CON LA votación de los impedimentos y luego de las dos ponencias, comenzando por la que pide el archivo, la plenaria de la Cámara iniciará hoy la discusión de la reforma pensional en el cuarto y último debate. La iniciativa llega a esta instancia con el tiempo en contra porque tiene estas dos semanas que restan de legislatura para ser aprobada y conciliada o se hunde.
La ponencia de archivo la suscribieron los representantes Betsy Pérez Arango (Cambio Radical) y Juan Corzo Álvarez (Centro Democrático). En tanto la que propone dar debate al proyecto tiene la firma de siete de los diez ponentes designados, en donde Martha Alfonso es la coordinadora.
Alfonso, integrante de la Alianza Verde, partido que hace parte de la coalición de gobierno, indicó que “la reforma pensional tiene pendiente su cuarto debate en la plenaria de Cámara de Representantes. Tras varios aplazamientos, esa discusión podría destrabarse esta semana”.
El proyecto gubernamental llega a su cuarto debate con varias incertidumbres y campanazos de alerta, especialmente por el impacto que tendría en el erario, como han señalado en los últimos días el Comité de la Regla Fiscal, Asofondos, la Procuraduría, gremios y los sectores de oposición e independientes en el Congreso.
Los puntos que han causado mayor discusión de este proyecto en el pilar contributivo es el umbral de cotización obligatoria en el fondo público Colpensiones, que la Comisión Séptima de Cámara lo redujo de la propuesta inicial del Gobierno de 3 a 2,3 salarios mínimos mensuales.
También hay polémica por la vigencia, porque la reforma entraría en vigor en julio del 2025; sin embargo, muchos consideran que es muy pronto para hacer los ajustes por los fuertes cambios que contempla.
Hay discusión, además, por las condiciones del fondo de ahorro en la reforma, que inicialmente quedaba en cabeza de Colpensiones, pero en la Séptima de Cámara se aprobó que esté en el Banco de la República. Hay posturas encontradas sobre los integrantes del comité que tendrá, pues su escogencia quedó en manos del presidente de la República.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal presentó la semana pasada una actualización de su documento técnico sobre el impacto de la reforma en las finanzas públicas.
Si bien destaca que con la iniciativa se reducen los subsidios de la nación a las altas pensiones, se elimina el arbitraje que hoy existe entre los regímenes público y privado, así como aumenta la cobertura del régimen contributivo, el umbral de 2,3 salarios mínimos mensuales aumenta las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones, del 3 % del PIB en 2025 al 4,9 % del PIB en el año 2065.