Pasó al Senado un proyecto que modifica la tabla por la cual se liquidan los honorarios de los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, procurando que los valores de sus ingresos no sean inferiores a un salario mínimo mensual.

El director de la Federación Nacional de Concejos (Fenacon), Édgar Polo, afirma que la iniciativa mejora en algo la situación de la mayoría de cabildantes del país.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la opinión de Fenacon sobre la iniciativa de ley?

ÉDGAR ALBERTO POLO DEVIA: Vemos que no es la solución a los problemas pero sí ayuda a mitigar en mayor parte los gastos que tiene un concejal para lograr el sustento de su familia. De los 12.243 concejales que hay en el país, en este momento hay 10.700 concejales de municipios de categoría sexta.

Todos ellos reciben menos del salario mínimo porque a nosotros nos pagan es por asistencia comprobada a sesión plenaria. Además nos toca pagar el aporte a pensión porque tampoco lo asume el Gobierno Nacional, solamente nos estaban pagando salud, un seguro de vida y la ARL. Y eso que en algunos municipios la ARL también es una pelea para que la administración asuma 7 mil pesos por un concejal.

ENS: ¿Qué cambia con la nueva tabla?

EAPD: Con esta nueva tabla daría más o menos, con 70 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias, un promedio de $’.200.000 a $1’300.000 mensual.

Siguen siendo honorarios porque la negociación inicial que se hizo con los gobiernos locales, desde hace 6 años a hoy, es que les pusieran al menos dos salarios mínimos. Pero no permitieron eso y dijeron que ese salario es imposible en vista de que todas las prestaciones sociales sumaban una cifra importante y podía abrir un hueco fiscal en las administraciones, y más en municipios de bajos ingresos.

Realmente lo que se logró negociar fue 'bueno no hay salarios pero entonces mejoren los honorarios' porque un concejal por menos de un mínimo se presta para todo. En algunos casos se veía concejales casi que haciéndole presión a los alcaldes, otros se dedicaban a sus actividades particulares bien sea del campo o del comercio, a sus actividades profesionales. Pero resulta que no todos cuentan con la misma suerte, no todos tienen una finca, no todos tienen cómo montar un negocio.

ENS: Se deja a cargo de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría la cotización de salud, pensión y ARL de sus concejales. Al respecto se creería que los alcaldes darán la pelea en los debates que restan para no dejarse poner esa carga… 

EAPD: Hicimos las cuentas y no es mucha la carga. No se están pidiendo cosas exorbitantes, se está tratando de buscar el equilibrio entre la racionalización del gasto y la dignidad humana.

ENS: Cámara ya dio visto bueno a este proyecto, ¿Cuál es el llamado que hace Fenacon al Senado en su trámite?

EAPD: Que miren la calidad humana, miren quién es el que le pone el pecho a toda la actuación política en el país: no son los propios congresistas, no es el Presidente de la República, no son los diputados.

Son realmente los concejales los que mueven las masas en el ejercicio político, los que tienen la capacidad de poner y quitar a un Presidente. Si todos se unieran realmente eso lograrían hacer.

Sin embargo, ellos también son respetuosos de los partidos políticos, de los dirigentes, incluso de hasta los mismos caciques que existen en las regiones. Creo que es la hora de voltear la mirada hacia un grupo de servidores públicos que tienen unas condiciones completamente de inequidad en comparación a cualquier otro.

Un servidor público normal tiene derecho a seguridad social, liquidaciones, primas de servicios, una indemnización cuando se retira del cargo, horas extras. Pero en cambio un concejal no tiene nada de eso.

Incluso estamos sometidos a desplazamientos legales de nuestras familias porque automáticamente cuando un concejal pasa a tener esa calidad, inhabilita a su papá, su mamá, sus hermanos y sus hijos para que les puedan contratar. Lo que implica que tendrían ellos que irse del municipio para poder contratar con otros.

Entonces creo que es hora de pagar esa deuda social que tienen los congresistas con los concejales.