante varios años. Me parece bien, pero todavía falta algo: quitarle no solo una sino todas las funciones electorales para que no entren en este tipo de controversias como ha ocurrido en el pasado reciente. Que los magistrados se dediquen a estudiar y fallar expedientes y no a nombrar funcionarios. Hay que acabar con ese regalo envenenado, como dijo Hernando Yepes, exconstituyente”, expuso. “No hay que dejarle a la Corte ninguna capacidad de elección. Hemos visto que no se ponen de acuerdo ni siquiera para elegir a un presidente”, subrayó.

Gómez vio con buenos ojos que “se aumente la edad y que se aumente el periodo”. “Quizás habría que llegar a la inamovilidad, que los magistrados permanezcan en sus cargos hasta llegar a la edad de retiro forzoso y complementar eso con que una vez terminado su periodo no se puedan dedicar a ninguna otra actividad, como pasa en Estados Unidos. Que llegar a la Corte no sea un peldaño, sino que sea la última etapa de una carrera judicial”, añadió.

En relación con el precedente judicial señaló que está de acuerdo en obligar a los jueces a mantener la uniformidad con los fallos de la corte.

Observó también como positivo que se “descongestione un poco la administración de justicia dándoles ciertas funciones a los notarios y a los centros de arbitraje”.

“Me preocupa sí, que esto tenga que ser discutido con las altas cortes, porque puede ocurrir lo que pasó en el año 2012 que ciertos sectores de las altas cortes no quieren desprenderse de esos privilegios de nombramientos que tanto daño le han hecho a su credibilidad”, sostuvo.

El exministro Jorge Londoño, quien actualmente se desempeña como senador por la Alianza Verde, manifestó que el proyecto en general es “interesante”.

“Me parece que está bien lo de ampliar la edad de los juristas para que puedan ser magistrados de las altas cortes. Me parece que está bien, también, lo de aumentar el periodo porque eso ayuda a consolidar el tema del precedente judicial”, dijo

Señaló que el precedente judicial es “importante”, pero dijo que hay que “tener mucho cuidado porque en países como México lo que hizo fue petrificar la jurisprudencia. Hay que buscar entonces un punto intermedio para que se unifique la jurisprudencia y los jueces de menor jerarquía obedezcan la jurisprudencia de los de mayor jerarquía, pero sin afectar la autonomía que es muy importante”.

En relación con el aumento del tiempo de inhabilidad de 1 a 4 años, manifestó estar de acuerdo “porque los jefes de los organismos de control se deben dedicar únicamente a controlar y a sancionar las conductas inadecuadas de los funcionarios públicos, de los ciudadanos y no hacer campaña presidencial”. No obstante, apuntó que esta medida no debería aplicarse a los actuales funcionarios de estos órganos “porque eso sería como un herramienta para el revanchismo”.

Londoño afirmó además, que al proyecto “le hace falta trabajar cuestiones que tengan que ver más con las necesidades de justicia que tienen las personas comunes y corrientes. Hay que trabajar también lo que tiene que ver la justicia en los territorios que dejó las Farc tras los acuerdos de paz de La Habana. Se puede trabajar así mismo en el proceso penal abreviado, para que las ‘pequeñas causas’ (no hay pequeñas causas), se pudiesen tramitar más rápido”.

 

“Cosas formales”

 

Por su parte, el exministro Parmenio Cuéllar señaló que temas como el aumento de la edad de los magistrados y de su periodo no son elementos destinados a solucionar los problemas principales de la justicia.

“¿El problema de la justicia es que los magistrados tengan 40 o 50 años al ingresar a la Corte? ¿Usted cree que el problema es que el periodo sea de tantos años? Esos no son los problemas. Esas son cosas formales que le hacen creen al país que estamos frente a una reforma que va a brindar más justicia para los colombianos y eso es absolutamente falso”, dijo.

Afirmó que la reforma que “está esperando el pueblo colombiano es otra, que haya más celeridad en la prestación de la justicia. Que no haya posibilidad de torcer el fallo”. Manifestó que es necesario “más presupuesto para la justicia. Uno ve los despachos judiciales atiborrados de expedientes. No hay ni siquiera en los despachos judiciales los suficientes equipos electrónicos, computadores, no tienen absolutamente nada de eso. Y eso solo para hablarle de las ciudades capitales. Si nos vamos a los municipios, fuera de las capitales, la situación es más desastrosa. Lo que más preocupa a los colombianos es la justicia penal sin que eso quiera decir que las otras ramas no sean importantes”.

Cuéllar señaló que la ministra Cabello es “una excelente jurista y por lo tanto fue una buena magistrada, pero una cosa es que sea una buena magistrada y otra cosa es que tenga la actitud política para ser ministra y ella no tiene esa actitud, por eso se va por las ramas”.

 

El borrador

 

En su artículo primero, el proyecto busca adicionar un inciso al artículo 116 de la Constitución, para establecer de “manera excepcional y transitoria” que se “podrá conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje y/o centros de conciliación en asuntos en los que acudan las partes por mutuo acuerdo o en los asuntos declarativos en los que no se manifieste ninguna oposición a la solicitud”.

En su artículo segundo se contempla modificar el artículo 126 de la Constitución, para establecer que no podrán postularse a cargos de elección popular sino hasta cuatro años después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones los siguientes funcionarios: Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, Miembro del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión de Disciplina Judicial, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil.

En su artículo tercero se propone modificar el artículo 120 de la carta magna para señalar que “en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley y deberán acatar el precedente judicial en los términos que establezca la ley”.

En su artículo cuarto se busca modificar el artículo 231 de la Constitución Política, para establecer que “los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa convocatoria pública adelantada en los términos del inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución. En la composición de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado la mitad de sus miembros provendrá de la Rama Judicial y la otra mitad se distribuirá en equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional y la academia”.

En su artículo quinto se contempla modificar el artículo 232 de la Constitución para fijar como requisito para ser magistrado “tener la edad de cincuenta años o más y haber desempeñado, durante 25 años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer”.

En su artículo sexto se busca modificar el artículo 233 de la Constitución, con el objetivo de establecer que “los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para periodos individuales de doce años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso”.

 

Marzo o junio

 

La ministra Cabello aseguró que el Gobierno aún no está seguro de si presentar el documento en marzo o esperar hasta julio.

“Conversando con las Comisiones y las Cortes hay que mirar tiempos, para ver si es mejor presentar la reforma en junio. Nuestra idea inicial era presentarla en marzo pero hay que ser tranquilos en ese tema. Queremos analizar el contenido y la oportunidad. Además, de lograr consensos con los partidos”, aseguró la Jefe de la Cartera.

Según dijo, la idea es que quienes recibieron el documento sepan que “nada es inamovible, lo que hicimos como Ministerio fue articular las propuestas hechas en un borrador y entregarlas a los miembros del Congreso, para que de allí salga un documento y podamos avanzar en la posible presentación de una reforma constitucional a la justicia”.

Asimismo, Cabello fue clara en señalar que la “reforma no soluciona todos los problemas sobre la verdadera justicia, lo que tenemos que hacer es presentar reformas constitucionales, proyectos de ley y hacer gestión. Hay tres proyectos de ley en trámite que van muy bien: arbitraje, consultorios jurídicos y reforma al contencioso administrativo".

"Además, vamos a presentar la reforma a la jurisdicción agraria y el estatuto de conciliación para que las leyes regulen una justicia cercana al ciudadano. El Ministerio sigue trabajando en profundizar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para que la conciliación del arbitraje vaya a todas las regiones y así, convencer a la ciudadanía que no todo es litigio” finalizó.