Con 40 votos a favor y 0 en contra, la plenaria del Senado decidió enviar a la Corte Suprema de Justicia el proceso contra el exmagistrado Gustavo Malo Fernández, señalado de participar en el llamado 'cartel de la toga', una red que habría vendido fallos favorables a políticos.

Malo Fernández tendría que responder principalmente por cinco delitos: cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Con esta decisión, Malo Fernández continúa fuera de su cargo y se enfrenta a un proceso en la Corte Suprema, de la cual fue integrante.

El megaescándalo por supuesta corrupción en la Corte Suprema estalló el 17 de agosto de 2017, cuando el fiscal Néstor Martínez anunció que compulsó copias a este Tribunal con información y grabaciones que demostrarían la asociación ilícita entre magistrados y abogados para torcer y archivar procesos a favor de parlamentarios.

La presunta olla podrida se destapó por grabaciones ocultas que hizo la DEA a conversaciones que sostuvieron en Estados Unidos meses antes el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y su socio el abogado Leonardo Pinilla, con el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quienes le habrían pedido $500 millones para frenar las investigaciones al exmandatario regional.

En algunas de esas conversaciones Moreno y Pinilla se ufanaban de los contactos que decían tener en la alta justicia así como de supuestos resultados que habrían alcanzado con fallos en la Corte Suprema.

A partir de allí se abrieron investigaciones preliminares en la Corte Suprema a los entonces senadores Hernán Andrade (luego archivada) y Musa Besaile así como al exsenador conservador Luis Alfredo Ramos. En la Comisión de Acusación de la Cámara a los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leónidas Bustos y al magistrado Malo Fernández. Y en la Fiscalía a los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado), Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla, entre otros.

De acuerdo con la Cámara, Malo incurrió en una serie de delitos al "hacer parte de una empresa criminal que claramente tenía cada una de sus tareas definidas. Malo era quien tenía la mejor posición para favorecer ilegalmente a estos aforados (que hace referencia a los ex senadores Mussa Besaile y Álvaro Ashton) en los procesos que tenían en la Corte Suprema de Justicia. Existió el pago de $2.600 millones por dos procesos, por el de Álvaro Ashton $600 millones y por el de Musa Besaile $2.000 millones. Además, el Magistrado utilizó indebidamente la información de estos procesos, sometidos a reserva sumarial, para sacar provecho".