Una doble decisión de gran trascendencia podría tomar hoy la jueza 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, quien tiene a su cargo el proceso penal contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, sindicado de ser el presunto determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Por una parte, la administradora judicial tendrá que decidir sobre la actuación procesal que realizó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cuando tenía el caso a su cargo. Justamente, fue esa Sala la que le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva el 3 de agosto pasado a Uribe.
Y es sobre ese punto, el que más la interesa a la defensa del excongresista, que debe pronunciarse la jueza, si le concede o no la libertad a Uribe.
El argumento de la defensa es claro: como la Corte falló de fondo el pasado lunes diciendo que el proceso debe continuar por la Ley 906 de 2004 del Sistema Penal Acusatorio en razón a que Uribe ya no tiene fuero constitucional, y como por esa norma aún no ha sido imputado, entonces la medida de aseguramiento carece de solidez jurídica.
Para ello, la jueza escuchará en la audiencia de hoy jueves, programada para las 9:00 a.m., en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, a todas las partes: Fiscalía, Ministerio Público, parte civil y defensa.
Es muy probable que hoy mismo se tome una decisión sobre la libertad de Uribe, aunque también podría tomarse otros días antes de fallar.
Lo segundo que tendrá que decidir la jueza es si le da validez procesal a todo lo actuado por la Corte, como pide el abogado de la parte civil y los juristas Eduardo Montealegre Linnet y José Fernando Perdomo, que pidieron ser declarados víctimas en este proceso, o si considera que la investigación debe arrancar de ceros, como plantea el apoderado de Uribe Jaime Granados.
De ser así, es decir que el proceso arranque de ceros pues la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no se pronunció sobre el tema, el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, podrá comenzar a pedir la práctica de nuevas pruebas o, incluso, hasta pedir la preclusión del proceso a favor del sindicado.
En ese punto, la opinión de los expertos no es unánime, pues mientras algunos consideran que el único cambio que hay es el de instructor (de la Corte a la Fiscalía), para otros el cambio de procedimiento (de Ley 600 de 2000 o sistema inquisitivo a Ley 906 de 204 o Sistema Penal Acusatorio) implica un borrón y cuenta nueva.
De esta forma, en la audiencia de este jueves Uribe se juega no solamente su libertad, sino su futuro jurídico; pues de lo que decida la jueza de garantías depende también desde qué etapa del proceso continuará la investigación en su contra.
Hasta el momento, la defensa de Uribe ha dado varios pasos concatenados en favor de su cliente. Primero, la renuncia de Uribe al Senado para que el caso pasara a manos de la Fiscalía General.
Segundo, la solicitud de libertad inmediata, que se definirá hoy; y tercero, el cambio de régimen aplicable, de Ley 600 a Ley 906.
Sin embargo, su suerte dependerá en parte de lo que suceda con otros dos procesos. El que les sigue la Fiscalía a los abogados Juan José Salazar y Diego Cadena, este último exapoderado de Uribe, ambos llamados a juicio por los mismos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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Y el que mantiene la Sala de Instrucción de la Corte contra el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada.
Todos ellos están vinculados a la misma investigación que Uribe, aunque se trata de responsabilidades individuales, es muy probable que las decisiones en uno y otro caso puedan impactar a los demás.