Corte Suprema tiene 10 días hábiles para decidir si impone o no medida de aseguramiento. De acuerdo con el exfiscal Gómez Méndez, este plazo podría extenderse porque en el caso no hay un capturado

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Tras escuchar al expresidente y senador Álvaro Uribe en indagatoria, por la investigación que se adelanta en su contra por una presunta manipulación de testigos, la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver su situación jurídica en los siguientes 10 días hábiles.

En ese sentido, el alto Tribunal debe definir si hay riesgo de que pueda intentar eludir la acción de la justicia o afectar la investigación. Ante esto, podría tomar la determinación de dictar en su contra una medida de aseguramiento o permitir que continúe en libertad mientras se desarrolla el proceso.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez afirmó que “este es un procedimiento que se adelanta por la Ley 600 de 2000. No se está aplicando el sistema acusatorio porque en ese caso lo que habría sería una audiencia de imputación. La indagatoria es un medio de defensa en el que el magistrado, en este caso, en principio, tiene 10 días para resolver la situación jurídica, pero, aclaro, esos 10 días son estrictos cuando hay un capturado. Como en este caso no hay un capturado, ese tiempo se extiende más allá mientras se practican otras pruebas para que se decida una de tres cosas”.

En ese sentido, el exfiscal señaló que “puede dictar medida de aseguramiento. En ese caso esta medida puede ser privativa o no de la libertad. Puede abstenerse de dictar medida de aseguramiento. O puede precluir la investigación. Esas son las tres hipótesis que tiene la sala penal nueva”.

“Y después de ahí si la sala decide continuar el proceso hay otra etapa en donde hay o la resolución de acusación o la preclusión. Si hay resolución de acusación entonces se iniciaría el juicio ante la otra sala que es la de juzgamiento”, añadió el también exministro de Justicia.

Opciones

Otro jurista consultado por este Medio, quien prefirió que se omitiera su nombre, indicó que la “Corte tiene 10 días hábiles para definir la situación jurídica. En la definición puede tomar una de estas decisiones. O impone medida de aseguramiento. En este caso tendría que dictar una medida de aseguramiento preventiva por los delitos imputados o se abstiene de dictar medida de aseguramiento porque siente que no hay esa necesidad”.

Agregó que “hay una medida que se puede tomar de manera adicional, pero en eso no hay unidad jurídica de pensamiento porque unos creen que sí y otros que no. Es que simplemente sacan un auto diciendo que no hay necesidad de definir la situación jurídica dado que no hay lugar a imponer medida de aseguramiento porque no hay una necesidad constitucional. Porque el sindicado está compareciendo ante la justicia, porque no hay riesgo para la víctima o no hay riesgo que siga cometiendo los delitos por los que se está investigando”.

El exabogado del expresidente Diego Cadena afirmó en entrevistas radiales que Uribe no conocía de la entrega de dinero a dos exparamilitares. Cadena señaló que dichos pagos no fueron sobornos sino “viáticos” y “ayuda humanitaria”.

En entrevista concedida a W Radio, Cadena señaló que, en 2017, tuvo conocimiento de una pelea en La Picota entre el exparamilitar Carlos Enrique Vélez y Pablo Hernán Sierra, presunto testigo ‘falso’ o ‘fabricado’ por el senador Iván Cepeda para que declarara en contra Uribe.

“Ayuda humanitaria”

Cadena dijo que, como abogado defensor del expresidente en ese entonces, decidió ir a hablar con Vélez. Agregó que fue con base en dicha información, la que pidió al exparamilitar consignar en un “documento con mi membrete y el que contaba lo que había denunciado (la presunta manipulación para declarar contra Uribe), que en julio de 2017 se entregó a la Fiscalía” y por ello le hizo dos pagos que ascendieron a $2 millones, pero que nunca fueron sobornos sino una “ayuda humanitaria”.

El exparamilitar que rindió testimonio ante la Corte había dicho que Cadena le hizo varios pagos, uno de ellos por $2 millones. El exabogado de Uribe señaló que esos dineros, al igual que los $700.000 que entregó a la exjefe política de las Auc, Eurícide Cortés Velasco, alias ‘Diana’, fue por concepto de “viáticos” para que ella buscara paramilitares que testificaran a favor del expresidente.

“Una persona que está ayudando a buscar otros testimonios no tiene por qué pagar sus desplazamientos o las recargas al celular, por eso se hicieron unos subsidios de viáticos en transporte, pero no se sobornó a una persona para que cambiara su versión”, aseguró el abogado.

Afirmó, además, que “siempre he actuado bajo el marco legal” y que “si hubiera mala fe, hubiéramos entregado el dinero en efectivo. Eso fue meses después de que Vélez entregara el documento y acreditamos que esos $2 millones eran una ayuda humanitaria”.

En una extensa intervención, realizada después de la indagatoria, Uribe afirmó que nunca sobornó testigos o intentó un fraude procesal y que desconocía los pagos que hizo su entonces abogado. "Yo no me invento ir a buscar a un testigo o a otro. Yo envío a alguien es a corroborar información. Lo que busqué fue afanosamente la verdad, la defensa del bien superior de mi honra y el pedido a la justicia que investigara", señaló.

"Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después del testimonio de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio $2 millones, que por razones humanitarias. Fue a decírmelo a la oficina y le dije: hombre doctor Diego, si me hubiera consultado le hubiera dicho que de ninguna manera (...) le dije al magistrado que mirara la cuantía y que me habían informado en las últimas semanas, recientemente", añadió.