No es común que coincidan en un mismo día tres sesiones de comisiones conjuntas, lo que implica tres proyectos de ley presentados por el Gobierno con mensaje de urgencia que serán debatidos simultáneamente.
Esas iniciativas son la reforma al Código Electoral, la refrendación del Acuerdo de Escazú y la definición del presupuesto del Sistema General de Regalías que se ejecutará entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.
Código Electoral
A las 9 de la mañana están citadas las comisiones primeras de Senado y Cámara para darle en forma conjunta primer y tercer debates simultáneos al proyecto de ley número 234 de 2020 Senado – 409 de 2020 Cámara, “por el cual se expide el Código Electoral colombiano y se dictan otras disposiciones”, radicado el 24 de agosto por la ministra del Interior, Alicia Arango, el registrador nacional Alexander Vega y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos.
La iniciativa cuenta con ponencia positiva desde hace ocho días, con un pliego de modificaciones en algunos aspectos del texto original.
Se trata de una reforma eminentemente técnica que pretende modernizar el sistema electoral de la mano de la tecnología, atacar el flagelo de la trashumancia y compilar la legislación electoral actual.
El proyecto propone, entre otros aspectos, la implementación de cuatro modalidades de voto, la ampliación de la jornada electoral, la formalización del transporte público gratuito el día de la elección, la generación de la cédula de ciudadanía digital, la creación del concepto de “domicilio electoral”, la eliminación del periodo de inscripción de cédulas, la exclusión del criterio partidista para la designación de los jurados de votación, el aumento de cuota de género al 40% en listas de candidatos, la instalación de nuevos puestos de votación y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.
Escazú
Está previsto que a las 10 de la mañana comiencen a sesionar conjuntamente las comisiones segundas de Senado y Cámara para darle primer y tercer debate simultáneo al proyecto de ley número 057 de 2020 Senado – 265 de 2020 Cámara, “por medio del cual se aprueba el ‘acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe’, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”, presentado el 20 de julio por los ministros de Relaciones Exteriores (Claudia Blum), Interior (Alicia Arango), TIC (Karen Abudinen) y Cultura (Carmen Inés Vásquez), así como los entonces jefes de la carteras de Justicia (Margarita Cabello) y Ambiente (Ricardo Lozano).
No es común que coincidan en un mismo día tres sesiones de comisiones conjuntas, lo que implica tres proyectos de ley presentados por el Gobierno con mensaje de urgencia que serán debatidos simultáneamente.
El propósito central de la iniciativa es facilitar la veeduría ambiental ciudadana sobre los proyectos de desarrollo, pero ha terminado imbuida en un pulso entre los gremios, el Ejecutivo y los activistas que defienden los recursos naturales. ¿La razón? Los sectores productivos advierten sobre los alcances de algunas de las normas de dicho Acuerdo, considerando que podría dificultar proyectos e inversiones, prevención que no comparten la Casa de Nariño ni los defensores ambientales.
El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, ha expresado que de parte del Gobierno se mantiene el compromiso de sacar adelante la iniciativa, anotando que “esta ratificación se envió con mensaje de urgencia y nosotros estamos cumpliendo el trámite. Lo que pasa es que hay inquietudes de diferentes señores, como es normal, y debemos responderlas”.
“Desde el Ministerio estamos apoyando la ratificación del Acuerdo de Escazú. Hay que recordar que normalmente la ratificación de este tipo de acuerdos internacionales toma su tiempo y es normal que en el país, así como ha sucedido en los demás países de la región, se presenten muchas inquietudes alrededor de este acuerdo y de su implementación”, explicó.
Como se lo expuso a EL NUEVO SIGLO el exministro Luis Gilberto Murillo, “algunos opositores al tratado han diseminado una serie de mitos sobre este compromiso vinculante. El desplazamiento de la legislación nacional es uno de ellos. Como ya lo he dicho, el Acuerdo de Escazú es coherente con la Constitución nacional, la ley 99 de 1993 o Ley Fundacional Ambiental y los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Más aún, el sistema normativo colombiano sirvió como una de las de referencia para la definición de los principios del tratado. En lugar de desplazar a la legislación colombiana, el tratado le da un marco apropiado para modernizarla y fortalecerla desde un enfoque de derechos”.
Hace algunos días, el presidente de la Comisión Segunda del Senado, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, consideró que se debe honrar el compromiso adquirido por el presidente Iván Duque al suscribir el tratado en diciembre pasado.
Entre tanto, el procurador Fernando Carrillo pidió una deliberación transparente para el trámite del proyecto, anotando sobre los peros expuestos por dirigentes gremiales que “si bien entendemos que hay unos intereses económicos legítimos detrás de la oposición al Acuerdo de Escazú, que se de el debate abiertamente y que contrastemos las opiniones en un escenario transparente de deliberación, porque también, fuera de los intereses legítimos, están todos aquellos que se benefician de la explotación indiscriminada del medio ambiente”.
Regalías
Será a la 1 de la tarde que se reunirán los congresistas de las comisiones económicas (terceras y cuartas) de Senado y Cámara para en sesión conjunta darle primer y tercer debate simultáneo al proyecto de ley número 439 de 2020 Cámara – 311 de 2020 Senado, "por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022", llevado al Congreso por los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y Minas, Diego Mesa.
Hace ocho días, el viceministro de Hacienda, Juan Londoño, les presentó a senadores y representantes de las comisiones económicas la iniciativa, señalando que según las proyecciones del Gobierno nacional les otorgará a las regiones $17,3 billones en recursos para sus planes y proyectos.
Esas iniciativas son la reforma al Código Electoral, la refrendación del Acuerdo de Escazú y la definición del presupuesto del Sistema General de Regalías que se ejecutará entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.
Londoño explicó que los ingresos que tiene calculado el Gobierno son de $15,4 billones, más unos rendimientos financieros de recursos que no se han ejecutado por $1,8 billones y unos excedentes financieros por cuenta del sistema, también sin ejecutarse. Estos últimos “son $75.000 millones para un Presupuesto de Regalías de $17,3 billones que es lo que van a tener las regiones para ejecutar y lograr ese apoyo que con el Presupuesto General de la Nación nos de la reactivación que todos estamos esperando”, precisó.
Entre los criterios generales para la asignación de recursos está destinar mayores recursos para los productores, sin reducir los ingresos de los no productores; elevar la inversión dirigida a los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas, dentro de un enfoque de cierre de brechas de desarrollo; y racionalizar los gastos de funcionamiento y el ahorro en favor de la inversión.
“Mantenemos esa asignación regional en un 34% y eso lo estamos consiguiendo porque estamos teniendo menor ahorro y porque estamos teniendo menores gastos de funcionamiento, que creo es muy importante que no nos gastemos las regalías en funcionamiento cuando realmente son para hacer inversión en el corto plazo”, expuso el viceministro Londoño.