LA ERRADICACIÓN de narcocultivos en Colombia sigue cayendo en picada. Así lo evidencia el Ministerio de Defensa que, en su último informe de “Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales”, reveló que entre enero y febrero de este año solo se destruyeron 117 hectáreas, frente a las 733 de los primeros dos meses del año pasado.

Como se sabe, la actual administración en su política antidrogas decidió no priorizar la destrucción de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola.

Precisamente por ello, en 2022, una vez asumió el presidente Petro, comenzó a bajar el ritmo a los operativos de destrucción de cultivos ilícitos, razón por la que no se cumplió en ese año la meta establecida de 100.000 hectáreas por eliminar.

Además, durante los primeros siete meses de ese año, el gobierno Duque venía trabajando de manera efectiva para lograr el objetivo. A partir de agosto, la nueva administración en el país, que no priorizó la erradicación de narcocultivos en su política de lucha contra las drogas, sino que se enfocó en la interdicción (decomiso de sustancias ilícitas y ataque a las finanzas de los narcos), redujo sus operaciones en el campo, culminando 2022 con la destrucción de solamente 68.893 hectáreas.

Para el año 2023, el Gobierno fue más allá y bajó la meta a 20.000 hectáreas, la cual pudo cumplir a duras penas. Según datos del Ministerio de Defensa, ese año fueron destruidas 20.323.

Ahora, de las 20.000 hectáreas destruidas que se planteó el Ejecutivo para el año pasado, decidió este 2024 bajar su meta a 10.000, basándose en que no atacarían los pequeños cultivos de coca, sino que irían contra la producción a nivel industrial.

La decisión tuvo que ser explicada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tras la polémica que se generó en el país. “En los primeros 22 años de este siglo se erradicaron tres millones de hectáreas de coca forzosamente y nunca bajó el porcentaje de hectáreas cultivadas. En el año 2022 se erradicaron 65.000 hectáreas y subió de 204 a 230.000 el número de hectáreas cultivadas. El año pasado solamente se erradicaron 20.000 hectáreas forzosamente, hubo otra reducción. Y en el primer semestre del año pasado siguieron subiendo las hectáreas cultivadas, pero en el segundo semestre comenzó a bajar”, dijo a principios de marzo.

También aseguró que “eso nos permite concluir que la erradicación forzosa no está claramente ligada a una disminución de número de hectáreas, sino que es la erradicación voluntaria realmente la que disminuye el número de hectáreas cultivadas”.

Cumplir con la nueva meta este 2024, se requiere necesariamente de la eliminación de aproximadamente 833 hectáreas al mes, lo que significa que durante estos primeros dos meses se debió eliminar, por lo menos, 1.600. Pero la realidad es que, durante el primer bimestre, solo han erradicado 177.

Las alertas de Estados Unidos

Toda esta situación se genera en medio de un debate en las últimas semanas en torno a las alertas emitidas por las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, sobre el cambio de enfoque que la actual administración en Colombia dio a la política de drogas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo reparos a la lucha de la Administración Petro contra el narcotráfico, al advertir que para evitar el crecimiento de los cultivos de coca se necesita mejorar en gran manera la seguridad en los territorios, implementar la erradicación forzada y ampliar la sustitución voluntaria.

El informe señala que se presenta una caída del 70% en la erradicación manual y dice también que no está claro el origen de los fondos para financiar la política antidrogas del gobierno Petro.

Incluso, esta situación ha afectado el aporte del Gobierno norteamericano a la lucha antidrogas en Colombia. De hecho, en el presupuesto para 2025, la ayuda fue recortada de 160 millones de dólares a 135 millones, lo que representa una reducción de hasta 15%.