FUE PRESENTADO ayer ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, por parte de la Misión de Verificación de ONU en Colombia. Aparte de este reporte, llamó la atención que un vocero del Gobierno de Estados Unidos reveló que cuentan con información que el 40% de los integrantes del Eln no compartirían que llegue a buen puerto la negociación que sostienen con el gobierno Petro.

El tema del Eln se trajo a colación en esta sesión porque, cabe recordar, en agosto pasado el Consejo de Seguridad de ONU aprobó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia para que, adicional al seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, también monitoree el cumplimiento del cese el fuego que pactó el Gobierno con el Eln entre el 3 agosto pasado y el 29 de enero de 2024.

Luego de que el jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, hiciera la presentación del informe sobre cómo avanza la implementación del Acuerdo de Paz, el representante alterno para Asuntos Políticos Especiales de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Robert Wood, pidió la palabra para manifestar algunas preocupaciones acerca de la negociación que el Gobierno adelanta con el Eln.

"Nos preocupa la capacidad del Comando Central sobre todo cuando hay descontento entre las filas. Si bien el alto al fuego parece mantenerse intacto, hay informes que parecen apuntar que 40% de los miembros del Eln rechazan el acuerdo de paz porque siguen viendo los ingresos que se pueden derivar del narcotráfico y la minería ilegal”, dijo Wood.

El funcionario norteamericano expresó, asimismo, sobre la posibilidad que se ha ventilado de ampliar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia para monitorear el cese el fuego que el Gobierno acordó con el Estado Mayor Central de las Farc, a partir del 16 de este mes, que antes de ello se debería esperar algunos ciclos en la negociación para medir cómo avanza el proceso.

Añadió Wood que “el Eln y el Estado Mayor Central son organizaciones terroristas designadas como tales en virtud de la legislación de Estados Unidos de América. Tenemos que avanzar y aprender de lo ocurrido, otros procesos de paz nos demuestran que contar con una estrategia de paz es fundamental y que hay que forzar a los grupos armados a negociar de buena fe para evitar abusos".

¿Cómo va el Acuerdo?

En la presentación del citado informe, que abarca el periodo del 27 de junio al 26 de septiembre de 2023, Carlos Ruiz Massieu destacó los esfuerzos gubernamentales en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente los relacionados con la reforma rural.

Destacó acciones de política pública, incluyendo asignaciones presupuestales significativas para la reforma rural, su priorización en el Plan Nacional de Desarrollo y un mayor diálogo con las organizaciones campesinas.

El representante especial lamentó, no obstante, las múltiples expresiones de violencia que persisten en varias regiones de Colombia, las cuales, dijo, no deben seguir obstaculizando la implementación del Acuerdo.

Adicionalmente, Ruiz Massieu señaló que las iniciativas de diálogo impulsadas por el Gobierno con actores armados son un necesario esfuerzo para reducir la violencia que impacta a las comunidades.

El representante especial condenó una vez más los recientes asesinatos de excombatientes de las Farc-EP. “Casi 400 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo. Esto es sencillamente inaceptable y exige de las autoridades medidas urgentes y concretas para su protección, así como la de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, dijo.

Señaló también que la violencia ya ha impactado las próximas elecciones locales. “Confío en que las autoridades harán todo lo posible para garantizar que, tanto candidatos y candidatas como votantes, puedan participar en las elecciones de la manera más inclusiva y segura posible en todo el territorio nacional. Esto profundizaría un resultado tangible del Acuerdo Final”.

Por otra parte, la Contraloría General dio a conocer ayer el reciente informe al Congreso sobre los recursos del posconflicto, donde expone como conclusión principal que pese a una cuantiosa ejecución de recursos para la implementación del Acuerdo de Paz ($ 77,45 billones en 6 años), no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados con los PDET. Esto último como producto de una ejecución desarticulada que compromete la eficacia de los recursos públicos.